Reproducimos nota del Frente por la Soberanía Nacional
19/5/2021
Sabemos como ciudadanos comprometidos con la plena vigencia de la democracia, los deberes y funciones de los legisladores nacionales en su representación del pueblo y las provincias argentinas. Sabemos de sufrir en el cuerpo las decisiones que se toman o dejan de tomar entre estas personas con mandato en las salas de palacio.
No es extraño que el Senado de la Nación diera media sanción por unanimidad a la formación de una Comisión, en el ámbito del Congreso, lo que Si, llama la atención de los normales, de las organizaciones libres del pueblo es que esta unanimidad se realice en el marco de “seguimiento y control de la licitación y el funcionamiento de la Hidrovía Paraná-Paraguay”.
Ó sea, de una manera elusiva, reafirma la norma para nosotros errada y en desmedro de los bienes del pueblo como es el Decreto 949/20. Primero el Senado, al menos el bloque del Frente de Todos, debería haber usados sus atribuciones para no permitir su vigencia tan dañina para los intereses de nosotros simples mortales que cada dos años acompañamos o no las propuestas electorales según nos representen.
Representa la consolidación de lo dispuesto por el Decreto Presidencial 949/20 el que reedita a una nueva reprivatización de la estratégica vía navegable Paraná-Paraguay. Tal resolución fue votada por unanimidad junto a la derecha del PRO-Cambiemos entregadora en colusión con intereses extranjeros en contra de los intereses del pueblo de la nación argentina.
El mencionado decreto dispone la continuidad de la política que impusiera el gobierno neoliberal de Menem en 1995 en el marco de las masivas privatizaciones, pérdidas de millones de pesos, de fuentes de trabajo y despojo de los bienes del Estado, en este caso librando a empresas privadas el manejo de la ruta fluvial por la que salen la mayor parte de las exportaciones argentinas con la consiguiente pérdida de soberanía, repercutiendo directamente en la suba de los precios de los alimentos al equipararlos con los precios internacionales, mientras que los salarios se siguen achicando y se pagan en pesos devaluados y responsable directa de la creciente pobreza y desocupación.
Serán los Diputados Nacionales los que deberán debatir ahora tal iniciativa. A ellos exhorta la patria y el pueblo, a escuchar los múltiples reclamos de amplios sectores de la sociedad que pretende recibir los beneficios del comercia exterior recuperando para los intereses nacionales y populares aquello que fuera entregado a empresas y corporaciones oligopólicas, privadas, de países extranjeros con intereses que no son los del pueblo argentino.
Los legisladores en su rol deben parar de validar mecanismos que nos dejan entrampados jurídicamente, que aniquilan todo lo que deba ser del estado, como se hizo con los ferrocarriles, la flota mercante, los astilleros, las comunicaciones, la minería, que junto a la privatización de los principales puertos graneleros, se configuró el gran robo de nuestras riquezas con grave perjuicio patrimonial que empobrece a nuestro pueblo.
El Estado puede y debe asumir la gestión, administración y el control total de su comercio exterior, de sus puertos y vías navegables para recuperar la soberanía perdida y el manejo de todos recursos nacionales en orden estratégicos a los intereses de la Nación.
Denunciamos el Decreto 949/20 por expropiatorio de los bienes del pueblo argentino, exigimos su derogación y reclamamos a todos y cada uno de los senadores, así como al Poder Ejecutivo su responsabilidad en un nuevo enajenamiento del patrimonio y grave daño a la soberanía Nacional permitiendo delitos económicos de lesa humanidad contra el pueblo argentino.