1/8/2020
A pocos días de iniciada la cuarentena se denunciaron numerosos atropellos por parte de fuerzas policiales, principalmente “verdugueadas” a pibes en barrios humildes, en algunos casos detenidos durante horas con el argumento de incumplimiento del decreto del ASPO (Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio) a causa del covid19.
Pasaron más de cuatro meses de la cuarentena, y tres meses de la desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro. Según informa CORREPI hasta el 23 de julio, durante el aislamiento de la cuarentena suman 71 muertes a manos de las distintas fuerzas de seguridad, y además la desaparición seguida de muerta de Luis Espinoza en Tucumán. En marzo pasado, en Florencio Varela, Francisco Cruz fue hallado sin vida en una tosquera, varios días después de haber sido subido a un móvil policial.
¿Cómo llegamos aquí?
Colocar a las fuerzas policiales y de seguridad a cargo del “Control Sanitario” del Aislamiento social obligatorio las legitimó en el control represivo de la población, y viene creciendo el gatillo fácil y la criminalización de los jóvenes pobres como política de Estado, consolidado en años de continuidad histórica e impunidad. Todo policía de cualquier provincia sabe que todo “abuso” o “exceso” activa una cadena de encubrimiento cómplice, además de la defensa legal por cuenta y orden de la misma fuerza, sólo perforada por la denuncia y la movilización popular.
El aumento de los casos de Covid19 y su previsible expansión a los barrios vulnerados por años de precarización de las condiciones de vida fue acompañado de “operativos cerrojo” con gran despliegue policial a las zonas denominadas “críticas”. En los barrios populares son cada vez más insuficientes las medidas paliativas, y son inexistentes la prohibición de despidos y el congelamiento de precios.
Aunque silenciados o minimizados en los medios de difusión, asistimos en los últimos meses a un incremento del accionar represivo que borra fronteras provinciales y partidarias, acumulando torturas en allanamientos ilegales o a detenidos en comisarías, muertes de presos durante reclamos por las condiciones de insalubridad, y flagrantes asesinatos cometidos por policías.
El discurso negacionista de los crímenes de la dictadura y abiertamente hostil a la defensa de los derechos humanos de Macri y Patricia Bullrich quedó atrás. Pero el gobierno de Alberto Fernández no puede garantizar los derechos humanos de los sectores más empobrecidos de nuestro país, mientras busca conciliar con las exigencias de los sectores del poder económico que fueron los impulsores y los beneficiarios de la dictadura, de la deuda externa y de la dependencia económica.
No son nuevas las políticas de “reconciliación” con las Fuerzas Armadas, que el presidente quiso instalar con el llamado a “dar vuelta la página” argumentando un recambio generacional que omite que la gran mayoría de los partícipes directos del genocidio permaneció en funciones hasta su retiro, con impunidad de los archivos jamás abiertos, y como formadores de las camadas siguientes. Tampoco es nuevo el intento de legitimar a las Fuerzas Armadas colocándolas en un “rol social”, repartiendo alimentos en la emergencia, y de paso, militarizando las “zonas problemáticas”.
Una de las primeras medidas del Gobierno fue el aumento del presupuesto para reequipamiento de las Fuerzas Armadas, y en estos días (al tiempo que, con paritarias suspendidas, se rebajan los sueldos de trabajadores estatales) un blanqueo salarial a sus miembros, además del pago del bono de 5.000 pesos por “tareas esenciales” extendido desde un principio a todas las fuerzas de seguridad y policiales.
Ante la pregunta de un periodista sobre la posibilidad de “estallido social” en la pandemia, la Ministra Frederic respondió “hacemos ciberpatrullaje”, una expresión aggiornada del espionaje interno, algo que sólo parece criticable en los funcionarios macristas, pero con antecedentes en el “Proyecto X” de investigación a militantes, a cargo de Gendarmería y Berni durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
La Secretaria de Derechos Humanos nacional auxilia a las familias de las víctimas de la violencia institucional, pero esta ayuda no puede remediar las consecuencias de la violencia estatal. Es una diferencia importante con la política macrista, pero claramente insuficiente.
En esas coincidencias se explica la permanencia de Berni al frente del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, que además de la exhibición de armas y del discurso facho en los medios, le suma la responsabilidad por el accionar de la Bonaerense, autora de la tercera parte de las muertes por violencia policial durante la cuarentena.
Los cruces entre la Ministra Frederic y Berni parecen sólo expresión de disputas internas entre distintos componentes del Frente de Todos. En la práctica, se profundizan la coordinación interfuerzas, y no aparece ninguna acción decidida del Gobierno nacional o de los gobiernos provinciales ante las denuncias al brutal accionar policial avalado por años de impunidad que infecta el país desde mucho antes del Covid19.
Después de años de lucha por “Juicio y castigo” por los crímenes de la última dictadura, en nuestro país la movilización contra toda forma de represión ya es parte de la “cultura popular”, expresada innumerables veces en la espontánea filmación y difusión en redes sociales, consolidada en organizaciones populares, sindicatos combativos, agrupamientos de víctimas y familiares para exigir tanto la libertad en caso de detenciones como la investigación y el castigo a los responsables materiales de los hechos. Esta movilización popular es un obstáculo firme a los armados represivos que siempre acompañan a las políticas de ajuste y menoscabo de otros derechos.
Eso explica el permanente ataque a “los derechos humanos”, pretendiendo equipararlos con “defensores de delincuentes” por parte de los voceros mediáticos o partidarios del establishment. También, los recurrentes ataques vandalizando sitios de memoria, murales o baldosas en memoria de víctimas de la dictadura o amenazas directas a militantes populares que recrudecen, como ahora, cada vez que la derecha intenta ganar terreno. Ellos marcan la cancha reivindicando los privilegios de unos pocos y las dictaduras que los consolidaron.
Para nosotres, para les trabajadores y el pueblo, el camino sigue siendo la solidaridad y movilización inmediatas, la organización y lucha en la más amplia unidad contra todo atropello a los derechos humanos (que son el derecho a luchar por todos los demás derechos), a la criminalización de las luchas, la juventud y la pobreza (o sea de les jóvenes y pobres). Sólo así podremos encaminarnos a que el Nunca Más a la represión e impunidad sea finalmente la respuesta de los gobiernos a nuestras necesidades y derechos.