7/10/2021
El 5 de octubre se realizó el segundo encuentro de formación para un nuevo activismo en la clase trabajadora, una iniciativa del sector sindical del Movimiento de los Pueblos. En esta oportunidad contamos con la participación de Mariana Fernández Massi, investigadora de CONICET, y de Javier Beccaria, abogado laboralista, quienes aportaron datos y visiones muy profundas, herramientas imprescindibles para anticiparse a la ofensiva del capital sobre nuestras condiciones de trabajo y de vida y hallar las herramientas para enfrentarla.
Se inició con un video introductorio (https://youtu.be/7sfIKbwv9gk)) que ilustra la situación de quienes trabajan en plataformas en las que una parte de sus trabajadores pugna por sindicalizarse, contra la idea de que “sos tu propio jefe”.
Mariana Fernández abrió con un gráfico que ilustra una investigación de su coautoría: Informalidad laboral: diagnósticos comunes e intereses en disputa. https://www.researchgate.net/publication/353381883_Informalidad_laboral_diagnosticos_comunes_e_intereses_en_disputa
En este trabajo, la compañera refuta la falacia de que el carácter protectorio de la legislación laboral atenta contra la creación de empleo. Esta afirmación tiene expresión parlamentaria en el proyecto de Lousteau para terminar con la indemnización por despido, pero la experiencia de los últimos treinta años demuestra lo contrario:
1. El crecimiento económico (como ocurre en la actualidad) no repercute en la misma medida en la creación de empleos.
2. El cercenamiento de la protección de les trabajadores (de Menem en adelante) no subió la tasa de empleo. El resultado fue lo contrario a lo declamado.
Cuando hubo cambios regresivos en términos de legislación laboral, éstos determinaron mayor desocupación y trabajo no registrado. Y al revés, cuando hubo mejoras parciales en las condiciones de trabajo, la tasa de empleo mejoró.
Las políticas públicas abordan el trabajo no registrado en 4 dimensiones:
- La tributaria (el “costo salarial” provoca mayor carga impositiva, mayormente, el discurso del empresariado)
- La socio-institucional (la inspección deficiente promueve ese tipo de empleo)
- La macroeconómica (un piso de informalidad que parece no poder perforarse, que crece en tiempos recesivos y decrece en tiempos de crecimiento)
- La estructural (un piso del 30% de informalidad, dependiente del tipo de actividad, y que puso en cuestión el kirchnerismo: “para crear empleo hay que crecer” y lo consiguió hasta cierto punto).
Sin embargo, la mayoría de las políticas públicas se centró en las primeras dos dimensiones. El macrismo en 2017, no logró la reforma laboral, después de las movilizaciones de diciembre, pero sí la reforma tributaria, que cargó los costos sobre las pymes a favor de las empresas de servicios.
Respecto de la dimensión socio-institucional, el Estado incide pagando por 6 meses el 50 % de los sueldos de las trabajadoras de casas particulares, pero sin inspecciones, prevalece la impronta de clase, de reducción a la servidumbre, por ejemplo, en countries y barrios privados, donde no existe necesidad de subsidiar el trabajo doméstico.
La “modernización laboral”: Las mentiras de la visión empresaria
Más allá de la dimensión tributaria, se ataca como anacrónica (Lousteau) la actual legislación laboral argentina en nombre de la modernización laboral y de la “mochila laboral” de la indemnización. Cuando dicen que es necesaria la modernización en las relaciones laborales, hay que explicitar en qué consiste.
Esta “modernización” poco tiene que ver con cambios tecnológicos. La tarea remota trae nuevas modalidades que imponen nuevos reclamos, como el del derecho de desconexión, dada la naturalización de llamadas y mensajes a deshora, etcétera.
En nuestro país, lo que más cayó respecto de 2002 fue el trabajo privado, mayormente en la industria, que es donde se encuentran las mejores condiciones laborales y salariales y, a la vez, la mayor tasa de sindicalización. En el mismo lapso creció el empleo estatal; en particular, en las fuerzas de seguridad, que constituyen el 50% de éste, contra la idea del incremento sostenido de la demonizada administración pública.
Si la legislación laboral implica un “paraguas protectorio” porque reconoce la asimetría de poder entre las partes, la tendencia de hecho es dejar fuera del “paraguas a cada vez más trabajadores. Tal es el caso de la relación laboral encubierta con el monotributo, con asalariades no registrades, con trabajadores “por cuenta propia” e incluso, “independientes”, tanto en la administración pública como en la actividad privada. En esta última, la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) alcanza cada vez a menos trabajadores.
En la actual correlación de fuerzas contraria a nuestra clase, no es lo más sensato negociar nuevos CCT.
Esto repercute también en que cada vez menos trabajadores tengan derecho a una indemnización por despido (¡y que incluso algunes la vean con buenos ojos!).
Hoy muches jóvenes se oponen a la idea de ser asalariades y festejan una mayor flexibilidad horaria. Pero cabe preguntarnos: ¿quién la define, el empleador o el empleado? En esta franja, hay consenso de gran cantidad de trabajadores con su precariedad.
Resumiendo:
- La legislación no es el principal factor que crea o destruye empleo.
- El alcance del marco normativo vigente es cada vez más limitado.
- La reconfiguración de los tiempos y espacios de trabajo hace necesarias nuevas formas de protección.
- Aquello que parece adecuado en términos individuales, puede no serlo en términos sociales.
La legislación laboral en nuestro país: Cambios contra les trabajadores
A su turno, Javier Beccaria expuso sobre nuestra legislación laboral y reivindicó la LCT aprobada en 1974, posteriormente cercenada por la dictadura de 1976 y en sucesivos gobiernos constitucionales. Dicha ley expresaba una correlación de fuerzas mucho más favorable a la clase trabajadora por aquel entonces, respecto de las épocas que sucedieron, hasta este presente en que se pretende avanzar contra las indemnizaciones por despido.
So pretexto de que, si se abarata el precio de la fuerza de trabajo en nuestro país, vendrá el aluvión de inversiones (falacia ya desmentida con contundencia por Mariana), también se aspira desde arriba a eliminar otros factores que hacen al “costo”, como la obra social, ART, etcétera, mucho mayor que el de algunos vecinos como Brasil, Colombia y Uruguay.
La legislación actual garantiza la estabilidad relativa de les trabajadores de la actividad privada y sanciona el despido sin causa, por lo que la indemnización tiene la doble finalidad de resarcir a la persona echada y punir económicamente a la parte empleadora que tome la decisión.
Ésa es la “mochila” a la que se hace referencia y a la que se quiere reemplazar por un “seguro de garantía de indemnización”, similar al régimen de AFJP, en el que el Estado nacional sería el garante y, a semejanza del fondo de desempleo en la construcción –instaurado durante la dictadura de Onganía-Lanusse-, el aporte correría por cuenta de la patronal y del trabajador por partes iguales y al retirarse (por despido o por voluntad propia), percibiría la cifra acumulada en cuotas mensuales.
Con la clase trabajadora paralizada, sobre todo durante la pandemia, se flexibilizaron varios convenios colectivos de trabajo (modalidad que ya venía practicándose desde el macrismo) y, con causas y figuras “truchas”, se multiplicaron los despidos, pese a su actual prohibición.
Flexibilizar es precarizar
Javier advirtió, igual que Mariana, sobre las palabras: “flexibilización” encubre en esta época el concepto de “precarización”, ya que la primera palabra representa un concepto erróneo que aprueba, por ejemplo, gran cantidad de jóvenes de entre 18 y 25 años de edad, cuyos padres vivieron con contratos – basura, que no conocen u objetan la sindicalización y los derechos y conquistas de nuestra clase, por lo que es muy difícil que los entiendan y reivindiquen.
En esta camada de trabajadores que no quieren ejercer el derecho a sindicalizarse, que ven con buenos ojos la posibilidad de cobrar su seguro, equiparando así el despido con la decisión de renunciar, radica el peligro de que la legislación regresiva tenga el consenso de sus víctimas.
Tras las intervenciones se produjo un rico intercambio entre compañeres estatales, docentes, de la salud, de servicios y provenientes de la industria.
Esto permitió constatar y reforzar el concepto de que la precarización es de las condiciones de trabajo de la clase trabajadora en su conjunto, que llegó a todos los sectores productivos mucho más que en los 90 y, a su vez, surgieron sindicatos específicos, como vigilancia y limpieza, cuyas burocracias influyen contra los derechos del conjunto.
Entre muchos testimonios aportados a las múltiples formas de precarización, se puede destacar como ejemplo la industria siderúrgica, que desde1975 las conquistas de su convenio colectivo se vinieron perdiendo sistemáticamente en la práctica, lo que constituye una reforma laboral de hecho. En SIDERAR, la tercerización llegó al 50% de los puestos: mantenimiento, comedor, logística, vigilancia, etc. Cabe recordar que se trata de una empresa del grupo Techint, cuyo representante Funes de Rioja es uno de los arietes de la “modernización”.
Por último, se consideró fundamental la formación y el compartir experiencias de las luchas que hoy aparecen desconectadas entre sí, entendiendo que hay que unir fuerzas para parar el avance del capital y, en un futuro, empezar a avanzar.