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19/11/2020
Nos proponemos invitar a debatir una serie de puntos que consideramos centrales en el contexto de una crisis aguda, que son muchas al mismo tiempo, y que se ha visto agravada por la pandemia de COVID-19. En un marco donde los gobiernos de turno han tomado la decisión de descargar las consecuencias de esta crisis sobre las espaldas de quienes trabajamos, sólo la organización popular en torno a reivindicaciones claras nos permitirá resistir la precarización laboral y de nuestras vidas, al saqueo de los territorios y la agudización de las desigualdades.
Las miles de familias sin techo son la otra cara de mega proyectos de especulación inmobiliaria, que también avanzan sobre los territorios. Las luchas en defensa del agua y de los bosques exponen los proyectos de muerte impulsados sin titubeos desde ambos márgenes de la “grieta”. Aun así, los procesos de resistencia y de lucha aquí en Puel Mapu – Patagonia Argentina, como en tantos otros territorios del país y del continente, se enfrentan al desafío de crear, de construir una salida popular que contemple las diversas experiencias e historias de lucha. Esta transformación radical de nuestras condiciones de vida pasa justamente por poner a la vida en el centro. La crisis es civilizatoria y se sustenta en la explotación, en el saqueo, en la imposición de un modo de vida que ve al ser humano y a toda la naturaleza como una mercancía. Nosotres sostenemos que una nueva vida, otro mundo, es posible, por eso resistimos, nos organizamos, luchamos y llamamos a cambiarlo todo.
La desigualdad petrolera
Neuquén se caracteriza por una marcada dependencia de la industria petrolera, con la impronta de ser una de las provincias más desiguales del país. Otro de los motores de la economía es el propio Estado, con gran cantidad de personal a cargo. La profundización de la crisis internacional y la prolongación de la pandemia han abierto un panorama de incertidumbre en la economía provincial que ya está teniendo amplias implicancias sociales.
La política del MPN se ha concentrado en garantizar la rentabilidad de las empresas petroleras en los últimos 50 años, omitiendo soluciones dignas a los problemas concretos de los sectores populares. Hay un déficit habitacional de 70.000 viviendas en toda la provincia. En la ciudad de Neuquén faltan unas 35.000. La pobreza crece a pasos agigantados. Si bien el indicador está debajo del promedio nacional, Neuquén es la provincia con mayor crecimiento porcentual de personas por debajo de la línea de la pobreza. Pareciera que al gobierno no le alarman los indicadores cercanos a la crisis del 2001 y continúa apostando a sostener los subsidios a Vaca Muerta.
En este panorama los empleados públicos y los sectores populares se han convertido en la variable de ajuste. El congelamiento salarial fue una de las decisiones más fuertes de la pandemia que se conjuga con las insuficientes políticas de asistencia a sectores vulnerables que vieron reducidas sus posibilidades de trabajar. Según las declaraciones de les funcionaries del área de atención a las violencias de género, los casos durante la pandemia han crecido exponencialmente mientras que las políticas de abordaje continúan con las deficiencias de siempre. Son las mujeres y disidencias las que han asumido un rol protagónico durante la pandemia para sostener la lucha en las calles y en los barrios, al tiempo que refuerzan las tareas de cuidado en diferentes ámbitos.
La pandemia reveló la debilidad del sistema de salud de la provincia, otrora reivindicado como uno de los mejores del país. El crecimiento poblacional no fue acompañado con mayor inversión en salud, y las consecuencias se hicieron visibles ante el crecimiento de casos de COVID-19. Les trabajadores de la salud, la verdadera primera línea de lucha, carga con un enorme desgaste, producto de condiciones laborales de superexplotación. Si bien parece haber cedido la presión de la pandemia, nadie garantiza que no haya un rebrote. Por eso se hacen imprescindibles medidas de refuerzo del sistema de salud, en lugar de depositar toda la responsabilidad de prevención sobre la sociedad.
A su vez, el modelo extractivista del gobierno garantiza ganancias millonarias a las empresas estableciendo zonas de sacrificio, dejando tierras inutilizables, agua con acumulación de material tóxico y, en los últimos años, actividad sísmica cuyo impacto no sólo no es estudiado, sino que es negado. El antecedente de la adenda al convenio de trabajo petrolero marca una orientación de absoluto desprecio por las condiciones laborales del sector, mientras que las empresas deciden a gusto cuándo activar el saqueo y cuándo suspender y despedir trabajadores, bajo la mirada cómplice del MPN.
En estos momentos, la deuda de la provincia marca la disyuntiva respecto a qué sector social va a ser atacado para cumplir con los calendarios que imponen buitres y organismos internacionales de crédito. El proyecto de presupuesto 2021 no deja lugar a dudas: la caída real de los salarios y el gasto social va a financiar la deuda, mientras las ganancias de las empresas quedan garantizadas por las condiciones de entrega pactadas con el MPN en los distintos préstamos.
La deuda impagable y la criminalización
Río Negro venía fuertemente golpeada por la pobreza y vaciamiento de la política pública: desfinanciamiento, tercerización y arancelamiento de la salud públlica, como así también por la inacción en prevención de la violencia de géneros, situación que se profundizó en estos meses. El gobierno provincial tomó 580 millones de dólares de deuda a través del Plan Castello, que nunca se orientó a revertir el vaciamiento del sector público (salud, educación, vivienda, obras públicas, etc), y que debe ser renegociada, lo que condiciona el presupuesto 2021.
Juntos Somos Río Negro demostró una absoluta incapacidad de administrar la pandemia, lo que redundó en que la provincia sea de las más golpeadas. Ya en agosto colapsaron los sistemas de salud de distintas localidades, llevando a lxs trabajadorxs de la salud a decidir quién accedía a un respirador. En términos económicos, la provincia prácticamente no destinó recursos para paliar la caída de puestos de trabajo y la inflación, solo gestionó políticas de Nación como el IFE, cuya última entrega fue en septiembre y que no está contemplado para el año que viene. Los salarios estatales, que ya venían con mucho atraso, quedaron muy por debajo de la inflación, aún en el caso de les trabajadores de la salud. Ante el congelamiento de los salarios estatales, y la precarización del trabajo, las conducciones sindicales de UPCN, ATE y UNTER apostaron al pacto social con el gobierno provincial, el vaciamiento de los espacios de participación y la desmovilización. En disputa a este modelo burocratizado que proponen las conducciones sindicales, les trabajadores de la salud y de la educación entre otres, las agrupaciones sindicales independientes del gobierno, y las seccionales sindicales combativas, pudieron sostener espacios de participación, debate y lucha. Esta situación a la vez favoreció que surjan sindicatos de profesionales (médiques, enfermeres), dando mayor complejidad y heterogeneidad a la actividad sindical, lo que nos lleva a pensar nuevas formas y modos de propiciar la unidad de les trabajadorxs.
La modalidad virtual de la educación, sin una garantía estatal de la conectividad de estudiantes y docentes, implicó que se vulnere el derecho a la educación de miles de pibes y pibas. Mientras les docentes hacen un enorme esfuerzo para garantizar la continuidad pedagógica, el gobierno les congela los salarios y destina subsidios millonarios a la educación privada. En este contexto, son las mujeres e identidades feminizadas quienes se ven especialmente afectadas, confinadas en el ámbito privado, sosteniendo las tareas de cuidado y reproducción de la vida, y sufriendo violencia machista.
A nueve años de la desaparición de Daniel Solano, los siete policías condenados a cadena perpetua continúan libres, el cuerpo de Daniel no aparece, y el esquema de tercerización y superexplotación de trabajadores migrantes se sostiene con la complicidad del poder policial, judicial y político. En el inicio de la pandemia vimos como les trabajadores migrantes quedaron aislados en la zona, viviendo en situaciones de extrema precariedad, sin posibilidad de volver a sus casas.
En los últimos meses, se desarrollaron decenas de las luchas territoriales protagonizadas por los sectores populares, las asambleas socioambientales y el pueblo mapuche. Ante la falta de respuestas habitacionales y el aumento de la pobreza y la desocupación acontecieron procesos de autoorganización y toma de tierras en distintas localidades. El pueblo mapuche y las asambleas socioambientales también vienen promoviendo articulaciones multisectoriales en defensa del territorio ante la avanzada minera y petrolera.
El gobierno provincial, en sintonía con los gobiernos municipales y el poder judicial, avanza con una política de criminalización, militarización y represión las luchas territoriales, en defensa de los sectores concentrados del capital y la propiedad privada. En las últimas semanas vimos el desalojo y represión de la comunidad Gallardo Calfu en la zona de Foyel, desalojos y represión de tomas de tierra en Cipolletti, Bariloche y Fiske Menuco, y criminalización mediática de la lof Winkul Mapu en la zona de Mascardi.
El movimiento piquetero ha sido clave en esta crisis, generando y sosteniendo procesos de autoorganización popular y de construcción de respuestas colectivas a las demandas alimentaria, habitacional, educativa y sanitaria. La pandemia y el aislamiento no desarticuló ni desmovilizó a las organizaciones sociales que hace años venimos resistiendo contra la desocupación y la precarización de la vida. Estas luchas se contraponen al vaciamiento de los programas sociales, que cuando se aplican lo hacen desde lógicas clientelares y focalizadas, que garantiza el control territorial a los distintos oficialismos ya sean provincial o municipales. Al tiempo que desde los despachos públicos se desconocen, desoyen y criminalizan los procesos de autoorganización popular que protagonizamos desde abajo.
Vemos, entonces, que pese al difícil contexto, existen luchas e iniciativas que se vienen llevando adelante en distintos puntos de la región. Fortalecer esos espacios, apostar a mayores niveles de unidad y organizarnos para resistir de conjunto a los avances del Estado y los empresarios, es una tarea central en estos tiempos. Abrimos el debate a lxs activistas que compartan esta perspectiva, y confiamos plenamente en la capacidad que tenemos quienes trabajamos de construir soluciones a los problemas colectivos.