América Nuestra N°1 – Año 1- julio 2013 – Venezuela
por Norberto Bacher
Desde que un desconocido Comandante Chávez se entrometió en el escenario político para cuestionar la república burguesa en crisis asumiendo como bandera el legado bolivariano, siempre oculto o negado; pasado y presente no han dejado de entrecruzarse y convocarse en cada una de las difíciles coyunturas que atravesó una Revolución, que en aquella época comenzaba a gestarse y que aún parecía distante de las grandes mayorías. Unos años después las mayorías más pobres, asumiendo la convocatoria del insurrecto del 92, ocuparon su lugar en la historia y bajo su liderazgo directo pudieron dignificar su existencia.
Ahora nuevamente el pasado, que es el mismo Chávez, sigue interpelando al conflictivo presente de la Revolución Bolivariana. El pueblo enfrenta el desafío de mantener los logros de estos catorce años, prolongarlos en el tiempo y expandir las transformaciones económico-sociales realizadas para hacer irreversible una sociedad más igualitaria. A las dificultades propias para dar este salto histórico desde un capitalismo rentístico y atrasado, dependiente del negocio petrolero, se suma la incertidumbre que crea la desaparición de un líder que tuvo el mérito histórico de aunar políticamente un movimiento de masas tan amplio como diverso en su composición social y en sus visiones ideológicas, orientarlo estratégicamente hacia el socialismo y mantenerlo firmemente unido en los múltiples virajes tácticos que las circunstancias exigieron.
Las ideas directrices de Chávez, sus propuestas estratégicas consolidadas en el “Plan de la Patria”, su capacidad autocrítica al interior de las filas bolivarianas, adquieren mayor relevancia en momentos que, sin su dirección, sigue siendo urgente y fundamental doblegar múltiples resistencias que obstaculizan y frenan los necesarios cambios en las relaciones sociales. La primera y más poderosa resistencia es la que oponen las viejas clases explotadoras, que dominan buena parte de la estructura productiva, comercial y financiera, y buscan retomar el control político-institucional del país; esa fuerza negativa se conjuga con el peso muerto de la burocracia estatal, que como la maleza se reproduce incesantemente, abonada por las ruinas aún en pie del viejo Estado y los recursos de las políticas asistencialistas que administran; y en menor medida, también es un lastre la cultura parasitaria sembrada por cien años de control imperialista, que permeó en el seno del pueblo y obstaculiza el avance popular desde su demostrada vocación política y capacidad de movilización revolucionaria a la auto-organización para el ejercicio consciente de la democracia directa y protagónica.
Corresponde a la actual dirección política encabezada por Maduro – estructurada a marcha forzada bajo el látigo de la enfermedad del Comandante – encauzar en la direccionalidad correcta a las poderosas fuerzas sociales acumuladas por la Revolución en estos años para vencer esas resistencias. En gran medida y de forma autocrítica Chávez dio indicaciones sobre el rumbo necesario para avanzar en la transición al socialismo en la alocución ante sus ministros del 20 de octubre pasado. Cuando hacía falta dar el “golpe de timón” que allí exigía el líder bolivariano, la Revolución debió cambiar de timonel.
Maduro tiene la difícil tarea de poner en práctica ese legado último del Comandante, para lo cual debe ganarse la confianza de las masas, una cualidad que no es ni transferible ni delegable. En tanto, en estos primeros meses de gobierno, ha desplegado una enorme energía para contrarrestar las acciones de las fuerzas contrarrevolucionarias internas y externas, que con lucidez advierten que la situación de transitoria incertidumbre creada en el pueblo por la desaparición de Chávez es una irrepetible oportunidad que se les presenta para insistir en sus viejos intentos de acabar con la Revolución Bolivariana.
A golpe de contrarrevolución
La heterogénea derecha interna, reagrupada electoralmente desde 2011 en la MUD (Mesa de Unidad Democrática), vive a la sombra de las políticas diseñadas en Washington. Política y materialmente se abastece desde allí. En este punto la coalición electoral continúa la tradición claudicante de las cúpulas burguesas que controlaron los dos grandes partidos hegemónicos de la vieja república, el socialdemócrata AD y el socialcristiano COPEI. En Venezuela oposición antichavista y alineamiento pro-yanqui se asocian y superponen. Por eso la derecha celebra y amplifica en su propaganda interna cada acción que el gobierno yanqui de turno ejecuta destinada a recuperar la hegemonía que se les escurrió de las manos en América Latina, en buena medida por la política exterior del gobierno bolivariano.
Los más de siete millones de votos que esta coalición derechista obtuvo en las elecciones presidenciales del 14 de abril pasado fue una inesperada oportunidad que le permitió recuperarse después de la derrota aplastante que había recibido el 7de octubre, derrota que se prolongó en las elecciones de las gobernadores de diciembre y que casi termina en debacle completa, cuando su mascarón de proa, Henrique Capriles, alcanzó a retener la gobernación del estado Miranda por muy escaso margen.
A partir de ese ascenso electoral la derecha inicia una abierta ofensiva contrarrevolucionaria que venía preparando desde hace tiempo, que no se ha detenido y se desarrolla en distintos planos. El permanente cuestionamiento a la transparencia del proceso comicial tenía como finalidad desconocer la legitimidad del triunfo de Maduro, operación facilitada por el estrecho margen del 1,5 % que se obtuvo. El primer acto de esa ofensiva reaccionaria fueron ataques fascistas a sectores populares bolivarianos por grupos de choque de ultraderecha asociados a paramilitares. La intencionalidad obvia era crear una situación de guerra civil y obligar a la intervención represiva de las fuerzas armadas, como primer paso para justificar una ulterior intervención externa por vía de la OEA y la aplicación de su “Carta Democrática”.
Fracasaron pese al lamentable saldo de once muertos en sectores populares. La intentona fue neutralizada en primer lugar porque hubo una rápida y contundente respuesta de movilización de calle de los sectores bolivarianos dispuestos a defender al gobierno y la Revolución, porque la derecha no contó con sectores militares dispuestos a sumarse al putsch, como en abril de 2002 y porque su base social, esencialmente de clase media, no estaba dispuesta a movilizarse más allá los inofensivos cacerolazos en sus zonas residenciales.
Desde entonces la derecha, patrocinada por el Departamento de Estado, busca sin éxito la vía diplomática para establecer una suerte de cerco externo al naciente gobierno de Maduro, al que consideran débil y cruzado por los problemas que la propia derecha estimula. Sus principales voceros andan peregrinando por distintos países tratando que esos gobiernos desconozcan o ponga en entredicho la legitimidad institucional del presidente bolivariano. Esta maniobra se ha revertido en un nuevo fracaso no sólo para la derecha interna sino para el propio gobierno de Obama, porque desde el Papa hasta los gobiernos de la derecha latinoamericana, a excepción de Santos, se han negado a sumarse a la misma. La múltiple agenda internacional que en estos pocos meses desarrolló el gobierno de Maduro, resaltando en la misma el despliegue en la región caribeña y centroamericana, culminó en estos días con la asunción de la presidencia temporal del MERCOSUR por Maduro y afianza a la Revolución en el frente externo.
Mayores dificultades enfrenta la Revolución en su frente interno, determinante para su futuro. El estrecho margen electoral del triunfo bolivariano del 14 de abril obliga a examinar las relaciones entre la dirección política de la Revolución y su base social, una revisión que Chávez anunció después de octubre pero no alcanzó a ejecutar.
El lanzamiento del Gran Polo Patriótico (GPP) por el líder antes del inicio de la campaña electoral de 2012 fue el intento de dar una respuesta organizativa a un serio problema político: ni el PSUV, ni mucho menos otras organizaciones sectoriales o territoriales, eran capaces de expresar y canalizar a todas las fuerzas sociales de la Revolución, porque estas no se sentían ni escuchadas ni representadas por esas estructuras. La subordinación de las mismas a los distintos estamentos de funcionarios ministeriales, regionales, estadales, municipales, aunque coyunturalmente servía para apoyar las movilizaciones de calle, terminaba ocultando las fallas del aparato estatal, usurpando la vitalidad del pueblo, asfixiando su rol protagónico y finalmente distanciándolo de la acción política. La institucionalidad se estaba devorando a la Revolución.
La mencionada autocrítica de Chávez apuntaba a encontrar una respuesta política a este retroceso, que coyunturalmente se pudo superar en octubre en base a su esfuerzo casi heroico y su estrecho vínculo con las masas, lo que reafirma el papel trascendente de una conducción política. El retroceso electoral de abril de las fuerzas bolivarianas debe ser entendido como una forma negativa de protesta por esta situación de los sectores populares políticamente menos desarrollados. Las correcciones están pendientes y corresponde a Maduro con la dirección política asumirlas, con relaciones de fuerza más desfavorables para la Revolución.
Correcciones
La decisión inicial de Maduro, retomando indicaciones del Comandante, de sacar a los ministros y altos funcionarios de las oficinas públicas y realizar un “gobierno de calle”, para escuchar los reclamos populares sin mediaciones que los diluyan u oculten, es una primera respuesta para retomar la iniciativa política del lado de la Revolución. Lo difícil será sostenerla en el tiempo para que no quede sólo como un gesto circunstancial y de forma.
El gobierno también definió dos ejes principales para su accionar inmediato por su impacto social. Uno es la lucha contra el delito y la violencia, en el cual sucesivas iniciativas anteriores del gobierno de Chávez no alcanzaron los resultados esperados. Ahora se dio intervención directa a las fuerzas militares en la represión y para la prevención se busca incorporar a sectores juveniles de los barrios en actividades culturales y deportivas, para sustraerlos a una cultura de la violencia instalada desde hace años en la sociedad, agravada por el narcotráfico y en algunos casos promovida conscientemente por el sector fascista. El otro eje es el de la corrupción, una nefasta y antigua herencia del Estado rentista que no deja de crecer alentada por la impunidad. En pocas semanas se han dado algunos golpes ejemplificadores al interior del aparato estatal. Queda por verse si el arcaico entramado judicial no terminará exculpando a los delincuentes, como ocurrió anteriormente con golpistas, paramilitares y banqueros estafadores.
En tanto se desarrollan estas medidas importantes pero contingentes, se esbozan algunos primeros pasos para reordenar las fuerzas políticas de la Revolución, una medida imprescindible para frenar a la derecha y retomar la iniciativa. Se abrió la incorporación de nuevos inscriptos al PSUV, aunque siguiendo las formas anteriores de organización territorial, en función del registro electoral y se anuncia, sin mayores precisiones, un congreso para el año próximo, superadas las elecciones municipales del 8 de diciembre próximo. Más allá de la reorganización, el desafío decisivo para el PSUV sigue siendo transformarse de una maquinaria electoral eficiente en un partido de masas, que asuma las tareas fundamentales de la Revolución. También en estos días se están desarrollando asambleas del GPP destinadas a darle una nueva estructuración, que refleje los distintos sectores sociales, lo cual potencialmente posibilitaría que surja una real organización de masas, que era la propuesta originaria de Chávez y es una demorada necesidad del proceso bolivariano.
Estas importantes líneas de acción de los primeros noventa días del gobierno de Maduro han permitido en buena medida neutralizar los intentos desestabilizadores de la contrarrevolución. No significa ni que está en repliegue ni mucho menos derrotada. Por el contrario, continúa con su ofensiva más tenaz en el frente donde aún las fuerzas burguesas que sostienen a la derecha conservan intactas muchas de sus fortalezas: la economía
La guerra económica
La economía se ha transformado en el principal teatro de operaciones de la lucha de clases en Venezuela, del enfrentamiento sin tregua entre Revolución Bolivariana y contrarrevolución imperialista. Las clases explotadoras – que perdieron en gran parte el control del Estado – se hacen fuertes en el reducto que le es propio, cuya estructura productiva todavía controlan en puntos claves, como el de la alimentación, y desde allí resisten y chantajean frente a cada medida que adopta el gobierno tendiente a poner un límite a sus ganancias o directamente avanzar hacia la estatización de un sector.
La conflictividad se ha ido acrecentando en la medida que el sector estatal fue creciendo y, además del petróleo, controla otros sectores estratégicos de la producción, el comercio y ahora también de las finanzas. Fuga de capitales, maniobras cambiarias de sobrefacturación, acaparamiento de mercancías y especulación comercial son prácticas habituales de los grupos capitalistas que tienen mayor incidencia en el mercado interno.
Las estadísticas oficiales muestran la poca disposición de la burguesía local a reinvertir sus ganancias en la producción de bienes y servicios, a pesar de las facilidades crediticias y las tasas reguladas que el gobierno impuso a la banca pública y privada. Por eso no crece la producción en la misma medida que creció en estos años la capacidad de consumo de la población, especialmente del sector más pobre. En consecuencia la brecha entre ambas se agrandó significativamente, con lo cual el abastecimiento en muchos rubros esenciales se hizo más dependiente de la importación de esos productos. Esto requiere mayor adjudicación de divisas a los importadores, que el Estado se las otorga a precio regulado (6,30 BsF/dólar) y éstos en lugar de aplicarlas a los fines para los cuales las solicitaron las reciclan en el mercado negro a más de cuatro veces de lo que las pagaron.
Este saqueo a las arcas públicas ha sido estimado por la actual presidenta del Banco Central en decenas de miles de millones de dólares. Los ilícitos necesariamente tienen asociados en la burocracia del Estado. Sus efectos sociales son graves porque la expansión del negocio del dólar negro ejerce presiones inflacionarias sobre los precios, que afectan directamente los ingresos de la mayoría de la población, especialmente del sector que vive de un salario. Así el desfalco cambiario al Estado se entrelaza con el saqueo inflacionario a los trabajadores. En conjunto todo este movimiento se transforma en una fenomenal transferencia de parte de la renta nacional hacia el sector capitalista, que esteriliza en buena medida el esfuerzo de la Revolución por una redistribución socialmente más igualitaria de esa renta.
Para la burguesía es un negocio redondo porque mientras engorda sus bolsillos pone el grito en el cielo y difunde a toda voz que la “parálisis del aparato productivo se debe a la estatización del mercado, a las excesivas regulaciones”, con lo cual alienta entre los sectores más castigados la necesidad de volver a “liberar los precios”, que en definitiva es lo que necesitan para asegurarse tasas de ganancia extraordinarias. Para la coalición de derecha contrarrevolucionaria de la MUD es una excelente oportunidad para tratar de crear una crisis social y conseguir de los pobres lo que hasta ahora no lograron con su propia tropa de clase media, que se movilicen contra el gobierno de la Revolución. Para los pequeños capitalistas, como el panadero de la esquina, es una oportunidad de colocarse a la cola de los saqueadores para recibir algunos cobres de más cobrando sobreprecios a su clientela porque “hay escasez”. Para la Revolución un grave riesgo.
Esta nueva fase de ofensiva de la burguesía contra la economía nacional empezó desde antes de la campaña electoral de 2012, pero se aceleró a partir que Maduro debió hacerse cargo de la presidencia. En febrero pasado el gobierno se vio forzado a imponer una devaluación cambiaria del 46.5%, que sin embargo no pudo frenar la escalada de precios ni la especulación cambiaria. Las cifras del Banco Central muestran que mientras que el año pasado la inflación se acercó casi al 20 %, en el primer semestre de este año, estimada en forma anual, se duplica. Ningún cambio estructural en la economía lo explica, salvo que ahora la ofensiva económica se potencia con la ofensiva política contrarrevolucionaria que enfrenta el gobierno de Maduro.
Para frenar una crisis de desabastecimiento el gobierno debió tomar medidas de contingencia, que implican ciertas concesiones a la burguesía, como acuerdos de flexibilización de precios con empresas líderes de algunas ramas alimenticias y estímulos crediticios. En el mismo sentido se va a ampliar la oferta de divisas a empresas y personas, a mayor precio que el dólar oficial, mediante un sistema de adjudicación a través de subastas (SICAD), que posiblemente prepare el camino para el desdoblamiento del mercado de divisas.
La renovación en el INDEPABIS (organismo de control de precios y abastecimiento) poniendo al frente del mismo a Samán, un reconocido revolucionario por su decisión de enfrentar a la burguesía, es también una medida de contingencia para frenar esta escalada, pero podría ser el inicio para preparar la organización de una ofensiva popular contra los especuladores.
Avanzar en revolución
Sin embargo sólo con medidas de fondo que permitan avanzar en la transición al socialismo se derrotará a los capitalistas en esta guerra. Requieren de un período de preparación política de las fuerzas sociales de la Revolución, es decir frenar la contrarrevolución y pasar a la ofensiva. Esto no se resuelve con medidas económicas sino en el terreno de la lucha política, avanzando en el poder popular, cambiando las relaciones sociales.
En primer lugar es fundamental que las empresas del ahora amplio sector estatizado de la producción industrial, de servicios y agropecuaria y el comercio sean realmente eficientes, se deslastren de la burocracia que las frenan y de la corrupción que las infiltra. Esto no será posible si desde el Estado, que tiene su propiedad y las administra, se le cierra el paso a la intervención de los trabajadores en su gestión cotidiana. Pero tampoco será posible si el conjunto de los trabajadores, empezando por los socialistas, no asumen que su futuro individual está ligado a que colectivamente, como clase, realicen el esfuerzo y tomen el compromiso de gestionarlas directamente, en forma democrática y en beneficio de todo el pueblo, es decir para que esas empresas se transformen en propiedad social.
Es necesario frenar las maniobras cambiarias de los importadores, muchas de ellas asociados a la banca en el manejo de las divisas. Desde hace tiempo está demorada y se exige alguna forma de control estatal del comercio exterior, al menos en sectores fundamentales de la producción. Pero la ejecución de esta línea de ofensiva contra el capital se inscribe en las actuales circunstancias en el marco general de recuperar la iniciativa del lado de la Revolución.
Otros de los grandes retos es el desarrollo acelerado del Poder Comunal, en su organización democrática, en su fase productiva y particularmente como una expresión real de construcción de una democracia directa, revolucionaria, capaz de someter a las instituciones del viejo Estado.
Si las fuerzas sociales revolucionarias asumen con tenacidad y convicción estás tareas convocando al pueblo a realizarlas seguramente se seguirá escuchando por largo tiempo que….. ¡! CHÁVEZ VIVE¡¡