América Nuestra N°4 – Año 1- marzo 2014 –
A efectos del análisis, muchas veces tendemos a separar a la realidad social en distintas parcelas: la economía, la ideología, la política. En verdad, la esfera económica y la esfera política están estrechamente vinculadas. Una vieja frase de Lenin aún arroja claridad sobre el sentido de esa relación: “La política es la expresión más concentrada de la economía”.
Sobre la política como economía concentrada
En ese sentido, es que entendemos que el Gobierno nacional ha girado a políticas más abiertamente favorables al capital financiero, y a los grupos monopólicos transnacionales. El origen de este cambio del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner reconoce motivaciones político-económicas, con consecuencias nacionales e internacionales. Como analizamos en el número anterior de América Nuestra, el Gobierno ha aplicado las soluciones más regresivas para los intereses de los trabajadores y el pueblo frente a las crecientes dificultades económicas (la necesidad de dólares para recomponer las reservas del Banco Central y afrontar los pagos crecientes de la deuda externa; el déficit energético, que consume una parte importante de las reservas de divisas; y los problemas de una industria automotriz dependiente de insumos importados).
El principal avance de los grandes grupos monopólicos y de los grandes capitales financieros ha sido la megadevaluación de enero pasado (superior al 20%), que les permitió incrementar sus altísimas tasas de ganancias a costa de la pérdida salarial de los trabajadores.
En este marco, se vienen sucediendo una serie de medidas favorables a los sectores dominantes: el pago de los juicios del CIADI, el acuerdo con REPSOL por la expropiación parcial de YPF (que incrementa la deuda externa argentina en más de 5.000 millones de dólares en nuevos bonos), el acuerdo de reestructuración de la deuda con el Club de París (con más bonos por 9.700 millones de dólares), y la negociación, trabada pero abierta, con los “fondos buitres” por el porcentaje de la deuda no reestructura en los canjes de 2005 y 2010.
Las movidas por arriba
En síntesis, el kirchnerismo, limitado ideológicamente por su propio carácter de clase al terreno del “capitalismo serio”, viene cediendo posiciones y se reacomoda para intentar permanecer en el poder formal. Pero, como lo demuestra el fallo a favor de los fondos buitres, para una fracción relevante de los grandes capitales ninguna concesión, ninguna nueva toma de ganancias, será suficiente. Van por un cambio de política más general, por un Gobierno aún más disciplinado a sus necesidades, sin discursos “nacionales y populares”. Interpretan cada nueva medida del Gobierno para conformar y contener al gran capital como una muestra de la debilidad del kirchnerismo y de los sectores dominantes locales, así como otra oportunidad para hacer más y mejores negocios, y avanzar en construir un proyecto político más ajustado aún a su medida.
En ese clima político, el Grupo Clarín, con intereses en el sector agropecuario, organizó junto a la Mesa de Enlace de la burguesía agraria una jornada sobre “Democracia y Desarrollo”. En ese marco, exhibió a los principales “presidenciables” del sistema político, como Massa, Binner, y a los dirigentes del PRO, compartiendo sus posturas políticas. La frutilla del postre fue la presencia del principal candidato del FPV, Scioli, cuya participación fue vista con pública preocupación por buena parte del arco kirchnerista. En estos encuentros, avanzan en la construcción de un nuevo proyecto burgués conjunto, mucho más agresivo para las mayorías populares de nuestro país.
Al mismo tiempo, el elenco gobernante ante los “inconvenientes políticos” (como los resultados de las elecciones parlamentarias de 2013, el problema de la sucesión del propio gobierno, el crecimiento del PJ real en el gobierno a consecuencia de un “progresismo” cada vez más diluido, el crecimiento de su oposición por “derecha”) los enfrenta derechizándose, en forma clara y consciente, en su discurso y sus prácticas. En ese contexto, vemos el avance del accionar represivo, ejemplificado por la presencia permanente del Secretario de Seguridad, Sergio Berni, en los distintos conflictos sindicales y sociales como respuesta principal del Estado frente a los reclamos populares, como también por el incremento en la represión de las protestas sociales), la discusión de la “Ley antipiquetes”, y el uso de un lenguaje cada vez más disciplinador por parte de la Presidenta hacia los trabajadores (que alcanzó sus picos más altos en el discurso de apertura del Congreso del 1º de Marzo contra los trabajadores de Las Heras y el sector docente, y en el reciente ataque contra los despedidos de Gestamp y las fuerzas de izquierda). Contra los despedidos de Gestamp vimos reaparecer el macartismo de lo peor de la burocracia sindical, en especial de la SMATA oficialista con Pignanelli a la cabeza.
Está claro que esta nueva etapa necesita incrementar el accionar represivo del Estado. El accionar del Estado contra la Campaña Nacional por la Absolución de los Trabajadores Petroleros de Las Heras, contra los cortes de la Avenida General Paz en Capital (donde han militarizado los lugares de trabajo de esa zona), son claros ejemplos de esta situación.
Un momento de inflexión
Durante el desarrollo del largo período kirchnerista, un elemento que ha caracterizado a este Gobierno es la audacia y la capacidad de iniciativa política sorpresiva, como modo de obtener consenso en las clases populares para ser reconocido como el único equipo garante de la gobernabilidad.
En ese sentido, tomó medidas que respondían a anhelos e inquietudes de los sectores populares como el juicio a los genocidas de la última dictadura cívico – militar, la estatización de los fondos de las AFJP, la Asignación Universal por Hijo, la Ley de Matrimonio Igualitario, la universalización de las jubilaciones, y las supo articular en un doble discurso para presentarse ante las masas y buena parte de sus sectores más avanzados, como contracara del neoliberalismo y como continuidad de las gestas populares, incluida la lucha revolucionaria abortada por la dictadura genocida. Con esta lógica, presentó medidas favorables a los grandes capitales (pago completo de la deuda con el FMI, y los canjes de deuda de 2005 y 2010) como si fuesen autónomas y hasta “antiimperialistas”, oculta así al principal beneficiario de sus políticas: el gran capital concentrado, local y trasnacional, que de todos modos siempre le exige mayor sumisión. En otros casos no pudo disimular su sumisión al imperialismo, como en los acuerdos con Monsanto, Barrick Gold y Chevron, que entregan la naturaleza y la salud de la población a las transnacionales.
Pero, después de la derrota electoral de 2013 y los problemas económicos crecientes, el margen para iniciativas progresivas, o presentadas como tales, se ha reducido enormemente. Prevalece en el Gobierno la idea de culminar el período en las mejores condiciones posibles. Tal como lo expresó durante el encuentro con los representantes de las corporaciones empresarias y sindicales, “me quedan dos años más, quiero llegar tranquila a 2015”. Esta idea no significa resignar su poder de fuego, y limitarse a ver cómo se mueven sus probables sucesores. Para el kirchnerismo, que rescata la tradición peronista de aferrarse a las porciones de poder real conquistado, significa realizar los cambios que sean necesarios, tratar de construir un sucesor con posibilidades de éxito dentro del FPV, o, sólo en el peor de los casos, condicionar fuertemente a cualquier futuro grupo gobernante, y guardarse como opción de recambio burguesa.
Un momento de inflexión se vivió a fines de 2013 y comienzos de 2014, con la devaluación de enero. El Gobierno podría, dentro del marco de una salida capitalista a la crisis abierta, avanzar en regular, en distintas formas, el comercio exterior de granos y aceites (los principales bienes de exportación del mercado nacional), o avanzar en la devaluación pedida por los grandes grupos monopólicos y en las medidas que, supuestamente, le permitirían el retorno al crédito internacional. Después de varios debates en la fuerza gobernante, todo el Gobierno, junto a las principales alternativas opositoras (el Frente Renovador, el PRO y el FA UNEN), cerró filas con la estrategia más agresiva para los trabajadores y las mayorías populares. Otro camino hubiera significado avanzar con medidas antimonopólicas y antiimperialistas, a las que evidentemente el Gobierno no está dispuesto, más allá de su discurso “latinoamericanista”.
Esta estrategia permitió aumentar los ya inmensos márgenes de ganancia de los principales sectores monopólicos. Por ejemplo, el sector financiero pasó de tener ganancias netas de 4.700 millones de pesos en 2008 a 299.100 millones en 2013, y en un solo mes, en enero de este año, ganó 10.000 millones (un tercio de la ganancia de su mejor año). Las grandes cadenas de supermercados obtuvieron ganancias extraordinarias vía el aumento de precios de los productos básicos de nuestra economía cotidiana. Los márgenes de las grandes exportadoras (en cereales y aceites, en hidrocarburos y minería) también fueron exorbitantes. Queda claro quiénes son los ganadores y los perdedores de esta crisis.
La lucha salarial
Frente a esta situación, se desarrollan los reclamos salariales de numerosos gremios. En la mayoría de los casos, los acuerdos conseguidos son inferiores a la inflación proyectada para este año (estimada en general con porcentajes superiores al 30% anual).
Si bien la histórica lucha de los docentes de la provincia de Buenos Aires y, el paro nacional del 10 de abril, y el evidente descontento de amplias franjas de trabajadores de los propios gremios oficialistas, pusieron un límite a las intenciones del Gobierno y las patronales de poner un techo inferior al 25% para las paritarias, sólo unos pocos sectores sindicales consiguieron aumentos salariales que permitan paliar la inflación creciente: bancarios (con un salario inicial de 11.000 pesos), alimentación (que consiguió un aumento del 37%, presionado por un fuerte peso de una corriente de izquierda como el PTS en ese gremio) y aceiteros (con un salario inicial de 10.500 pesos, que expresa el desarrollo de un nueva conducción democrática y con principios de clase en ese gremio).
Suspensiones y despidos
Frente a las dificultades del mercado automotriz (que, por el alto grado de autopartes de origen extranjero, implica una pérdida de divisas para el Estado cuando crece la venta de autos al exterior), y de la industria favorecida por regímenes de protección industrial (como en las armadurías de Tierra del Fuego), aumentan las suspensiones entre los trabajadores de las grandes terminales, se incrementan los despidos en las autopartistas y en los trabajadores eventuales de la industria metalúrgica.
Al mismo tiempo, aumenta el “uso capitalista” de la crisis. Muchas empresas aprovechan la situación para despedir y sostener la disciplina patronal (como está ocurriendo en Shell o en CALSA), también para reestructurar su producción en nuevas plantas sin conflictos gremiales (como ocurre con la aceitera Glencore, en General Villegas, o en el caso de Paty, en San Isidro).
A diferencia de la crisis de 2008 y 2009, cuando el Gobierno pudo controlarla mediante el plan REPRO de subsidios a las empresas a cambio de que no despidieran laburantes, en la actualidad se están incrementando los despidos y suspensiones en distintas ramas de la industria. El Gobierno y las conducciones burocráticas de los grandes gremios industriales (como SMATA y UOM) aprovechan esta situación para decirles a los trabajadores “hay que cuidar los puestos de trabajo”, y que no deben reclamar demasiado.
¿Cuáles son las propuestas políticas existentes?
Como vimos, las fuerzas burguesas que disputarán las elecciones de 2015 coinciden en las principales orientaciones actuales con el Gobierno. Con matices, las distintas fracciones del FPV, el Frente Renovador, el PRO y la mayoría del Frente Amplio UNEN comparten esta línea política. En general, las críticas de las fuerzas “opositoras” hablan sobre la corrupción que envuelve al Gobierno, sin mencionar que también son parte de ese entramado corrupto vinculado a los Gobiernos anteriores, ni que esa corrupción es responsabilidad no sólo de las distintas fracciones políticas burguesas sino también de los grupos empresarios. Al mismo tiempo, esa “oposición” promete un clima de mayor diálogo…para esas mismas grandes empresas.
Un actor central en este escenario es el Papa, que desde Roma construye una variadísima gama de relaciones y vínculos con sectores locales (desde Michetti en el PRO hasta Gustavo Vera de La Alameda, desde sectores sindicales burocráticos hasta el Movimiento de Trabajadores Excluidos y la CTEP (Confederación de Trabajadores de la Economía Popular), al interior del propio FPV, y en la mayoría de los espacios políticos existentes). Al revés de otras épocas, la Iglesia Católica no intenta construir su representación política más permanente (como cuando la armaba en la Democracia Cristiana), sino que ha logrado influir, con éxito, en la mayoría de las fuerzas políticas, y sobre todo en el estado de ánimo de las mayorías populares. En última instancia, se consolida como un reaseguro para la conciliación entre las clases, para una política de contención y apaciguamiento de los reclamos y conflictos populares.
El cambio de escenario ha puesto en tensión a muchas de las corrientes del “progresismo kirchnerismo”, que se debaten entre un llamativo silencio o el apoyo a las medidas del Gobierno, con el argumento de que las demás opciones son aún peores para los intereses populares. El nombramiento del filósofo de Carta Abierta, Ricardo Forster, implica un renovado intento de instalar un relato de pensamiento “nacional y popular” que debe ser confrontado con la realidad descripta. La candidatura a presidente de Jorge Taiana por parte del Movimiento Evita, un dirigente de destacada trayectoria, también se enmarca en el criterio de contener por “izquierda” a estos sectores.
Al exterior de esas opciones, encontramos dos espacios de acumulación por “centro-izquierda” y por “izquierda”: la corriente referenciada en la CTA Micheli y en la Unidad Popular (Micheli y De Gennaro), y el FIT como referencia central para la izquierda de tradición trotskista. Ya analizamos extensamente estos espacio en el artículo “Una izquierda en construcción” (en el número 2 de América Nuestra).
Los debates en la “nueva izquierda” y nuestro rol desde el MULCS
Por nuestra parte, desde el MULCS seguimos empeñados en la construcción de una izquierda revolucionaria, de nuevo tipo, profundamente popular, antiimperialista, clasista, latinoamericanista e internacionalista, antipatriarcal, que actúe con amplitud en el seno de las masas populares y en los distintos movimientos de lucha, con firmeza en los principios de clase, y que aporte a la recuperación de la vocación de poder.
Las corrientes de la “nueva izquierda” estamos atravesadas, “tironeadas”, por los proyectos políticos con mayor identidad y organización en el movimiento popular. Desde el FIT y sus sectores afines, como también desde el degennarismo, actúan para absorberlas y, en los hechos diluir las potencialidades revolucionarias de estas fuerzas.
En ese marco, creemos que existen dos tareas políticas primordiales, íntimamente vinculadas entre sí: construir amplios y combativos movimientos de masas para impulsar las luchas reivindicativas, y al mismo tiempo, conformar un movimiento político revolucionario, con vocación de poder. Es ineludible construir una alternativa política de los de abajo, de los trabajadores y el pueblo, un instrumento político de carácter antiimperialista, anticapitalista, latinoamericanista y socialista.
En ese sentido, debemos avanzar en nuestro espacio y dar los pasos unitarios que sean necesarios a fin de fortalecer nuestra capacidad de intervenir en las masas, de manera de prepararnos como clase y como pueblo para acercarnos a esa salida rebelde, plebeya, masiva que necesitamos y contemple, además, una herramienta electoral, que nos permita difundir propuestas concretas de cara a las mayorías, y pueda condensar el avance de los movimientos que impulsan la rebelión popular (inclusive sus posibilidades de gobernar cuando esas rebeliones triunfen, como ocurrió en Venezuela y Bolivia). Ambas tareas van de la mano.
Cuando hablamos de la necesaria capacidad para disputar también en el terreno electoral es para tratar de impedir que los esfuerzos realizados en distintos terrenos (en los movimientos territoriales, en el movimiento obrero, entre los estudiantes, en lo cultural y en lo ideológico) sean capitalizados por proyectos políticos sectarios o limitados al terreno institucional reformista, o lo que es aún más nocivo, por proyectos vinculados con el imperialismo y con los enemigos de los trabajadores y el pueblo.
Finalmente, remarcamos que la necesidad de impulsar una política fuertemente unitaria desde nuestro Movimiento no excluye el desarrollo y la consolidación del MULCS.
El crecimiento cuantitativo y cualitativo, el avance en la construcción de políticas comunes y concretas en todos los movimientos de masas donde actuamos y participamos diariamente (en el movimiento obrero, en las organizaciones y luchas territoriales, en el movimiento estudiantil) debe ser una de las prioridades centrales en la etapa que se abre, junto a consolidar una línea de intervención política unitaria, antiimperialista, de clase, antipatriarcal, con perspectiva socialista y latinoamericanista.
Recuadro 1
La deuda eterna: Una historia sin fin
El acuerdo con los países del Club de París fue impulsado por las grandes empresas de los países centrales. Un artículo publicado en el diario kirchnerista Página 12 (La trama oculta del acuerdo, David Cufré, 1/6/2014) detalla cómo estas empresas (las alemanas Volkswagen, Mercedes Benz, Bayer, Adidas, las norteamericanas Monsanto, Ford, General Motors, Procter & Gamble, John Deere, Johnson y Johnson, las francesas Peugeot, Citroën, Michelin y L `Oreal, las italianas FIAT, Iveco y Pirelli, las holandesas Shell y Philips, las japonesas Mitsubishi, Toyota y Marubeni, y la canadiense Barrick Gold) presionaron a sus respectivos gobiernos para firmar el acuerdo del Club de París con el Gobierno argentino. Estas empresas promovieron esta salida para mejorar su financiamiento en minería, petróleo e hidrocarburos, industria automotriz, laboratorios medicinales, etcétera, mostrando claramente quiénes ganan con el pago al Club de París.
En la negociación abierta con los “fondos buitres”, vemos el significativo peso del poder que ejerce el capital financiero, al punto que, después del fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos, se permite ignorar las posiciones de un amplísimo frente único capitalista. Este frente se expresa en nuestro país a través del apoyo del Frente Renovador, del Frente Amplio UNEN y del PRO a la política gubernamental, con viaje a Washington incluido y, en el terreno internacional, en el aval del FMI, de los Gobiernos de Francia y México, y de una parte del propio Gobierno norteamericano). Esta situación lleva al Gobierno a una negociación con los “buitres” en relaciones de fuerza aún más desventajosas, y muestra nuevamente como el capital financiero exprime hasta la última gota a los países dependientes.
La deuda externa funciona como un mecanismo central en la dominación político-económica de nuestro país: hace más de cuarenta años que se paga, y crece en forma permanente, sin revisarse nunca su origen, y tiene consecuencias desastrosas para las mayorías populares de nuestro país.
La deuda externa es inmoral e impagable: es imprescindible una urgente auditoría que prosiga el camino iniciado por la investigación de Alejandro Olmos, y del fallo del Juez Ballesteros que exigió (2000) dicha investigación, nunca realizada por los distintos Gobiernos. Desde 2003 hasta la fecha se pagaron más de 173.000 millones de dólares. Sin embargo, hoy la deuda supera los 240.000 millones, cuando en 2002 era de 144.200 millones, y hace un año (antes de los acuerdos con el CIADI, Chevron y el Club de París) ascendía a 209.000 millones. Mientras no se enfrente el problema de fondo, cuestionando su ilegalidad e ilegitimidad y anulando las leyes y acuerdos que otorgan privilegios a los capitales transnacionales, la deuda seguirá siendo una forma de sumisión al imperialismo. No corresponde pagar hasta no revisar y auditar la deuda.
Recuadro 2
Narcotráfico y “control social”
Al mismo tiempo, el Gobierno avanza, junto a la oposición mayoritaria, en el discurso de la inseguridad y de la peligrosidad de los menores. La militarización de los barrios populares se vio a las claras en la ocupación de Rosario por la Gendarmería como medida principal, y fue implementada como medida de control social evidente, previendo un incremento de la conflictividad de los sectores más arrasados por la inflación y la pobreza.
Estas políticas, compartidas por el arco político dominante, ubican al desarrollo creciente del narcotráfico como una excusa para la criminalización y la judicialización de amplios sectores de nuestro pueblo.
El narcotráfico es un negocio imprescindible para el capitalismo por partida doble: mueve entre 500.000 y un billón de dólares por año, y al mismo tiempo le permite embrutecer y elevar la criminalidad entre las víctimas del sistema, con el consiguiente incremento de la disgregación de los sectores explotados y oprimidos. Está íntimamente ligado a los distintos niveles del Estado (nacional, provincial y municipal). La violencia que acompaña su avance tiene múltiples causas. La marginación y la exclusión social le brindan a los grandes grupos narcos un amplio campo de desarrollo, y a su vez incrementan la miseria y la degradación social. La mayoría de los “presos del narcotráfico” son la mano de obra barata de este “negocio”.
Sabemos que no se resuelve el problema con mayor represión, sino que requiere modificar de raíz las condiciones estructurales de marginación de un amplio sector de nuestra sociedad. Se necesita combatir todas las formas de la precarización laboral y de la vida, y avanzar en la conquista de derechos sociales y laborales para los sectores marginados por el sistema dominante. En definitiva, es preciso revertir más de treinta años de flexibilización laboral y de “control social” represivo, de marginación y exclusión. En las actuales condiciones, el narcotráfico ve a la extrema pobreza como un terreno fértil para su crecimiento despiadado.