En el marco de la cuarentena total impulsada desde el gobierno para garantizar medidas de distanciamiento físico que prevengan el contagio de Virus COVID-19, el despliegue policial en los barrios populares lejos de asegurar la protección de las personas, se ensaña en abusar de lxs más desprotegidxs.
Desde hace días circulan en las
redes videos que dan cuenta de la agresión y el abuso policial en
dichos barrios. Con la excusa de que buscan asegurar que todxs se
queden en sus casas amedrentan a la gente con prácticas que
lamentablemente son cotidianas. Hemos visto imágenes de policías
disparándole a personas que van al basural a buscar comida, disparos
a quienes filman las agresiones policiales, videos de torturas a
pibes en la calle, sometimiento a distintos tipos de humillaciones,
persecuciones a jóvenes con sus motos, detenciones a mujeres que
acompañan a sus madres a hacer una compra, etc. Acciones de las que
también es protagonista la gendarmería, fuerza responsable de la
desaparición de Santiago Maldonado.
La actual situación de crisis, con
una pandemia en desarrollo, no puede ser el contexto para un mayor
despliegue de prácticas represivas en los barrios. El gobierno de
Alberto Fernández y los distintos gobiernos provinciales son
responsables del comportamiento de las fuerzas represivas y de las
consecuencias que genera su accionar. Tampoco puede ser el marco para
despidos, suspensiones, recortes salariales y cualquier otro tipo de
medidas contra los trabajadores, habida cuenta de que ya comenzaron
estas prácticas por parte de las empresas a las que el gobierno
también debe exigirles la provisión de todo lo necesario para
preservar la salud y evitar el contagio de quienes trabajan.
La
lucha contra la pandemia no puede sustentarse en el recorte de las
libertades democráticas. Nos oponemos al eventual dictado del Estado
de sitio y medidas similares.
En un mismo sentido, denunciamos
las condiciones de hacinamiento e insalubridad en la que obligan a
vivir a las personas privadas de la libertad en las cárceles de todo
el país. Esta situación ya llevó a la realización de motines en
las prisiones de Coronda y Las Flores (Santa Fe) y Batán (Mar del
Plata), con el terrible resultado de 5 presos muertos. Es decir, el
número de presos muertos ya es casi igual que el de muertes por el
Virus COVID-19 en Argentina. También deben cerrarse de manera
permanente todos los prostíbulos distribuidos por el país,
garantizando vivienda y alimentación para las víctimas por
cooptación y por trata, las mujeres y disidencias en situación de
prostitución, para que puedan realizar la cuarentena necesaria y
que, al cabo de ésta, tengan recursos para vivir en óptimas
condiciones de vida.
Además, según informó el
ministerio de Seguridad, ya hay más de 43.000 personas detenidas en
todo el país por aplicación del DNU 297/2020 (41.000 liberadas con
causa y 2.262 siguen detenidxs). Estas detenciones tienen un objetivo
persecutorio que no tiene ninguna relación con la intención de
cuidado social, y llegan a situaciones extremas como el armado de
corrales al aire libre para demorar a las personas allí, tal como
denunció CORREPI.
Para ser efectiva, la directiva de
que las personas se queden en sus casas debe ir acompañada de
políticas públicas que garanticen que todxs tengamos una vivienda
digna donde vivir y los alimentos e insumos necesarios para afrontar
la cuarentena, dejando de pagar la deuda externa y poniendo los
recursos en el sistema sanitario de salud y programas sociales que
resguarden todo tipo de contingencias. Todos los operativos que
tengan por objeto garantizar nuestra seguridad ante la pandemia deben
ser dirigidos por autoridades y/o personal sanitario basado en las
redes de Atención Primaria de la Salud que existe en todo el país y
aplicados por civiles con instrucción sanitaria, bajo ninguna
condición con portación de armas.
Las fuerzas de “seguridad” que
siguen impunes de todos los crímenes cometidos hasta la fecha, la
policía del gatillo fácil, la gendarmería del gendarme carancho y
de la desaparición en democracia, no son quienes van a concientizar
sobre la necesidad de la solidaridad y el cuidado mutuo.
ENCUENTRO
MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA
Buenos Aires, 26 de marzo de 2020.