por MULCS
18/7/2020
En diciembre pasado, el Gobierno del Frente de Todos asumió en medio de una grave situación económica y social. El gobierno de Macri había gobernado exclusivamente para los poderosos de nuestra sociedad: los bancos, los monopolios, los grandes grupos económicos de origen local. Esa política provocó, en tiempo récord, una nueva y descomunal crisis de la deuda externa: en sólo dos años agotó los créditos privados, reabiertos después de pagar a los “fondos buitres” a principios de 2016, contrajo un préstamo impagable con el FMI de 44.000 millones de dólares, y a principios de 2019 ya era imposible que la Argentina pagara esa deuda sin un ajuste sobre las condiciones de vida de nuestras mayorías populares. Al mismo tiempo, el macrismo atacó conscientemente los ingresos de jubilades, asalariades y de todos los sectores populares, y alineó a Argentina con el imperialismo yanqui y con el gran capital multinacional.
Pero la crisis estaba en desarrollo desde antes. Desde 2011, el país no tiene crecimiento económico, y atraviesa nuevamente la “restricción de divisas”, que es un rasgo recurrente de nuestro capitalismo dependiente. El Estado argentino consigue, a través de exportaciones, menos dólares que los necesarios para sostener esa economía dependiente. En esta realidad, esos dólares se precisan para pagar la deuda, para equilibrar las exportaciones que resultan deficitarias por su alto componente de insumos importados (como ocurre en la industria automotriz y electrónica), para sostener el consumo suntuario de los sectores burgueses y de parte de los sectores medios, para la fuga de capitales de la gran burguesía, y para el ahorro de quienes pueden hacerlo (que se realiza mayormente en dólares desde hace décadas).
Estaba claro, para los distintos sectores políticos dominantes y para el poder real de nuestro país, que hacía falta encontrarle una salida a una situación asfixiante. Claramente para los poderosos de siempre, y para las propuestas políticas que lo apoyan como Juntos por el Cambio o que buscan negociar con ellos como el sector mayoritario del Frente de Todos, esa salida debía darse sin cuestionar el modelo de dependencia económica y política en el que nos encontramos.
El proyecto político inicial del Frente de Todos
El nuevo Gobierno, dirigido por el PJ, surge de una estrategia política clara: unir a la mayoría de los sectores peronistas, para pelearle electoralmente al Gobierno del PRO, y limitar lo más posible las luchas populares para evitar ser obligados a radicalizar su discurso y su política. Como fruto de esa estrategia, Cristina Fernández le cedió la candidatura presidencial a Alberto Fernández, y se dio la tarea de contener como se pudiera a los sectores progresistas del kirchnerismo y a la izquierda que aceptara que la tarea central era derrotar por la vía electoral al Gobierno macrista. En algún momento, el propio Alberto Fernández lo dijo con claridad: hace falta un gobierno de centro, que resuelva los problemas con negociación y dialogando con todos (con todos los sectores de poder, podríamos agregar).
Con toda lógica frente a los sufrimientos a que nos sometía el Gobierno del PRO imperialismo, la mayoría de nuestro pueblo trabajador quería sacarse de encima a Macri como sea, y el peronismo consiguió llevar la bronca y el descontento a una salida electoral, que para las mayorías populares parecía más viable que la lucha masiva.
El peronismo trabajó para conformar una coalición electoral y de gobierno con dos objetivos centrales: derrotar electoralmente a Macri, y volver a un esquema político donde el Gobierno nacional negocie con el poder real, sin someterse completamente a ese poder, pero reconociéndolo como el actor principal de nuestra sociedad. Consiguieron el primer objetivo: formaron el Frente de Todos y ganaron las elecciones, incluyendo a la gran mayoría del peronismo, de la centro izquierda (de Nuevo Encuentro a Unidad Popular, a las direcciones de las CTA, y a la mayoría de las corrientes provenientes de Proyecto Sur y del PC), a los movimientos sociales organizados en el Triunvirato Cayetano (CTEP, CCC, Barrios de Pie, con un rol central de la Iglesia), y a los sectores provenientes de la izquierda que no cuestionaran la dirección política del peronismo.
La deuda eterna
Para asegurarse la gobernabilidad, y sobre todo para conseguir una negociación “exitosa” de la deuda externa (en una versión actualizada del canje de deuda de 2005), el Gobierno de Alberto Fernández se planteó la necesidad de discutir y acordar con los que mandan. Por eso buscó el apoyo de la Unión Europea, de Israel (primer viaje internacional del nuevo presidente), y del FMI (y en forma más indirecta, del poder real yanqui), para la negociación que les permita diferir los pagos de la deuda impagable, y asegurarse más recursos hasta 2023. De hecho, rechazó cualquier investigación de la legitimidad de la deuda externa contraída durante el macrismo, buscando repetir lo ocurrido en el primer gobierno de Kirchner: postergar el pago de la mayor parte de la deuda (después del default de Rodríguez Saá a fines de 2001).
Desde una perspectiva muy diferente, desde principios de este año numerosas organizaciones populares impulsamos la Autoconvocatoria por la suspensión de pagos e investigación de la deuda, planteando la ilegitimidad de una deuda contraída para beneficiar sólo a los propios prestamistas, y cuyo objetivo es sujetar económica y políticamente a los países dependientes al poder del FMI y el imperialismo yanqui. En esta amplia campaña, que incluye a figuras políticas tan importantes como Adolfo Pérez Esquivel y Nora Cortiñas, participan distintas corrientes políticas, varias de las cuales apoyaron o apoyan al Frente de Todos, pero donde todes coincidimos en que la deuda externa es ilegítima y odiosa, y que su profunda investigación es una tarea pendiente desde los tiempos de la dictadura militar genocida.
El juicio y castigo a los responsables de la deuda debe ser parte del juicio a los responsables del genocidio de la dictadura de 1976. Quienes ganaron, y siguen ganando, con la deuda eterna son parte de los responsables políticos de la dictadura militar en nuestro país, como en toda Nuestra América.
La pandemia y la aceleración de la crisis
Ante la pandemia, el Gobierno actuó inicialmente en forma correcta, aunque insuficiente, estableciendo una cuarentena en forma anticipada, y tratando de mejorar un poco el destruido sistema de salud de nuestro país. Por el correcto manejo de la situación, mantiene el apoyo pasivo de buena parte de la sociedad. Pero el incremento de la pobreza y de la desocupación, de la violencia policial e institucional (resultado de la terrible decisión de poner a las policías a controlar el cumplimiento de la cuarentena), el debate por la expropiación y/o el control estatal de Vicentín, fue poniendo al presidente y su equipo contra las cuerdas, y le brindó una oportunidad a la derecha de Juntos por el Cambio de rearmarse políticamente después de la derrota electoral del año pasado.
El Gobierno no supo, o no quiso, llevar adelante las propias medidas que anunció: no sostuvo la prohibición efectiva de despidos y de defensa de las condiciones laborales; no avanzó nunca con el impuesto a la riqueza; no puso todo el sistema de salud público y privado a trabajar en la atención de la emergencia, y ahora está retrocediendo con respecto a la estatización de Vicentín.
En el caso de esta empresa agroexportadora (una fugadora serial de granos y capitales), este retroceso significa un avance claro de la derecha, que levanta el derecho irrestricto a la propiedad privada aún para quienes estafan a trabajadoras/es, a productores y al propio Estado. Entendemos que la necesidad del control estatal del corrupto sistema de exportación de granos y aceites debe ser una bandera común de quienes planteamos que la crisis no la paguemos nuevamente les trabajadores y el pueblo. Pero las últimas intervenciones de Alberto Fernández fortalecen a la derecha (tanto al PRO y sus aliados, como al ala derecha de la coalición gobernante), y en la medida en que no logremos establecer el eje de la estatización y del cambio del modelo de agronegocios, disminuye el peso del movimiento popular.
El enemigo principal para nuestro pueblo trabajador está claro: el proyecto de Macri, bancado por los bancos y el imperialismo yanqui, es visualizado como enemigo de cada derecho conquistado. Desde que irrumpió con fuerza, desde abajo, el proyecto bolivariano en Venezuela, vivimos años de intensa disputa entre los proyectos populares (con contradicciones y limitaciones de distinto tipo) y el histórico proyecto de dominación yanqui de nuestro continente (su famoso “patio trasero”). En ese marco, el poder imperial fue consiguiendo distintas formas de aislar o derrotar a quienes no se alineaban directamente con ellos. En nuestro país, la derecha PRO yanqui logró llegar al Gobierno en 2015, tanto como reflejo de la ofensiva imperialista en Nuestra América como por el agotamiento o las limitaciones de la propuesta del Frente para la Victoria, que dirigía el kirchnerismo.
El Frente de Todos: Una coalición amplia y un árbitro ilusorio
El Frente de Todos le resultó muy útil al peronismo para ganar las elecciones, pero aun está por verse si es un instrumento adecuado para el gobierno que se propusieron. Es una coalición compuesta por sectores kirchneristas, junto a otros que se plantearon como antagónicos por “derecha” al kirchnerismo.
Entre quienes abandonaron al Frente para la Victoria por “derecha”, encontramos a dirigentes destacados de esos sectores, como Massa, uno de los interlocutores preferidos de la Embajada yanqui; y a Felipe Solá, responsable directo del modelo de la sojización y del agronegocio, y uno de los responsables de los asesinatos de Darío y Maxi en 2002. La mayoría de los gobernadores continúan con la costumbre de ser oficialistas de quien gobierne (tanto por convicción, como por los condicionamientos que impone la falsa Coparticipación Federal de los recursos estatales). Muchos de ellos son tan conservadores en sus prácticas como el macrismo puro: Manzur en Tucumán, Insfrán en Formosa, Uñac en San Juan, y siguen las firmas. Una parte importante de este sector lo forman muchos intendentes del conurbano, que están vinculados desde hace tiempo con el duhaldismo, tienen estrechas relaciones con la corrupta policía bonaerense y sus variados negocios ilegales (venta de autopartes robadas, trata de personas, narcotráfico).
Como ya señalamos, el Frente de Todos contiene también a un ala progresista, con distintas corrientes de centro izquierda y de izquierda. Estos sectores, con un peso importante en los movimientos territoriales y en los sindicatos docentes y estatales, ocupan un rol menor en este armado político, y sintieron que la perspectiva de estatización de Vicentín podía abrir un rumbo distinto, ahora frustrado por las propias declaraciones de Alberto Fernández. En distintas ocasiones, estos sectores progresistas son vistos con desconfianza por el PJ tradicional, que busca limitar su peso en espacios de poder (como ocurre en las intendencias del Gran Buenos Aires, o en el Ministerio de Desarrollo Social).
En base a esta relación de fuerzas internas, Alberto Fernández, que es un hábil político muy habituado a la negociación en el PJ y con los actores del poder real, intenta actuar como árbitro de la disputa interna, y pararse en el centro de la cancha. De esa forma, va anunciando medidas e iniciativas que provocan el reconocimiento de sectores opuestos, permitiéndole a las distintas alas sentirse incluidas en el proyecto de gobierno. En los años 70, se decía que Perón aplicaba una política similar, una política pendular…pero que el péndulo siempre terminaba a la derecha.
Frente a la ofensiva de la derecha, representada por Juntos por el Cambio, las grandes empresas agrupadas en la AEA (Asociación Empresaria Argentina, dirigida por los Grupos Techint y Clarín), pero también por el ala derecha del propio gobierno, Fernández cede y vuelve con la vieja idea de “unidad nacional”, es decir la subordinación a la gran burguesía argentina, y sobre todo a los dueños del poder real desde la dictadura (los bancos, el agronegocio, las energéticas y los monopolios). Se trata de un árbitro que por su propia ideología termina más preocupado por los “problemas” de los de arriba, que por los sufrimientos de las mayorías obreras y populares.
La imagen del acto del 9 de Julio con el Presidente junto a los representantes de los seis grandes grupos del poder empresario (UIA, Sociedad Rural, Cámara de la Construcción, Bolsa de Comercio, Asociación de Bancos, Cámara de Comercio), junto al solitario Daer por la CGT, es una muestra de lo que se viene. Alberto Fernández cree que necesita a los grandes empresarios para intentar la recuperación de la crisis económica, que se profundizó enormemente con el coronavirus. Para ese objetivo, no duda en juntarse con el propio Duhalde, con De Mendiguren y su Movimiento Productivo Argentino, ni en afirmar que proponer la expropiación de Vicentín fue un error. En ese contexto, incluso las escandalosas denuncias de espionaje del Gobierno de Macri contra dirigentes peronistas, organizaciones populares de distinto tipo, y hasta contra propios dirigentes del PRO, pueden convertirse en “monedas de cambio” de la negociación política, o diluirse en el tiempo, perdiendo visibilidad en la opinión pública.
Es una constante de la “política realista” argentina: ya lo decía el Viejo Vizcacha, hacete amigo del juez, no le des de que quejarse, que siempre es bueno tener palenque ande rascarse.
En forma recurrente, el Gobierno elige ceder ante el establishment en lugar de apoyarse en la expectativa popular que generan algunas de sus propuestas. El argumento que utilizaron en el período pre-electoral de 2019 era no movilizar para no perder apoyo ante eventuales “desbordes”, ahora argumentan que movilizar, incluso en forma simbólica, es peligroso por la pandemia o “le hace el juego a la derecha”. Esa política de desmovilización siempre favorece a la derecha, y al florecimiento de las ideas más reaccionarias.
El Gobierno le viene regalando el control de la calle a los sectores más reaccionarios, que se movilizaron nuevamente el 9 de Julio. La únicas respuestas de peso las dieron fueron las movilizaciones convocadas por la Federación Aceitera en Rosario y Reconquista (Santa Fe), que supo unir a un conjunto de sindicatos y organizaciones populares reclamando por les trabajadores de Vicentín y por el control de la empresa por parte del Estado y de sus trabajadores/as.
El imperialismo no perdona
Pero los que mandan en serio leen la situación a su favor, y piensan que la crisis es un buen momento para reforzar su poderío económico y político. Si perciben debilidad, golpean y exigen. Si en algún momento creen que el Gobierno (elegido masivamente para dejar atrás a Macri, al proyecto de los bancos y el agronegocio) está en el piso, aprovecharán para golpear más, para lograr aún más concesiones, y para debilitar no sólo al Gobierno actual sino sobre todo impedir la respuesta organizada de nuestro pueblo trabajador.
El poder de los bancos y los monopolios, sostenido por el imperialismo, no quiere gobiernos que busquen conciliar los intereses de los sectores dominantes con los intereses populares. En la etapa actual, en todo el continente el imperialismo necesita gobiernos subordinados a sus necesidades políticas y económicas. Quiere contener el avance de China, su adversario en la región, y preservar el dominio de su “patio trasero”. En la Argentina, desde la dictadura buscan derrotar definitivamente nuestra capacidad política y organizativa como movimiento obrero y popular. Les trabajadores y el pueblo hemos demostrado ser difíciles de domar, y ese sigue siendo el problema principal para los de arriba.
El movimiento obrero organizado, a pesar del peso de las conducciones burocráticas, sigue siendo un sector con una capacidad de resistencia superior a la de la mayoría de los pueblos de Nuestra América. El movimiento territorial, surgido con mucha fuerza en la década del 90 con el aumento de la desocupación y la precarización en los años menemistas, representa a un importante sector de nuestro pueblo que se organiza y resiste contra el hambre y la miseria. El movimiento de mujeres y diversidades, que lleva décadas de acumulación de experiencias en los Encuentros de Mujeres y ahora también de disidencias, consiguió mostrar ante los ojos de millones el peso del patriarcado en nuestra sociedad, que las tareas de cuidado que recaen sobre las mujeres sostienen el funcionamiento cotidiano del propia sistema, y que el derecho al aborto legal, seguro y gratuito tiene fuerte legitimidad social.
Nuestra organización popular es el principal enemigo a vencer para el poder del imperialismo y las transnacionales, que dominan en nuestro país.
No estamos en 2003: Diferencias con el primer kirchnerismo
El Gobierno de les Fernández intenta aplicar políticas similares a las que le dieron resultado para la recuperación capitalista en 2003: negociar la deuda y no pagar la mayoría de la deuda en una etapa; reconstruir un bloque que pueda discutir con el imperialismo yanqui y europeo; y recomponer la relación con les trabajadores asalariades a través de las conducciones sindicales tradicionales, después de un nuevo retroceso de nuestros salarios y condiciones laborales. Por supuesto, estas políticas se asumían sin modificar en nada el modelo agrosojero y la dependencia económica.
Pero las condiciones internaciones actuales son muy diferentes a las de entonces. En el terreno económico, nadie puede pronosticar cuánto se exportará, más allá de los precios de soja, granos y aceites, porque con la pandemia se desconoce cuáles serán las necesidades de mercados como China e India; se derrumban las exportaciones a Brasil, y la mayoría de los países capitalistas centrales tienden a resguardar sus propias economías, limitando el crecimiento del comercio internacional.
El marco internacional es muy distinto: la política norteamericana prevalece en la mayoría de los gobiernos de nuestra región, la política china tiene menos posibilidades después del golpe institucional en Brasil, y el bloque más firme y antiimperialista (Cuba y Venezuela) está a la defensiva, ante el renovado bloqueo económico, político y militar que promueve el Departamento de Estado yanqui. Una marca de la política “realista” que aplicó el peronismo, por lo menos desde 1983, es adaptarse a los tiempos internacionales: pasó con el menemismo y el apogeo del neoliberalismo. El kirchnerismo se expresó en clave latinoamericana y se alineó muchas veces con la política del PT de Brasil, en el mejor momento de la revolución bolivariana y del ALBA. En las condiciones de hoy, el gobierno de les Fernández viene balconeando la situación, pero termina volanteando hacia la derecha: desde el viaje inicial a Israel en enero, hasta la preocupación del canciller Solá “por las violaciones a los derechos humanos en Venezuela” de estos días.
A nivel internacional, antes de la pandemia, estábamos nuevamente en una crisis financiera, y el covid19 potenció enormemente la crisis. En este contexto, se retraen las importaciones, disminuye el consumo, y se hará más difícil para el Estado argentino conseguir recursos por la vía de aumentar las exportaciones.
En estas horas, estamos viendo cómo el Gobierno nacional cede a la derecha, a las empresas y a los grandes medios de desinformación en la flexibilización de la cuarentena. Los riesgos de flexibilizarla aun más, en especial en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano, son enormes: los casos vienen creciendo cada día, aumentan también los fallecimientos, y disminuyen las camas libres en las terapias intensivas para atender a los casos de mayor gravedad. Las condiciones de la salud pública son muy deficitarias para atender la emergencia sanitaria.
Y entonces: ¿Cómo derrotamos a la derecha?
Desde nuestro pueblo trabajador hemos mostrado enormes capacidades para adaptarnos y librar a las luchas necesarias en cada etapa que enfrentamos, ahora para fortalecer la organización en los barrios y en las ollas populares, y para resistir en el terreno sindical donde sea posible. Pero las condiciones del aislamiento no favorecen la organización popular, y por eso mismo son vistas por las grandes y medianas patronales como una oportunidad para empeorar salarios y condiciones de trabajo.
Nuestra historia de lucha nos dice que, cuando mejoren las condiciones sanitarias, casi seguramente crecerán los reclamos obreros, feministas, y populares. Las luchas populares siempre sirven para mejorar nuestras condiciones de vida, y cuando se transforman en movilizaciones masivas, en puebladas, obligan a los sectores dominantes y a los gobiernos de turno a tomar en cuenta las necesidades de las y los de abajo.
Es necesario construir una propuesta política masiva, de amplia unidad de la clase trabajadora y los distintos sectores populares, una propuesta popular, antiimperialista, feminista y clasista. Se trata de avanzar desde las conquistas logradas por nuestra clase y nuestro pueblo, desde los tiempos del primer peronismo, para disputar poder de verdad para las mayorías populares. Es una tarea de carácter histórico: desde nuestra identidad nacional y nuestroamericana, desde nuestra identidad como clase trabajadora, disputar el poder a quienes no están dispuestos a compartir nada con el pueblo (hoy se oponen hasta a un mínimo impuesto por única vez a sus riquezas). Somos las mayorías movilizadas quienes podemos cambiar la historia
Esta tarea está más vigente que nunca: si ante las debilidades manifiestas del Frente de Todos, las mayorías no encuentran otra salida, el riesgo de un regreso de la derecha más reaccionaria estará más cerca.
Necesitamos más unidad de las y los de abajo: unidades como la construida por los aceiteros en la disputa con la derecha que defiende a una empresa fugadora nos marcan el camino. Esa mayor unidad necesita una única delimitación en la lucha política: no incluir a quienes cedan ante el poder de nuestros enemigos de clase, a quienes postulan que es posible conciliar los intereses de las masas populares con los de unos pocos grupos empresarios, que son dueños de casi todo. Se trata de construir un amplio frente de todas, todes y todos aquelles que estemos decidides a luchar contra los dueños de todo, de quienes queremos un país y un mundo donde se prioricen las necesidades de las mayorías populares, y donde cada necesidad de nuestro pueblo sea central.
Junto a esa unidad, necesitamos construir un programa que refleje los principales problemas a resolver en nuestro país: el control del comercio exterior y de la banca; un modelo de producción agropecuaria contrapuesto al modelo del agronegocio dominante y la unidad de los pueblos de Nuestra América, como condiciones para la sostenida recuperación de los salarios y las condiciones laborales; por salud y educación públicas de calidad; el acceso real a la vivienda y a la tierra; el cumplimiento de las demandas del movimientos de mujeres y diversidades (basta de violencia de género, ley de aborto legal, seguro y gratuito, reconocimiento de las tareas de cuidado como esenciales) y otros ejes que vayamos construyendo de conjunto.
Desde el MULCS, junto a las organizaciones del Movimiento de los Pueblos: Por un socialismo feminista desde abajo y otras organizaciones compañeras, estamos dispuestes a aportar en ese desafío imprescindible.