La gravísima situación económica y social en la que vivimos las mayorías populares de nuestro país se ha visto conmocionada por una nueva crisis política, de larga gestación en el aparato del Poder Judicial. Este aparato judicial (el más antidemocrático y reaccionario de los poderes del Estado) se ha combinado con los medios masivos de desinformación y la oposición más reaccionaria encarnada en Juntos por el Cambio, con la marca indisimulada del imperialismo yanqui, en una nueva persecución contra la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Esta persecución judicial y mediática es real y concreta, y nos obliga a pensar cuáles son sus razones y objetivos, en una maniobra que se inscribe dentro de una política general ya aplicada por el imperialismo en nuestro continente y en otras regiones del mundo.
En los últimos meses, la economía argentina dio un nuevo salto contrario a los intereses del pueblo trabajador. La aceleración de la devaluación del peso en relación al dólar “ilegal”, la falta de liquidación del complejo agroexportador que busca abiertamente una devaluación oficial en relación al dólar “legal” para ampliar aún más sus ganancias, son sus señales más evidentes. Recordemos que este complejo de las grandes multinacionales exportadoras maneja, de hecho, los ingresos de divisas por exportaciones en nuestro país, con una falta casi absoluta de control estatal desde la etapa menemista hasta la actualidad.
El acuerdo con el FMI, presentado por el Gobierno del Frente de Todos como imprescindible para que no naufrague la economía local, se mostró rápidamente como un elemento de profundización de la crisis para las mayorías, y de nuevas exigencias y ganancias para el poder real que domina nuestro país (ese entramado de agroexportadoras, capital financiero, grupos monopólicos que manejan la alimentación y la energía, junto al imperialismo yanqui, sus socios locales y de otras potencias dominantes). A pesar de no estar pagando actualmente el capital de la deuda ilegítima con el Fondo contraída por el gobierno de Macri, el FMI condiciona fuertemente nuestra realidad con las exigencias del acuerdo, avalado por la mayoría del Frente de Todos y por la oposición de Juntos por el Cambio.
La oposición inicial del ala kirchnerista del FdT al acuerdo con el Fondo (que incluyó no votar a favor en el tratamiento parlamentario) continuó con una ofensiva discursiva contra el ajuste que se realizaba desde el Ministerio de Economía de Guzmán, y concluyó con una crisis política abierta en el Gobierno a principios de julio. Pero esta expresión del descontento no incluyó ninguna propuesta a favor de los sectores populares: por el contrario, la propia Cristina atacó en forma discursiva a los movimientos sociales (con el argumento de su disputa con el Movimiento Evita), colaborando activamente con la estigmatización y la persecución de los sectores más golpeados de nuestro pueblo, y contribuyendo a la criminalización, los allanamientos a comedores y la represión policial en varias provincias. Finalmente, esa postura generó las “auditorías” contra los movimientos populares.
En línea con lo que sostenemos desde el conjunto de organizaciones que conformamos la Autoconvocatoria por la Suspensión del Pago e Investigación de la Deuda, hay que investigar y auditar la deuda odiosa con el FMI y con los usureros del capital privado, mucho antes que “auditar” a miles de personas empobrecidas por las políticas antipopulares promovidas por el capital financiero.
El apoyo de los tres principales espacios políticos del FdT a la asunción de Massa como Ministro de Economía (con mayor poder que les anteriores Guzmán y Batakis), destinado a superar la crisis política interna, implicó una mayor ofensiva ajustadora bajo los lineamientos establecidos en el acuerdo con el FMI por la deuda ilegítima y odiosa de Macri. Cuestionada minoritariamente en su interior por algunos sectores de centro izquierda como Unidad Popular, el Frente Patria Grande y otros sectores, fue en los hechos una muestra explícita de unificarse en pos de un acuerdo con la élite local dominante y la embajada yanqui.
Recordemos cómo en la reunión del Council of Americas, el embajador Stanley le planteó públicamente a ambas coaliciones (con Massa y Larreta presentes) que busque un “gobierno de coalición” desde ahora, para que el ajuste antipopular “pase” con más consenso. En la misma línea, las reuniones de la jefa del Comando Sur de EEUU con Cristina Fernández de Kirchner y con otros dirigentes gubernamentales iban por el mismo carril, y buscan limitar cualquier acercamiento a China, Rusia y al bloque BRICS. En ambas intervenciones imperialistas, la apropiación del litio y de los bienes comunes de nuestro país fue un eje central.
En los últimos días, Massa definió nuevas y durísimas medidas de ajuste contra las condiciones de vida de nuestro pueblo trabajador, que se tradujo en recortes en los presupuestos de Salud, Educación, Transporte y Obras Públicas, y por supuesto también en el anunciado tarifazo de electricidad, gas y agua disfrazado como “readecuación de subsidios”. No existen medidas antiinflacionarias reales, y por el contrario vemos cómo la inflación favorece los objetivos fiscales del Gobierno para cumplir con el FMI. A pesar de los aumentos salariales de les trabajadores bajo convenio, y de los aumentos muy mínimos del Salario Mínimo, la inflación afecta cada vez más a la mayoría de nuestro pueblo laburante.
En ese contexto, la derecha reaccionaria reactivó sus planes de ofensiva completa contra el “cristinismo”, tal vez pensando que era un marco muy propicio para ganar políticamente, en una estrategia similar a la que aplicaron en Brasil para mejorar las condiciones de la gran burguesía local y el imperialismo yanqui mediante el golpe institucional contra Dilma Rousseff.
La derecha avanza y despierta a las “fuerzas dormidas” de nuestra sociedad
Para el poder real que domina en nuestro territorio, ninguna ganancia económica y financiera es suficiente, ni parece satisfacerlos completamente. Tienen un objetivo permanente: terminar con todas las formas de resistencia obrera y popular que desde nuestra clase trabajadora y nuestro pueblo desplegamos desde hace más de un siglo.
En ese contexto, el ataque judicial y mediático contra Cristina no se vincula con los negociados de la “patria contratista” (un sector económico que maneja la obra pública desde tiempos de la dictadura genocida del 76, y con el cual estuvieron en connivencia todos los gobiernos desde entonces), y ni siquiera con las acciones políticas reales que desplegó como Vicepresidenta durante el actual Gobierno del FdT. El objetivo es golpear a una dirigenta política que tiene un importante apoyo de sectores de nuestro pueblo, la única dirigenta del Frente de Todos con peso real a nivel de masas (aunque por las características de su liderazgo carezca de una fuerza social organizada, más allá de La Cámpora). El pedido de sanción penal contra Cristina Fernández incluye la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
En nuestra opinión, no la atacan por lo que expresa o hace hoy, en medio de un creciente descontento de buena parte de nuestro pueblo con un Gobierno que fue votado masivamente para sacar a Macri y a su proyecto antipopular, y que claramente no ha cumplido estas “promesas electorales”. Intentan asegurarse que ningún proyecto político popular pueda torcer el rumbo estratégico que viene tomando el capitalismo dependiente en nuestro país: un modelo extractivista, precarizador, al servicio de los monopolios y del capital financiero, donde unos pocos ganan todo, y en el cual, en el mejor de los casos, ante el reclamo obrero y popular, ceden un sistema de compensaciones y “contención social” para las mayorías populares.
El problema de fondo para el proyecto kirchnerista consiste, en buena medida, en intentar recrear las condiciones políticas, económicas y sociales de los tiempos del primer peronismo en la actualidad. El bloque dominante local está ahora muchísimo más vinculado con los intereses del capital multinacional y el imperialismo, y muchísimo menos dispuesto a llegar al “fifty fifty”, esa idea de distribución de la torta entre la burguesía local y la clase trabajadora que justificaba la “conciliación de clases” como conveniente para todos.
Pero es necesario reconocer que para un sector importante de nuestro pueblo ese proyecto, que busca encarnar en su discurso la Vicepresidenta, sigue siendo una idea fuerza, y que el agotamiento de ese proyecto en el plano económico no ha significado su final en el terreno de la lucha política. Como suele ocurrir en la historia popular, es necesario completar la experiencia, y sacar colectivamente conclusiones. “No hay cosa más sin apuro que un pueblo haciendo la historia”, decía hace tiempo Zitarrosa.
La movilización de importantes sectores de nuestro pueblo ante el ataque a Cristina Fernández de Kirchner “abroqueló” a los distintos sectores del FdT y del peronismo, produciendo hasta ahora un efecto contrario al deseado por los teóricos de los “golpes blandos”. La respuesta represiva del gobierno de Larreta en la ciudad autónoma de Buenos Aires parece aportar más elementos a esta renovada unidad de la coalición de gobierno, que venía en sucesivas crisis desde el acuerdo con el Fondo en marzo pasado.
También es importante ver que, ante los ojos de las mayorías populares, si pueden con Cristina y su proyecto “nacional y popular”, podrán avanzar contra todo proyecto popular que se proponga en serio transformaciones profundas, revolucionarias, de nuestro país y de nuestra región. En ese sentido, es también una clara advertencia de las dificultades que crearán nuestros enemigos de clase para un proyecto popular, feminista y clasista, revolucionario y con vocación de poder, como el que aspiramos a construir desde el MULCS, como otras organizaciones compañeras y desde un sector del pueblo trabajador que hace un balance de las limitaciones políticas estructurales del proyecto kirchnerista.
La disputa internacional en esta nueva ofensiva del “lawfare”
Vivimos en un mundo convulsionado. Después del pico de la pandemia del covid19 (en un escenario con altas probabilidades de nuevas pandemias por la destrucción ambiental), ha comenzado una ofensiva política y militar de EEUU, cuya élite dominante considera a China (y en menor medida a Rusia) como antagonista en la disputa por el control económico y financiero del poder mundial.
Desde febrero de este año vivimos la guerra entre la Rusia de Putin y el gobierno pro norteamericano de Ucrania (que cuenta con el apoyo logístico y económico de la OTAN). Este conflicto militar agravó la inflación internacional, en especial en la energía (gas y electricidad) y en los alimentos (trigo y cereales). En movimientos similares, pero que no se traducen hasta ahora en un conflicto militar abierto, EEUU protagoniza un avance diplomático en Taiwán provocando a China, y más recientemente vienen usando al protectorado yanqui en Kosovo contra Serbia, tradicional aliado de Rusia en la región balcánica.
Todas estas acciones se enmarcan en la disputa yanqui ante su pérdida relativa de hegemonía económica y política, frente a la avanzada de otros proyectos hegemonistas que, sin ser proyectos contrahegemónicos, implican un desafío para la dominación estadounidense después del fin de la URSS y el “socialismo real”.
Es imposible no analizar la ofensiva judicial contra CFK como parte de los formatos de “golpes blandos” y métodos de disciplinamiento político contra direcciones que no se enmarquen completamente en las políticas centrales del imperialismo. En los últimos quince años, en nuestro continente hemos vivido procesos similares en Brasil y Paraguay, y con mayor intensidad en Bolivia y Venezuela (teniendo en cuenta el mayor protagonismo popular y transformador que desarrollaron estos pueblos hermanos).
Recordemos que en Brasil el golpe parlamentario contra Dilma Rouseff se desarrolló mientras el gobierno encabezado por el PT desarrollaba un ajuste económico con un Ministro de Economía vinculado al capital financiero. Hay un viejo concepto en la disputa política: Roma no paga traidores. El poder real internacional no tendrá compasión ante quienes cedan y consientan sus políticas extorsivas, y en general ve esas situaciones como una señal para avanzar más política y económicamente. Las comparaciones y similitudes con la situación en nuestro país son inevitables, aunque sin perder de vista diferencias importantes. Mencionemos dos aspectos centrales: la capacidad de movilización popular en nuestro caso, y el sistema político brasileño aceptado por el PT que lo llevaba a tener un Vicepresidente como Temer del bloque derechista.
Un cierre provisorio: Lucha en las calles y proyecto político
La situación política es compleja. El mismo Gobierno que asume el ajuste antipopular como política clave debe defenderse de la avanzada derechista, que utiliza datos reales o no de corrupción estructural del sistema político y económico para golpear al proyecto del FdT.
Esta situación nos lleva a comprender que se superponen tres tareas centrales en la etapa que se abre, tareas que son simultáneas y complejas, pero inescindibles.
Hay que luchar contra todo intento de proscripción política, y en la historia de nuestro país está presente la larga etapa de proscripción del peronismo tradicional. La disputa contra el proyecto kirchnerista, es decir contra el proyecto de recreación de un imposible modelo “capitalista nacional”, es una disputa política, y debemos darla al interior del movimiento popular y de los sectores obreros y populares. Es una disputa estratégica de proyectos políticos.
Pero es preciso analizar que toda avanzada derechista tendrá consecuencias negativas para los derechos de nuestro pueblo, como vimos con los anuncios de “políticas de shock” antipopulares.
La lucha consecuente contra los planes de ajuste en marcha, que lleva adelante Sergio Massa desde el Ministerio de Economía pero que cuentan con el aval de los principales sectores del Frente de Todos, es imperiosa. Denunciar el ajuste, luchar en la mayor unidad de acción para derrotarlo, es clave. Dialogar con los sectores populares que confían en el liderazgo de la Vicepresidenta sobre su responsabilidad en este ajuste de nuestras condiciones de vida es una necesidad para los sectores más conscientes del movimiento de masas.
Al mismo tiempo, hay que avanzar en un programa de salida a la crisis estructural que atraviesa nuestro capitalismo dependiente, un programa que deberá combinar medidas de emergencia con medidas de fondo. Este programa va de la de mano de la construcción una alternativa política de las mayorías populares, popular, feminista, clasista, amplia, con vocación de transformar todo lo que debe ser transformado. Y requiere de un debate profundo en nuestro pueblo sobre la necesidad de superar los proyectos políticos de conciliación de intereses entre nuestros intereses…y el poder de los de arriba.
De nuestra capacidad colectiva para combinar estas tareas (lucha contra el lawfare y la persecución política; lucha contra el ajuste en curso, y construcción de programa y alternativa política), de la unidad del movimiento popular y de la izquierda, dependerá el desarrollo de las propuestas de transformación en los agitados tiempos que vivimos.