por Jorge Montero —
8/5/2020 —
Hace su regreso triunfal el “barril criollo” de petróleo.
El decreto gubernamental está a la firma de Alberto Fernández. Por cada barril extraído las empresas petroleras recibirán 45 dólares a partir del 1° de mayo y hasta el 31 de diciembre de 2020. Casi el doble de los 23,68 dólares que cotizó hoy en el mercado internacional el WTI (West Texas Intermediate), crudo de referencia. Simultáneamente los combustibles, a precios desorbitados, se mantienen sin variación, afectando la formación de precios en toda la economía. Mientras tanto se derrumban los precios del petróleo ante la crisis mundial de sobreproducción.
A mediados de mayo, cuando ya pasaron cincuenta días del decretado aislamiento obligatorio en todo el territorio nacional, el aparato productivo-comercial está en situación de colapso, y Argentina muestra síntomas evidentes de agotamiento y creciente malestar en todos los sectores de la sociedad.
El gobierno de Alberto Fernández parece no tener otro plan económico que no sea “negociar” con el FMI y los fondos de inversión una imposible reestructuración de la deuda pública. El pago de 250 millones de dólares el pasado 30 de marzo, como gesto de buena voluntad hacia los acreedores, fue una medida inconcebible en medio de todo tipo de carencias en la salud pública para hacer frente a la pandemia de Covid-19. Para no hablar del hambre que se abate ya sobre un tercio de la población en la más absoluta pobreza, la desocupación de dos dígitos que no para de crecer, las reducciones salariales pactadas con las cámaras empresarias y la burocracia de los sindicatos, y las jubilaciones por debajo de una canasta familiar que aumenta en flecha.
En este escenario, que tiene su base en la desarticulación del aparato productivo con raíces estructurales llevadas al paroxismo por la cuarentena, cualquier intento de negociación con los bonistas implica un riesgo cierto de una tremenda convulsión social. Es evidente para gran parte de la población que la deuda contraída por el gobierno anterior, facilitó pingues negociados financieros y la fuga de capitales; no fue ni para construir hospitales, ni escuelas, ni infraestructura, nada de generar nuevos puestos de trabajo. No pueden seguir siendo las mayorías populares las que sigan pagando la crisis; validar la estafa nos condena al ajuste perpetuo, a que salarios y jubilaciones continúen cayendo por el tobogán, a peores leyes y convenios laborales y a condenar a millones a la pobreza.
Simultáneamente el gasto público aumenta sin cesar, y no especialmente el destinado a los planes sociales. No hay fracción patronal que no exija subsidios al gobierno. A los créditos blandos, las exenciones impositivas, el congelamiento de retenciones, se agrega ahora el pago de la mitad de los salarios de los trabajadores registrados en sus empresas. Y no hay manera de financiarlo con una recaudación que cae en picada, sostenida por el momento con emisión. Una política que tiene patas muy cortas, porque impacta de lleno en la dolarización de la economía y en los precios de todos los productos.
Las fragmentadas clases dominantes, aun cuando ocupan la totalidad del escenario político, no tienen plan ni equipo que pueda siquiera diseñarlo y proponerlo a un gobierno que se mueve a tientas. No hacen más que sacar a relucir sus reflejos predatorios.
Ahora, las grandes empresas petroleras como Pan American Energy, Shell, Tecpetrol, Total Austral, Vista Oil & Gas, Pampa Energía, Wintershall, YPF S.A., exigen ser nuevamente beneficiadas con el “barril criollo”; mientras en los últimos tres años -según sus propios libros contables- han tenido ganancias superiores a los ¡2 billones y medio de pesos!
La primera vez que este subsidio se aplicó fue durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y la gestión de Miguel Galuccio en YPF S.A., en medio del anterior derrumbe económico mundial. El denominado «barril criollo» funcionó entre 2007 y 2014 como precio sostén para evitar que una cotización por debajo de los 50 dólares afectara a las compañías que operan en el país. En 2014, con Axel Kicillof como ministro de Economía, la Resolución 1077/14, incorporó algunas modificaciones. Gracias a estas reformas en los años 2015, 2016 y 2017 se abonó a las petroleras un sobreprecio de 39,7%, 34,7% y 4,4% respectivamente, superior al precio internacional, y por el cual fueron transferidos a las compañías más de 5.400 millones de dólares extra.
Matías Kulfas, hoy a cargo del ministerio de Producción, había asegurado la semana pasada que: «En este período de crisis hay mucho diálogo con las petroleras, las refinerías, los sindicatos y los gobiernos provinciales para establecer algún esquema que permita sostener aunque sea en un bajo nivel la producción y el empleo del sector». Y este vuelve a ser el centro del discurso gubernamental, de empresarios y sindicalistas: la defensa de la “fuente laboral”.
La realidad es otra. De poco sirvió el acuerdo firmado apenas el 20 de abril con un drástico recorte salarial que va desde 50% al 70% para los trabajadores petroleros de la Cuenca Neuquina y del Golfo de San Jorge, que alegremente firmaron los sindicalistas Guillermo Pereyra y Jorge Ávila. Pocos días después se sumaron el resto de los sindicatos del sector y la Federación que agrupa a las refinerías. Pero los despidos continuaron ininterrumpidamente en las empresas contratistas o se disfrazaron de retiros voluntarios entre las signatarias del convenio. Una gran incertidumbre se apodera hoy de miles de trabajadores petroleros.
Para los gobernadores de Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego o Mendoza, las regalías petroleras son la garantía de pago con la cual las provincias tomaron deuda en dólares, principalmente con entidades financieras internacionales bajo legislación extranjera, a tasas muy altas. El recorte en las regalías, que en algunos casos suma más del 30% de los ingresos totales de sus provincias, puede ser el tiro de gracia para las finanzas locales, lo cual se suma al desplome de la recaudación impositiva que provoca la recesión y a la caída de la coparticipación federal que reciben desde el Estado nacional.
No habría que perder de vista que los yacimientos petroleros son propiedad estatal, aunque están concesionados al capital privado. Esta opción proyecta una salida posible a la crisis internacional de sobreproducción que golpea duramente la industria petrolera. En tiempos en que la Salud Pública se revalorizó hasta transformarse en principal política de Estado para enfrentar la pandemia, vale preguntarse el rol que en la actualidad podría desempeñar una petrolera 100% estatal. Más allá de la recuperación parcial del 51% de las acciones de YPF en el año 2012, esta sigue siendo una sociedad anónima en la que se capitalizan fondos de inversión como Black Rock, gran acreedor de la deuda externa argentina.
Si el Estado, con gestión y control de trabajadores y usuarios, tuviera el manejo absoluto del mercado de los hidrocarburos -producción, transporte y comercialización-, sería capaz de obtener para sí la renta petrolera, garantizando al país el autoabastecimiento y la seguridad energética.