por Jorge Montero
2/7/2020
“Acá hay tres clases de gente: la que se mata trabajando, las que deberían trabajar y las que tendrían que matarse”. Mario Benedetti
El mundo ingresa a un período de crisis económica en cadena. En última instancia está el cuello de botella representado para el capitalismo por el excedente inmanejable de mercancías. La coyuntura excepcional que vivimos acelera el desarrollo de dos de las leyes fundamentales del sistema de producción: la centralización de capitales, y el aumento de la explotación relativa y absoluta del trabajo humano. Con la pandemia como argumento y el confinamiento social como excusa, se está llevando a cabo un proceso feroz de absorción de riquezas en cada vez menos manos, mientras que la debilidad de la clase trabajadora le imposibilita defender el precio de la fuerza de trabajo.
Las cifras de ininterrumpidos despidos, suspensiones, rebajas salariales -acordadas o no por los sindicatos-, la pulverización de los derechos laborales, la quiebra de miles de pequeños comercios a raíz del desplome de la actividad económica, la proliferación de ollas populares en un importante esfuerzo por mitigar el hambre y la miseria, son una radiografía de la situación que atravesamos las mayorías populares en nuestro país.
Queda expuesta en toda su magnitud la lógica objetiva del régimen de producción capitalista basado en la competencia, que impone a cada capitalista individual la necesidad de bajar los costos de producción – entre los que destacan las medidas de higiene y seguridad – para no ver reducidos sus márgenes de ganancia y, por ende, no ser desplazado del mercado por otros capitalistas. La reducción de personal, los altos ritmos de producción, la ausencia de elementos de seguridad, la extensión de las jornadas y los ambientes laborales insalubres desencadenan múltiples riesgos para la vida de les trabajadores. A pesar que la salud laboral es una problemática que afecta a todos los sectores del trabajo sin excepción, que ha sido impactada directa y fuertemente por los procesos de flexibilización laboral y de cambios en la organización del trabajo y la producción, aún no es reconocida socialmente como prioritaria, y por lo tanto el reclamo continúa siendo aislado y en aquellos sectores asalariades mejor organizades.
En síntesis, Argentina afronta a plazo fijo el riesgo de una tremenda convulsión, con base en la desarticulación del aparato productivo, con raíces estructurales llevadas al paroxismo por la cuarentena, combinado con un colapso sanitario. Si el planeta tiene como primera referencia para la situación actual el colapso de 2008, en Argentina ese punto está en el estallido de 2001. A eso parece tender la crisis actual, sólo que en un cuadro incomparablemente más grave que en aquel momento. La pregunta es entonces: ¿Qué papel cumplirá ahora la clase trabajadora?
El costo laboral
Las reivindicaciones respecto a la salud laboral han estado presentes en las luchas obreras desde hace más de 170 años, ya que la insalubridad de los centros de trabajo y sus efectos devastadores sobre les asalariades fueron notorios desde el inicio mismo de la industrialización. Sin embargo, las demandas de salud planteadas por el movimiento obrero han ido variando.
En un principio, las reivindicaciones sanitarias más sobresalientes fueron la reducción de la jornada laboral y la regulación del trabajo infantil y femenino, ambas cuestiones encaminadas a frenar la expoliación brutal de la fuerza de trabajo.
Posteriormente, y con el desarrollo de la medicina moderna en el siglo XX, las luchas obreras se centraron en lograr el acceso a los servicios médicos y el pago por daños sufridos en accidentes y por la exposición a sustancias nocivas en el trabajo. En esta etapa, la estrategia del movimiento obrero era garantizar la subsistencia de les trabajadores a través de la seguridad social y la monetarización del daño laboral. Es decir, se buscaba esencialmente generar condiciones que impidieran que la enfermedad o el accidente lanzaran a la miseria a las familias trabajadoras.
La consigna levantada por el movimiento obrero: “La salud no se vende, los riesgos se eliminan”, marca no sólo una nueva etapa de lucha, sino potencialmente un cambio de concepción profundo. Una verdadera rebelión contra la idea de lo inmutable de la organización capitalista del trabajo tal como se expresa en el proceso laboral; ya que plantea la necesidad y posibilidad de transformar aquellas condiciones de producción que desgastan y mutilan a les trabajadores. Esta etapa de lucha por la salud y seguridad laboral, que en nuestro país no casualmente se expresa en las décadas de 1960 y 1970, muestra una maduración del pensamiento y la práctica obrera que prefigura un cambio cualitativo, que tiene su representación política con el “Cordobazo” en 1969.
A partir de esta realidad insurgente, el movimiento obrero va gestando formas novedosas de participación y representación, que desempeñarán un papel central durante los años siguientes. Unidad de clase y democracia de base como fundamentos de una política de ofensiva de los trabajadores, por una parte, y de disputa contra la organización capitalista del trabajo y de la sociedad, por la otra.
“Eliminar la subversión industrial” era la demanda histórica de la burguesía y sus partidos políticos a las Fuerzas Armadas. El control obrero sobre el proceso productivo oteaba sobre el horizonte.
Terrorismo de Estado mediante, Juan Alemann, secretario de Hacienda de la dictadura, definió con meridiana claridad para el diario La Nación el camino seguido por las clases dominantes: “Nosotros liquidamos la subversión, derrotamos al movimiento sindical y desarticulamos a la clase obrera. Todo lo que vino después fue posible por nuestra labor.”
En julio de 1994, la Confederación General del Trabajo (CGT) firma con el gobierno de Carlos Menem y las cámaras empresarias el “Acuerdo Marco para el Empleo, la Productividad y la Equidad Social”, que dio el sustento ideológico al proceso de flexibilización laboral y de despojo a les trabajadores.
Un año después el tándem Menem-Cavallo promueve la Ley 24.457 de Riesgos de Trabajo (LRT), promulgada por el Congreso en septiembre, y reglamentada el 21 de febrero de 1996. El apoyo incondicional de los sectores patronales, la aparición de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART), y el silencio cómplice de la dirigencia sindical que “consensuó” la reforma, demuestran con palmaria claridad quienes han sido los ganadores y quiénes los grandes perdedores.
La integridad psicofísica de les asalariades queda, desde entonces, en manos de las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo. Grupos económicos como Galeno, Swiss Medical, Werthein, Omint, entre otros, que tienen la potestad de determinar la incapacidad de los/as trabajadores/as accidentados o víctimas de un listado infame de enfermedades laborales; de determinar si esas lesiones o enfermedades son o no de origen laboral y, en definitiva, abonar o no las indemnizaciones derivadas de esas incapacidades. En síntesis, poner al zorro a cuidar el gallinero. Simplemente, como dato de color, las principales 9 aseguradoras facturaron en 2018 -último año registrado- nada menos que 84.588 millones de pesos.
Las múltiples sentencias de inconstitucionalidad dictadas por los tribunales laborales, dejaron a la ley de Riesgos del Trabajo agujereada como un queso gruyere. Para tratar de recauchutarla, la presidenta Cristina Fernández sancionó en el año 2012 la ley N° 26.773, bautizada como “ley Mendiguren” en alusión al entonces titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), que la impulsó fervientemente y la saludó con beneplácito.
En esencia, la modificatoria legal tuvo por finalidad sortear las impugnaciones de los jueces, limitar abiertamente las posibilidades de los trabajadores de reclamar mejores indemnizaciones y, estratégicamente, ratificar y consolidar el régimen perverso de las ART bajo su funcionamiento de lógica financiera, y cuyo nivel de concentración económica queda de manifiesto en el hecho de que las primeras cuatro empresas aseguradoras pasan a controlar el 57% del “mercado”. La reforma fue aprobada en el Congreso el 25 de octubre de 2012.
El sindicalismo empresario tampoco quedó fuera del pingüe negocio. Previo a la reforma, el Gobierno promulgó el decreto 1720/2012 que habilita a las cámaras empresarias, asociaciones de empleados y sindicatos con personería gremial, a crear ART- MUTUALES, obligando a la utilización prioritaria de los servicios de las obras sociales sindicales en las prestaciones previstas por el régimen. Para profundizar el despropósito, entonces un trabajador no conforme con las condiciones de trabajo o con la indemnización ofrecida, deberá oponerse no sólo a la patronal o la ART, sino también a su propio sindicato.
Finalmente, el 24 de febrero de 2017, el gobierno de Mauricio Macri reglamentó la ley 27.348 que reforma el régimen de las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (ART), sancionada la semana anterior durante una sesión especial de la Cámara de Diputados. Argumentaron nuevamente el subterfugio de “terminar con la industria del juicio” – eufemismo que patentó Domingo Cavallo -, siempre en sentido opuesto a los intereses de asalariados/as, sin debatir sus grandes falencias y agravando sus peores rasgos. En esta ignominiosa extorsión, coincidieron desde las cámaras empresarias y la UART (Unión de Aseguradoras de Riesgo del Trabajo), hasta la Confederación General del Trabajo y todos los partidos políticos patronales: PRO, radicalismo, peronismo y reformismos de diferente pelaje.
Una vez más se decidió sobre un tema que afecta la salud y la vida de trabajadores y trabajadoras, sin que haya una participación acorde con la gravedad de lo que está en juego por parte del conjunto del movimiento obrero.
Datos de un Genocidio
Según las estadísticas siempre sospechadas de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), en 2017 se notificaron entre accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, accidentes ‘in itinere’ (es decir sucedidos durante el desplazamiento del trabajador entre su domicilio y el lugar de trabajo): 580.328 incidentes y 743 muertes notificadas por las empresas. Aun recelando de estas estadísticas, las cifras son siniestras.
Por supuesto estos datos no contemplan los casos de trabajadores y trabajadoras informales o “en negro”, por lo que las cifras reales son mucho más elevadas. Para las estadísticas oficiales el 35% de la población activa no se encuentra registrada. Incluso si se aplicara la metodología sugerida por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) la cifra escalaría hasta el 47%. Otros datos privados, por ejemplo los del Observatorio de la Deuda Social de la UCA (Universidad Católica Argentina), elevan aún más el número hasta el 49,3%, antes de la pandemia. Es decir, que la mitad de los y las trabajadoras en el país están “en negro” en sus diversas modalidades.
Imprescindibles en esta etapa de crisis del capitalismo, la tercerización y flexibilización laboral permiten a las empresas bajar costos, eliminar responsabilidades y aumentar la explotación, al mismo tiempo que promueven diferencias de contrato y condiciones laborales, fomentando las divisiones y la competencia entre trabajadores, desorganizando y debilitando la fuerza del movimiento obrero.
Ejemplos sobran. La muerte del joven trabajador eventual de 21 años, Mariano Nicolás Sosa, pocos días atrás en la planta de AGD (Aceitera General Deheza) ubicada en Alejandro Roca, Córdoba, al quedar atrapado en una máquina Sin Fin, desnuda el sistema de trabajo perverso al que se ven sometidos quienes se incorporan a la producción.
La Federación de Trabajadores Aceiteros Desmotadores de Algodón (FTCIODyARA) no deja lugar a dudas en su denuncia: “Se trata de un nuevo hecho producto del claro incumplimiento de las normas de salud y seguridad laboral, en el que un joven trabajador eventual debió realizar tareas para las cuales no había sido debidamente capacitado. Responsabilizamos a Aceitera General Deheza por este grave hecho. A la empresa le corresponde la implementación de todas las medidas preventivas y de seguridad que garanticen la vida y la integridad de los trabajadores que desempeñan tareas en sus instalaciones.”
Para señalar que “desde el año 2016 se ha incorporado para todas las plantas bajo el Convenio Colectivo de Trabajo 420/05 la conformación de Comités Mixtos de Salud y Seguridad en el Trabajo (CMSST) en el acuerdo paritario firmado el 22 de abril de dicho año por la CIARA y la CIAVEC, cámaras patronales en las que se encuentra integrada AGD; acuerdo reafirmado por todas las partes en la paritaria 2018. Los Comités Mixtos son una muy importante herramienta, cuyo funcionamiento ha brindado resultados cuantificablemente positivos para las trabajadoras y trabajadores en los distintos establecimientos y debe ser conformado en la planta de AGD Alejandro Roca en pleno cumplimiento del Convenio Colectivo y los acuerdos firmados”.
FTCIODyARA no deja hilos sueltos en su acusación: “También señalamos que le compete responsabilidad al Estado en sus distintos niveles, que no ejerce sus funciones de control de acuerdo al mandato constitucional de garantizar condiciones dignas y equitativas de labor y la salud de las personas que trabajan. En este marco de Emergencia Sanitaria, la salud pública se encuentra ocupando un lugar central y prioritario de la sociedad y la clase trabajadora en particular, incluyendo los riesgos del trabajo. Es imprescindible cumplir con el Artículo 14 Bis de nuestra Constitución Nacional que ordena garantizar la protección de la integridad psicofísica de las trabajadoras y los trabajadores, y evitar más muertes obreras. Si es evitable, no es accidente.”
Son muy pocos los sindicatos que, como la Federación de Aceiteros, son capaces de enfrentar a las patronales y el Estado, priorizando la salud de sus representados. Y que, utilizando la herramienta de les “delegades de prevención”, tratan de impedir el asesinato constante de trabajadores y trabajadoras, disfrazado de accidentes o enfermedades laborales.
A partir de los “accidentes” mortales de tres trabajadores, producidas el 9 de septiembre de 2016 en la ciudad de Buenos Aires -David Ramallo de la línea 60, Diego Soraire, del INTA y Richard Alcaraz en una obra en construcción en Villa Crespo- se conformó el espacio “Basta de Asesinatos Laborales” (BAL), que convocó a familiares, compañeras/os de las víctimas y profesionales especializados en políticas laborales, exigiendo justicia por esas muertes invisibilizadas: “Las muertes de trabajadores/as no son hechos aislados sino el resultado del ahorro en salud y seguridad en el trabajo por parte de las patronales… Si pudieron evitarse, no son accidentes, son asesinatos”.
En marzo de este año, poco antes de comenzar la cuarentena por la enfermedad infectocontagiosa, el BAL dio a conocer su segundo informe, correspondiente a 2019. El estudio, que se vale de fuentes periodísticas y sindicales, concluye que durante ese año hubo 534 casos de muertes en los lugares de trabajo de las cuales 200 se produjeron en el marco de una relación laboral no registrada. Con todo, el estudio limita su alcance a los siniestros ocurridos en los lugares de trabajo y no a aquellos que se produjeron bajo la modalidad “in itinere” (en los viajes entre el domicilio y el lugar de trabajo), que la legislación vigente reconoce responsabilidad de las patronales. El resultado es alarmante, e indica que, en días laborales, se produce un deceso evitable cada 14 horas.
Analizando los casos con mayor desagregación surge que el sector más afectado, con un 19% del total, es el del trasporte y en particular de cargas como resultado de “jornadas agobiantes y falta de mantenimiento de vehículos”. Luego se ubican las muertes en el sector de la construcción (16%), donde el empleo no registrado, según relevamientos oficiales, supera el 40% de los trabajadores. Los decesos se producen por caídas de altura o derrumbe de edificaciones que indican condiciones precarias de trabajo. Algo similar ocurre en el sector agrícola y pesquero donde el 50% de los trabajadores/as lo hacen sin registración dificultando aún más la identificación cuantitativa de los decesos (14%). En la pesca, al tratarse en gran parte de ahogamientos, los casos se encubren detrás de la figura del “desaparecido”. El relevamiento sigue con decesos entre empleades públicos y docentes; y ubica a la industria, presumiblemente con un menor grado de precariedad laboral, como responsable de una cada diez muertes, al igual que el comercio.
A la hora de identificar responsabilidades, el BAL hace centro en las patronales, pero también en el Estado a través de sus diversos poderes (particularmente el judicial) que, además, también carga con muertes de empleados/as cuando oficia de patronal. Simultáneamente, se manifiesta la “complicidad de la burocracia sindical” que omite la discusión de las condiciones de seguridad e higiene en las discusiones paritarias, así como la creación de comisiones obreras para el control de las mismas en los lugares de trabajo.
Por último, el espacio pone el foco en otra problemática muchas veces invisibilizada que es la de las enfermedades laborales, y que a partir del virus Covid-19se redimensiona entre las y los trabajadores. El estudio lo transparenta: “hay asesinatos laborales que ocurren en segundos mientras que hay otros que se producen lentamente”. El informe destaca que a pesar de que la OIT considera que “las enfermedades laborales causan entre el 70 al 80% de las muertes relacionadas con el mundo del trabajo -en la Argentina- se estima que causan solo el 3%”. Se trata de envenenamientos (uso del glifosato, amianto, hidrocarburos aromáticos) y enfermedades recurrentes (cervicalgias, lumbalgias, hernias de disco, tendinitis, túnel carpiano, pérdida de falanges), así como dolencias psicosomáticas causadas por stress, que matan y envejecen prematuramente a los y las trabajadoras pero que “las ART niegan y las atribuyen a enfermedades preexistentes”, porque las mismas aseguradoras tienen como “único objetivo la acumulación de ganancias”.
Sin dudas, las sucesivas leyes de seguridad e higiene y sus modificaciones han reforzado la lógica indemnizatoria del sistema en detrimento de una política de prevención en los lugares de trabajo.
Llega el Covid-19
La crisis estructural que atraviesa al país desde hace décadas eclosionó con la llegada de la enfermedad infectocontagiosa Covid-19, y esto ha profundizado las penurias de las y los trabajadores, ante la demanda patronal de poner en marcha a cualquier costo los establecimientos laborales y la producción.
El sector más afectado es el de les trabajadores de la salud. A poco más de tres meses de declarada la emergencia sanitaria, según los datos publicados oficialmente el pasado 8 de junio, representan un 14,9% del total de los infectados -más de 3.650 en el país- sin contar al sector de tercerizados de los cuales no hay estadísticas. Dentro de este alarmante porcentaje, se cuenta la muerte de 14 trabajadoras y trabajadores entre médicos/as y enfermeros/as. Casi todos pertenecientes al grupo de riesgo que no había sido licenciado o que lo había sido, pero en forma tardía.
Los casos recientes del fallecimiento del enfermero Julio Gutiérrez del Hospital Durand en la ciudad de Buenos Aires, tras numerosas denuncias por la falta de equipos de protección personal adecuados en el nosocomio; o de la enfermera María Esther Ledesma en el Hospital Gandulfo de Lomas de Zamora, a quien se negó seis veces la licencia por pertenecer a grupo de riesgo; no solo suman dos nombres más a la estadística, sino que dan cuenta de muertes bajo responsabilidad absoluta del Estado. La demanda continúa siendo la misma desde el comienzo del confinamiento: “¿Por qué no se cuida a los que cuidan?”
Otro de los sectores que está siendo duramente golpeado por la pandemia es el de los empleados de los grandes supermercados. Mientras el Sindicato de Empleados de Comercio dirigido de forma vitalicia por Armando Cavalieri, cerrado hace tres meses y medio, asegura que sigue “en detalle” las situaciones de contagio que se presentan a diario y el cumplimiento de los protocolos sanitarios por parte de las empresas; los datos suministrados por les trabajadores hablan de más de 600 infectados. Vimos días atrás las bochornosas imágenes en el supermercado Coto de Lanús. Cuando el energúmeno gerente de operaciones, Eduardo Búfalo, agredió a los inspectores municipales con el propósito de invisibilizar que todo el personal del sector carnicería, al menos 35 trabajadores, se encontraba infectado con el virus. La misma actitud asumieron los laderos de Alfredo Coto en Quilmes y Retiro. Los locales continúan hoy abiertos normalmente.
Sólo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) ya son al menos 444 los trabajadores y trabajadoras que han contraído covid19, producto de la desidia patronal. La mayor cantidad de casos, denuncian les trabajadores, corresponden a filiales de COTO 158, a las sucursales de Carrefour 129, mientras que otros 70 son de la cadena del conglomerado chileno Cencosud, dueños de supermercados Disco, que no sólo se niegan a cerrar las sucursales en las que hay contagios de Covid-19, sino que hacen rotar al personal por ellas, multiplicando los riesgos.
La excepcionalidad de la situación, donde el retroceso de los autoservicios “chinos” que por diferentes motivos han debido cerrar más de 200 locales -algunos porque sus dueños quedaron varados en sus vacaciones en China, otros ante una manifiesta sinofobia al ser el país originario de la epidemia-, permitió a los grandes supermercados como Carrefour, Coto, Disco, La Anónima y otros, incrementar un 15% neto su volumen de ventas. Las exigencias hacia el personal se multiplican y, en no pocos casos, han actuado como un revulsivo en la conciencia de los y las trabajadoras de los comercios, que multiplicaron los conflictos con sus demandas por condiciones de trabajo dignas y elementos de protección personal adecuados en su labor diaria.
Por supuesto que no hay barreras para el virus que penetró también en las fábricas. Es lo que ocurrió, por ejemplo, en la alfajorera Vimar y la chocolatera Felfort, donde el contagio de ocho trabajadores fue respondido por les delegades gremiales – otra vez la primera línea de defensa de los trabajadores – recurriendo a un paro para lograr el cierre de la planta hasta tanto se conozcan los resultados de otros hisopados. Mientras denunciaron a las patronales “por no respetar ni siquiera el insuficiente protocolo del gobierno. Habíamos advertido hasta el hartazgo que iba a suceder, pero nadie nos escuchó”.
Los trabajadores del neumático, agrupados en el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) vienen exigiendo desde comienzos de la cuarentena “un protocolo específico del neumático elaborado por el sindicato nacional junto con trabajadores y profesionales sanitarios”, ya que “los protocolos de Nación y Provincia son muy generales y las fábricas tienen particularidades”. El primer resultado de los desacuerdos obrero-patronales, se manifestó con el paro del pasado 17 de junio en la planta de Bridgestone en Llavallol, cuando los trabajadores del neumático confirmaron el contagio de un compañero y la negativa de la empresa de aislar preventivamente sus contactos laborales estrechos.
En lo que es un nuevo caso de irresponsabilidad empresarial en medio de la pandemia, la fábrica de botellas y envases de vidrio Cattorini Hermanos de Quilmes Oeste – cuyo funcionamiento no se detuvo durante todo el aislamiento social, preventivo y obligatorio – obligó a seguir concurriendo a sus puestos laborales a trabajadores que tenían síntomas de la enfermedad infectocontagiosa. Ante el reclamo de les trabajadores, la intendencia de Mayra Mendoza ordenó una inspección, para luego permitir el funcionamiento de la empresa. Ahora la fábrica tiene seis casos confirmados.
En el sector de la carne los delegados del Frigorífico Rioplatense, de General Pacheco en provincia de Buenos Aires, ante la negativa de la empresa de testear a los trabajadores que estuvieron en el mismo sector de tareas con tres obreros infectados, decidieron en asamblea tomar licencia hasta que la patronal acceda a sus reclamos.
Mientras el ministro de Transporte Mario Meoni afirmó, sin ponerse colorado, que “no hay trabajadores infectados en ninguna de las modalidades del transporte con coronavirus” resaltando el cumplimiento de los protocolos en las distintas empresas; les trabajadores ferroviaries dan cuenta de 68 casos positivos entre sus compañeros. Y los trabajadores del transporte automotor de pasajeros publican un relevamiento con la suma de 115 casos positivos de Covid-19 en todo el país, incluyendo tres compañeros fallecidos. En tanto el cuerpo de delegados de MONSA Línea 60 informa sobre el primer caso positivo entre sus choferes de ómnibus, mientras redoblan su vigilancia en las cabeceras para el efectivo cumplimiento de las normas de desinfección y prevención.
La exposición alcanza también a les bancaries. La Bancaria contabiliza ya 135 infectados y un trabajador fallecido. El sindicato firmó un protocolo con las cámaras recién el pasado 15 de junio por el cual cuando se comprueba un caso se realiza una desinfección del lugar «con un certificado que tienen que entregar a la organización gremial». Una de sus dirigentes explicó que el acuerdo se selló recién a partir de junio «porque empezó a subir la curva y la cantidad de casos concretos». Detalló, además, que el sindicato reclama que se finalice la instalación de mamparas y que los bancos se hicieran cargo del transporte de los trabajadores para que eviten el sistema público. «No lo aceptaron, aunque en muchas entidades lo están haciendo». Sin dudas la dirigencia sindical lo considera un avance, sobre todo si tomamos en cuenta que los primeros días de cuarentena se hizo viral la denuncia de una trabajadora del banco Macro, que había recibido de la patronal un corpiño como tapabocas.
Desafíos por delante
Hace 150 años Karl Marx comenzaba la publicación de “El Capital”. En su obra magna, sentenciaba: “El capital no pregunta por el límite de vida de la fuerza de trabajo. Lo que a él le interesa es, única y exclusivamente, el máximo de fuerza de trabajo que puede movilizarse y ponerse en acción durante una jornada. Y, para conseguir este rendimiento máximo, no tiene inconveniente en abreviar la vida de esa fuerza de trabajo…”
El incremento en flecha de la desocupación hace a les trabajadores más vulnerables a la extorsión de las patronales de aceptar pésimas condiciones de trabajo. Para explicar los accidentes y enfermedades laborales, es necesario analizar en forma integral como están organizados el trabajo y la producción. Las empresas diseñan procesos y ambientes de trabajo en función de la rentabilidad y la ofensiva patronal ha aumentado el número de accidentes, enfermedades y el sufrimiento en el trabajo, especialmente en lo que hace a dolencias nuevas y no reconocidas, con implicancias sobre la calidad de vida y las relaciones sociales y familiares de las y los trabajadores.
Ahora el virus Covid-19 amenaza con ir de casa al trabajo y del trabajo a casa. Si bien la responsabilidad debería recaer en las empresas y las autoridades gubernamentales, el control efectivo -como se ha citado en diferentes ejemplos- depende del accionar de les propios trabajadores y trabajadoras, sus delegados y sindicatos. Denunciar lo que los medios de prensa callan, visibilizar las muertes y enfermedades laborales, y construir herramientas que, como los Comités de Seguridad e Higiene y les Delegades de Prevención, pueden ser las acciones más efectivas en defensa de la vida y la salud de las y los trabajadores.
El actual es un momento político de gran debilidad del movimiento obrero. En muchos lugares de trabajo cuando un delegado o activista quiere preparar la resistencia, mira para atrás y encuentra que tiene compañeras y compañeros estables, contratados, monotributistas, en negro. Entonces la primera gran tarea no pasa sólo por hacer frente a la ofensiva empresarial, sino por la construcción de un “nosotres”, como lograr la sensación de colectivo laboral cuando lo que hacen las patronales es dividirnos.
Por eso la lucha es fundamentalmente una batalla por las ideas y los sentimientos de las y los trabajadores. Es una pelea para desenmascarar las mentiras de los empresarios, por ejemplo, dejando de imaginar como “naturales” o inevitables las formas de trabajar que nos enferman diariamente, y para constituirnos en sujeto de cambio y transformación social.
En última instancia no se trata tanto de dilucidar cómo es el ataque de las patronales, que tiene poco de novedoso, sino de ver cómo se arman las líneas de defensa de las y los trabajadores; una vez más, como clase, deberemos recurrir a nuestra imaginación, nuestra fuerza y nuestra historia para frenar y revertir el avance del capital.
30-06-2020