1/8/2020
Jaqueado por un enorme aumento de contagios de covid19 y por una situación social cada vez más tensa, la autoproclamada presidenta Jeaninne Áñez y las fracciones golpistas están lejos de respetar lo que ellos mismos habían resuelto: elecciones presidenciales el 6 de septiembre. Ante el aumento de la intención de voto hacia el MAS, el imperialismo y la burguesía boliviana no están dispuestos a entregar mansamente el Gobierno que conquistaron con balas y muertos.
Introducción: cómo se llegó al 28 de julio
Después del golpe de Estado en noviembre 2019, el pueblo boliviano comenzó una heroica lucha de resistencia. Los fascistas y racistas que usurparon el Gobierno atacaron con saña feroz al pueblo pero también a aquellas conquistas que eran símbolos de los avances del Proceso de Cambio. Así es el ataque a las mujeres de pollera y a la wiphala fue mucho más que un ataque a un sector social. Fue una batalla ideológica y cultural similar a la que llevaron adelante los españoles cuando llegaron a nuestras tierras. En esos primeros días de resistencia nació una consigna, entre que recorre Bolivia y el mundo como un viento huracanado: “La pollera se respeta, la wiphala se respeta”.
La situación actual ha sido descrita profundamente el Segundo Informe de vulneración de derechos en Bolivia de la Comisión Feminista Plurinacional, del que transcribimos algunos párrafos.
Hasta el día de hoy “continúa la persecución a líderes sindicales, ex autoridades y dirigentes ligados al MAS. Principalmente, están siendo amenazadas y perseguidas las mujeres líderes, dirigentas, asambleístas, activistas sociales y de derechos humanos.”
Al mismo tiempo, “la situación en las cárceles del régimen es desesperante. Son recurrentes las violaciones a los derechos, la falta de garantías para la defensa, las duras condiciones carcelarias en que se encuentran las víctimas directas del Golpe de Estado. En algunos casos, son lideresas reconocidas o mujeres originarias que han sido parte de instancias del gobierno constitucional. Las presas y presos conviven en espacios hacinados, donde no existe buena alimentación, cuidados de la salud, y donde sufren torturas psicológicas sistemáticas.”
Mientras tanto la dictadura ha ocupado el espacio público y virtual, con importantes despliegues militares y una campaña tendiente a atemorizar al pueblo para que – ahora con la cuarentena – no salga de su casa. Y esta situación ha hecho que “crezca la violencia patriarcal en las casas y no hay ninguna protección desde el Estado, mientras las mujeres, las niñas y niños sufren cotidianamente las mayores violencias. Así las mujeres quedan atrapadas con sus agresores, poniéndose en riesgo su salud y sus vidas.”
Aún con esta situación de represión y violencia, el pueblo boliviano continúa resistiendo y ha logrado arrancar la fecha de las elecciones al régimen de facto, que continúa postergando una y otra vez.
El 23 de julio el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia confirmó que las elecciones se postergarán al 18 de octubre y, en caso de que haya necesidad de una segunda vuelta, se realizará el 29 de noviembre. La razón para postergarlas se fundamenta en la actual pandemia de covid19. Sin embargo, es llamativo que cada vez que se establece una fecha electoral se haga pública una proyección de contagios por covid19 con picos que casualmente coinciden con la misma. La oficialista Agencia Boliviana de Información y el periódico Bolivia, que administra el Gobierno, indicaron en una nota que “Bolivia llegará a los picos máximos en Septiembre, Octubre y Noviembre”.
De esta manera, la presidenta golpista Jeanine Añez, que asumió con el supuesto compromiso de llamar a elecciones en tres meses y entregar el gobierno al triunfador en las mismas, estaría trece meses en el Gobierno.
La marcha del martes 28 y la respuesta del gobierno golpista
Frente a la nueva maniobra de los golpistas, que buscan perpetuarse en el poder, el 28 de julio la Central Obrera Boliviana y el Pacto de Unidad, junto a otras organizaciones sociales y políticas, convocaron a un Cabildo en la ciudad de El Alto.
Desde la mañana, miles de trabajadores de las ciudades y el campo se concentraron en Senkata. Luego de la concentración, marcharon más de ocho kilómetros hasta La Ceja, también en El Alto, donde se realizó el Cabildo. Recordemos que Senkata es la zona de la ciudad de El Alto donde en noviembre de 2019 se produjo la histórica represión de policías y militares a una protesta social con el saldo mortal de cerca de una veintena de personas y decenas de heridos.
Las medidas iniciales que proponía la COB era darle un plazo de 72 horas al TSE y dar inicio a la huelga con bloqueos desde el lunes 3 de agosto. Pero en el transcurso del Cabildo el secretario de la COB, Juan Carlos Huarachi, fue presionado por los asistentes para que las medidas comenzaran ese mismo día. Antes de la marcha hacia La Paz, el ejecutivo de la COB anunció que se declaraba la huelga general indefinida con movilizaciones en los nueve departamentos, en demanda de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ratifique las elecciones para el 6 de septiembre y se retracte de postergarlas.
Hay en el pueblo boliviano y su clase trabajadora una lógica expectativa de que la crisis boliviana política, sanitaria y económica sólo podrá ser encarada por un gobierno legítimo que surja de las urnas. Ven que cada vez que se postergan las elecciones, se profundizan los efectos de la actual crisis que se expresa en una economía estancada, miles de despedidos en el sector público y privado, recortes de salarios, una radical baja en los niveles de consumo y un notorio crecimiento de la pobreza.
Las respuestas gubernamentales
Ante esta situación desde el gobierno responden con la represión judicial y en la calle, las amenazas cotidianas a dirigentes del MAS, y el intento de proscribirlo como partido.
El mismo martes, el ministro de Defensa, Fernando López, denunció que la marcha fue organizada por dirigentes del MAS que habían sido identificados y amenazó con que serán buscados por la justicia por realizar una convocatoria en medio de la pandemia.
Por su parte, el miércoles 29, el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, anunció que el Gobierno demandará penalmente al ex-presidente Evo Morales, la diputada del MAS Betty Yañíquez y el líder de la COB, Juan Carlos Huarachi, bajo los delitos de atentado contra la salud, instigación pública a delinquir, asociación delictuosa y destrucción de bienes del Estado. Entre las pruebas que presentó el ministro Núñez mostró una fotografía de la jefa de bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) en Diputados, Betty Yañíquez, participando en la marcha; fotos del dirigente Huarachi junto con Evo Morales y el ex vice presidente Álvaro García Linera.
El mismo día, el ministro de Gobierno Murillo realizó una acusación formal contra del dirigente cocalero Leonardo Loza, y con él suman 10 las ex-autoridades del gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) y dirigentes afines que ha sido acusadas de cometer los delitos de terrorismo, sedición y alzamiento armado.
Por su parte el secretario de la COB declaró ante los anuncios del gobierno: “No voy a desmayar, voy a seguir trabajando, me voy a defender como corresponde. Si es un delito luchar por la vida y salud del pueblo boliviano, aquí estoy, no me voy a escapar, voy a dar la cara por mi país, por mi pueblo, sin ningún interés político”.
Lo que dejó el MAS y el gobierno de facto
Más allá de las justas críticas que se pueden hacer al gobierno del MAS, la Bolivia que dejó Evo en 2019 tenía el primer lugar en reducción de las desigualdades y en la reducción de la pobreza del continente. El año 2019fue reconocido como un país de Desarrollo Humano Alto. En más de trece años del gobierno de Evo, se incrementó la esperanza de vida de 63.5 años en el 2005, a 73.5 años el 2018.
En términos políticos, se profundizó la democracia intercultural y participativa, y se incorporaron mecanismos de revocación de mandato, así como de consulta previa a las naciones y pueblos indígenas sobre el uso de los recursos naturales asentados en sus territorios. También se promovieron políticas específicas de equidad, paridad y alternancia.
Por el contrario, desde el primer día el gobierno golpista dio inicio al desmantelamiento de las empresas públicas, llevando a la quiebra a empresas estratégicas que proveían de recursos al país, que eran redistribuidos vía bonos y ayudas sociales a más del 50 % de la población.
La empresa estatal de aviación, BOA, fue forzada a su quiebra en favor de la privada AMASZONAS, mientras que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos fue el botín de las corruptelas de sus nuevos ejecutivos. Por su parte, la empresa estatal de comunicación, ENTEL, fue desfalcada en tiempo récord y el responsable se encuentra prófugo en Estados Unidos. Se ha recurrido a préstamos extraordinarios del Banco Central de Bolivia para pago de salarios y se dispuso de asignaciones millonarias para el gasto militar.
El saqueo no paró en el escenario de pandemia. Por el contrario, se realizaron compras de respiradores con sobreprecio, se violó la cuarentena rígida por parte del círculo cercano a Añez, con el correspondiente uso indebido de bienes del Estado por parte de los ministros golpistas.
Tras el Golpe de Estado, la informalidad laboral trepó al 70% y después de un aluvión de despidos el desempleo subió al 8,1%, casi el doble de lo que dejó Evo Morales cuando Bolivia ostentaba la cifra más baja de América Latina.
En síntesis, para la población en general, la diferencia entre un gobierno y el otro es abismal, y los que creyeron (fundamentalmente las capas medias) que sacarse de encima al gobierno del MÁS les traería aparejado un futuro de brillante capitalismo, se han encontrado con la realidad dolorosa común a todos los gobiernos de derecha.
Covid19 y gobierno de facto
Es importante trazar referencias. Mientras nuestro país con 44,50 millones de habitantes registra (al momento de escribir esta nota) 179.000 personas contagiadas y 3.288 fallecidos, Bolivia, con 11,35 millones de habitantes, registra 73.534 personas contagiadas y 2.808 fallecidas. Estos datos ponen a Bolivia en el séptimo lugar en el mundo de personas fallecidas por cada 100 mil habitantes.
Si durante el primer tiempo de desarrollo de la pandemia el panorama en Bolivia no tomó la dimensión de tragedia fue porque el régimen dictatorial heredó un sistema de salud que durante el gobierno de Evo Morales había aumentado la inversión en salud (ahora paralizada) un 360%, se habían duplicado los puestos de trabajo en el sector y se construidos 1.062 nuevos establecimientos.
Con la explosión de la pandemia, el gobierno ilegítimo de Añez dejó en evidencia las deficiencias que hubo en las fases de preparación y de contención de la pandemia, las acciones tardías, ineficientes, parciales, discriminatorias e improvisadas que han complicado la gestión de la pandemia.
Tras cien días de haber impuesto la cuarentena militarizada y de negarse sistemáticamente a implementar test masivos, la autoproclamada Áñez y sus ministros han apostado deliberadamente y casi como única medida a exigir una cuarentena militarizada, combinada con recomendaciones de ayuno y rezos por parte de la autonombrada. Mientras tanto el ministro de gobierno Murillo se encarga de “disciplinar aterrorizando” con amenazas de cárcel y de la caída de todo el peso de la ley a quién infrinja la cuarentena, y al mismo tiempo recurre a explicaciones trágicas como decir: “Mucha gente se está muriendo por simple ignorancia”.
En consonancia con Murillo, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Bolivia, el general Sergio Orellana Centella, presentó en abril el balance de lo que realizaron las FFAA durante la pandemia. Afirmó que entre el 25 de marzo y el 15 de abril se habían desplegado más de 47 mil militares en todo el país para que la población cumpla con la cuarentena. En tanto que miles de personas han sido detenidas durante la cuarentena y cientos han sido procesadas.
En la actualidad, los hospitales se encuentran colapsados, con bajas importantes entre las y los trabajadores de la salud, y también con los cementerios y salones crematorios desbordados. Mientras esto sucede para la población más humilde, la chola y el trabajador común, acceder a los medicamentos escasos es un lujo.
Aún con la crisis sanitaria que se abate sobre la población, los golpistas continúan haciendo importantes negocios como las compras a precios millonarios de respiradores. Es el caso del ministro de Salud, Marcelo Navajas, que se encuentra actualmente cumpliendo prisión domiciliaria preventiva por la compra de respiradores para pacientes críticos de covid19 a una empresa privada española, con un sobreprecio de unos dos millones de dólares; ya que los compró a tres veces el precio que el fabricante original cobra por cada unidad. Peor aún, después de la llegada de los respiradores, los médicos empezaron a quejarse porque las máquinas no eran las adecuadas para tratar a pacientes con coronavirus gravemente enfermos.
Por esta y otras razones, en su discurso en La Ceja, el secretario de la COB, Huarachi, dijo: “El problema en el país no es el covid19, el problema es este gobierno incapaz que no ha brindado atención en el momento oportuno (…) politizan la pandemia y juegan con la salud y la vida de las personas”, tras rechazar las acusaciones del gobierno de que las marchas implican contagio de coronavirus. Señaló que los responsables de los contagios que hay en el país son los gobernantes por no abastecer de insumos de bioseguridad y respiradores a los hospitales.
Futuro electoral
Con la excusa de la pandemia, aumenta la violación de derechos humanos de decenas de personas detenidas por causas políticas, que se traduce en que la situación de los presos y presas masistas en las cárceles del régimen sea degradante. Al mismo tiempo continúan retenidos en la embajada de México, nueve ex-funcionarios del gobierno de Morales a quienes se les niega salvoconductos para salir del país rumbo a México, en clara transgresión del derecho internacional al asilo.
Estos son solo algunos datos de la realidad política, a lo que se suma la reiterada postergación de las elecciones. Tanto los EEUU como la Unión Europea (UE), siempre dispuestos a denunciar a Venezuela y Cuba por cualquier hecho de su política interna, guardan un silencio cómplice.
Más aún, cotidianamente el ministro Murillo amenaza con enviar a la cárcel a militantes del MAS, han intervenido una clínica de propiedad del Estado cubano y acosa a toda persona sospechosa de ser masista. Ante estos hechos, los funcionarios de EEUU y la UE son claros cómplices.
Cuando la autoproclamada presidenta se postuló a la presidencia para las próximas elecciones se acabó el tiempo de transición y se puso en marcha el mecanismo pre-electoral, que no podía terminar de otra forma que con la fijación definitiva de la fecha para los comicios generales.
El pueblo pierde el miedo y exige elecciones
Tres veces se postergaron las elecciones. El primer llamamiento era para el 22 de enero, luego el 3 de mayo y finalmente el 6 de septiembre. Pero para llegar a definir esta última fecha, primero el pueblo debió salir a la calle y el 29 de abril se realizó el primer cacerolazo y petardazo masivo a nivel nacional en plena cuarentena para exigir fecha de elecciones. Y a medida que el gobierno dilataba la fecha el pueblo boliviano sostuvo una fuerte lucha con medidas de presión en plena cuarentena. Se realizaron cuatro cacerolazos y petardazos con acatamiento absoluto, marchas de protestas y numerosos bloqueos en diferentes regiones del país.
Como consecuencia de esta lucha, finalmente el TSE fijó el 6 de septiembre.
¿Por qué tanta dilación en fijar la fecha de las elecciones? Esta pregunta se responde con la última encuesta publicada en julio por Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG) que reveló que el 59,8 % de los bolivianos considera mala o muy mala la gestión de Áñez durante la pandemia, además de que el 65,2 % califica negativamente a sus políticas económicas. Y con respecto a las elecciones, Arce encabeza con una intención de voto del 41,9 %, mientras que Mesa alcanza el 26,8 % y Áñez apenas el 13,3 %.
Proscripción del MAS y autogolpe
La derecha más reaccionaria de Bolivia, que incluye al Gobierno, comités cívicos y los sectores fascistas y racistas de la élite empresarial, todos apoyados y financiados por el imperialismo yanqui conspiran para evitar que estas elecciones se realicen. Es que después de este tiempo al frente del país, hasta ellos reconocen la imposibilidad de acceder democráticamente al gobierno por no contar con suficiente apoyo popular.
En consecuencia es lógico pensar, que los golpistas actuales pretenderán perpetuarse en el poder a como dé lugar. No es posible haber dado el golpe en noviembre y perder el mando en septiembre tras la victoria del MAS, el mismo partido al que despojaron del triunfo electoral mediante el golpe militar.
Por eso utilizan variables como el golpe o autogolpe de Estado, ó intentando inhabilitar siglas o candidatos o el chantaje del coronavirus.
Esta maquinaria se ha puesto en marcha. Tres coaliciones electorales golpistas: Alianza Juntos (que postula a Jeanine Añez a la Presidencia y Samuel Doria Medina a la Vicepresidencia), Alianza Libre 21 (conformada por el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y el Movimiento por la Soberanía (MPS), lleva como candidato a la presidencia al ex presidente de la República a Jorge “Tuto” Quiroga) y Creemos Bolivia (lleva como candidatos a los ex-cívicos y golpistas Luis Fernando Camacho a la presidencia y Marco Pumari a la vicepresidencia.) presentaron, el lunes 20 de julio, ante el órgano electoral denuncias contra el candidato del MAS, Luis Arce, al que acusan de haber difundido datos de una encuesta pese a estar prohibido.
Días más tarde, el viernes 24 de julio, cinco vocales del TSE se reunieron en secreto y acordaron anular la personalidad jurídica del MAS para lo cual ya tienen lista la resolución. Jeanine Añez habría instruido a los vocales tomar esta decisión aun sabiendo que está fuera de norma.
Existe el conocimiento de una propuesta de Estados Unidos para que el comandante de las Fuerzas Armadas, Orellana y el ministro Murillo (que también tiene pretensiones presidenciales) protagonicen un golpe de Estado contra Añez y establecer un gobierno militar en Bolivia que responda a los intereses de la Casa Blanca. Esta línea de acción es coherente: no piensan perder el Gobierno al que accedieron por el golpe militar en noviembre pasado.
Llegados a este punto, cabe preguntarse si realmente se llega al 6 de septiembre o al 18 de octubre (la nueva propuesta fecha electoral del TSE) o si las masas campesinas y obreras de Bolivia, que tienen una rica experiencia en voltear dictaduras, acelerarán los tiempos.
Algunos sectores del MAS, como la presidenta del Senado, Eva Copa, parecen más proclives a continuar dialogando con los golpistas y la autoproclamada Añez y llegar finalmente a las elecciones.
Entre estas contradicciones se debate el MAS que todavía no ha hecho una autocrítica pública de su caída.
El MAS sin autocrítica
Sumar votos para lograr un triunfo electoral es importante. Pero para un partido o alianza que pretende superar el capitalismo, si ese apoyo no tiene un claro contenido ideológico y que al mismo tiempo no sintetice las aspiraciones de los excluidos y articule a diferentes sectores sociales que hagan suyo un proyecto de vida y un programa económico superador, al poco de caminar aparecen las contradicciones internas que lo debilitan.
Luego de nueve meses de transcurrido el golpe de la derecha imperialista, no hay de parte de Evo Morales, de su entorno gubernamental, de la dirigencia de los sectores sociales o de la militancia del MAS un sólido análisis crítico reflexivo de las causas estructurales del Golpe de Estado, que ocasionó la ruptura del proceso democrático en Bolivia. Se puede culpabilizar al presidente Trump, a la OEA y poner en la balanza pro-golpista la codicia de las empresas imperialistas por el litio y otros recursos naturales de Bolivia. Los ataques del enemigo son ciertos, pero no alcanzan como la única causa.
No encontramos de parte del MAS una reflexión sobre cómo un gobierno como el de Evo Morales, con apoyo popular, reconocimiento internacional, un modelo económico exitoso, con una fuerte estructura partidaria, y que pese a que habían fuertes indicios de golpe, haya sido desplazado del Estado y la Casa Grande del Pueblo, sin organizar la resistencia popular. El Gobierno de Evo desalentó la movilización contra los preparativos del Golpe, y aceptó a la OEA como árbitro en el proceso electoral, sabiendo que era un árbitro claramente favorable a los intereses yanquis en nuestro continente.
Al mismo tiempo, vemos como uno de los errores del gobierno de Evo Morales y factor principal de su derrocamiento fue no haber modificado las instituciones encargadas de la seguridad del Estado (FFAA y la Policía Nacional). Por cierto, un problema político importante fue no haber organizado a los sectores populares en milicias populares de defensa del proceso de cambio.
En el futuro próximo, no es imposible que el MAS, mediante la lucha de calles consiga finalmente las elecciones y retome el gobierno de Bolivia. Pero sin corregir los errores políticos, sociales, económicos y militares que impulsaron su caída, el ciclo de ascenso revolucionario y caída en el fascismo puede volver a darse. Y eso el pueblo boliviano lo ha padecido varias veces.
Les revolucionaries y latinoamericanistas de nuestro país, entre los que nos inscribimos desde el MULCS, confiamos en que las masas obreras, campesinas e indígenas bolivianas conquistarán definitivamente el poder, pese a sus enemigos de clase, a la oligarquía boliviana, al imperialismo yanqui y de la Unión Europea.