08/05/2022
Un conjunto de organizaciones políticas y sociales, entre las que se encontraba el MULCS, junto a Alberto Santillán y otros familiares de Darío y Maxi marchamos el 9 de mayo a la Corte Suprema de Justicia para reclamar Justicia completa por Darío y Maxi.
A veinte años de su asesinato, los responsables políticos y quienes dieron las órdenes de disparar siguen en libertad. Eduardo Duhalde, Felipe Solá, Aníbal Fernández, Oscar Rodríguez, entre otros, siguen impunes. En tanto que los ex policías bonaerenses y asesinos de nuestros compañeros, Alfredo Fanchiotti y Alejandro Acosta, podrían ser beneficiados con la libertad condicional.
Documento y convocatoria de la Comisión:
En estos casi 20 años de aquella represión hemos logrado que los asesinos materiales, el ex comisario Alfredo Fanchiott y el ex cabo Alejandro Acosta ambos de la policía bonaerense, sean condenados a cadena perpetua. Sin embargo, los reiterados pedidos de la defensa de los asesinos que buscan sus libertades condicionales o salidas transitorias, nos ponen en alerta. Es por eso que convocamos a los más amplios sectores a que repudiemos con firmeza la simple posibilidad de libertad de quienes dieron muerte a nuestros compañeros.
De todos modos, el mensaje central de esta concentración, está relacionado a que estamos por cumplir 20 años de impunidad. Veinte años en donde el Poder Judicial miró para otro lado. Casi veinte años en donde los responsables políticos nunca fueron ni siquiera citados para consultarlos qué pasó aquel día 26 de junio del 2002 desde el gobierno nacional que encabezaba Eduardo Duhalde. No obstante esto, hemos transitado todo este tiempo sin ni un avance en la investigación. Esto es así porque hay una evidente colaboración entre los distintos poderes del estado y los diferentes partidos del poder, para garantizar la impunidad de la que gozan los miembros del establishment de nuestro país. Hoy la causa federal que investiga las responsabilidades políticas de Eduardo Duhalde, Alfredo Atanasoff, Oscar Rodriguez, Aníbal Fernández, Juan José Alvarez, Carlos Rukauf y otros miembros del gobierno nacional de entonces, alterna entre estar absolutamente detenida a tener algunas declaraciones testimoniales y que la mantiene en la primera instancia del proceso. Estos movimientos de la causa sumado a la expresión callejera de las familias y las organizaciones, empujan al poder judicial para que exista una estrategia de investigación. Sin embargo el avance es por demás lento.
Sostenemos que la Masacre de Avellaneda configuró un flagrante Crimen de Estado.
El operativo criminal de aquella jornada tuvo un momento previo de maduración y búsqueda de consenso social desde arriba. Para su puesta en práctica, les pareció que solo hacía falta estigmatizar a un sector del pueblo, en este caso al movimiento de desocupadxs que desde abajo protestaba por la tremenda situación social, económica y político-institucional que se vivía en nuestro país como producto de las imposiciones del FMI. Es así que varios días previos, el gobierno nacional comenzó con una campaña a través de todos los medios de comunicación hegemónicos. La temática fue demonizar al movimiento piquetero. Decir que éramos subersivxs, que estábamos aliados a las Farc, que hacíamos prácticas de entrenamiento militar, para luego pasar a decir que si cortábamos el puente era una declaración de guerra. La preparación del terreno social para el plan represivo orquestado desde las más altas esferas del gobierno, envalentonó a Eduardo Duhalde a emitir la orden de no cortar el puente. Esa orden es la de mayor importancia dentro de una cadena de mandos que llega hasta los policías asesinos. Esa orden fue fundamental para que el operativo realizado por la Policía Bonaerense, la Policía Federal, la Gendarmería y la Prefectura, comandados por la ex SIDE, termine con dos muertos y más de treinta heridxs con balas de plomo.
Duhalde en su gobierno provisional, decidió dar un escarmiento al movimiento popular que nos manifestábamos en las calles, las rutas y los puentes. Quería demostrarle a los Organismos Internacionales de Crédito que él podía controlar el conflicto social y así poder implementar los ajustes que proponían el FMI y el Banco Mundial entre otros. Pero además tenía aspiraciones de convertirse en presidenciable. Es decir, que quería ser presidente democráticamente elegido. Para eso el control del conflicto social era sumamente necesario, no solo para gobernar sin conflicto, sino por otra razón más importante en su supuesta carrera presidencial. Esto era recuperar el tejido social que poseían los punteros barriales, histórica construcción del Partido Justicialista y que Chiche Duhalde reforzara con el trabajo de “las manzaneras”. Eso le permitiría volver a tener el poder territorial que supo ostentar en su mejor momento. Sin embargo, la falta de respuesta de los sectores tradicionales a las necesidades de las familias desocupadas, originó un corrimiento de esos activos barriales a los movimientos piqueteros. Esto preocupaba a Duhalde y fue otro de los motivos por los cuales tomó la decisión de llevar a cabo el operativo del 26 de Junio del 2002 en la ciudad de Avellaneda. La utilización de todos los recursos del Estado para planificar y llevar adelante una represión con muertos y heridxs, por las aspiraciones políticas de un sector que lo que pretendía era continuar aplicando las políticas del FMI y los grandes centros de poder, sin importarle si para lograrlo tenía que reprimir, encarcelar o matar.
Nos llena de rabia ver a casi dos décadas de la Masacre de Avellaneda, cómo las viejas artimañas de los sectores del poder siguen repitiéndose, avalando y perpetuando la persecución a los sectores que luchan por transformar las desigualdades de éste sistema.
Es una necesidad histórica que las estructuras del estado abandonen de una vez el más violento disciplinamiento hacia quienes sueñan un mundo diferente, y comiencen a estar a la altura de los intereses de las grandes mayorías, en éste caso acompañando y propiciando la búsqueda de Justicia Completa por Darío Santillán y Maximiliano Kosteki.
Es por eso que a casi 20 años de Impunidad, denunciamos que la Masacre de Avellaneda es un Crimen de Estado. Frente a la Corte Suprema de Justicia, y a lo largo y lo ancho de todo nuestro país gritaremos bien fuerte:
Justicia Completa YA por Darío Santillán y Maximiliano Kosteki!
Juicio y Castigo a los Responsables Políticos!
La Masacre de Avellaneda es un Crimen de Estado!
