Posted on: 21 agosto, 2020 Posted by: MULCS Comments: 0

Reproducimos nota de Autoconvocatoria por la Suspensión del Pago e Investigación de la Deuda

21/8/2020

En este cuarto #LunesContraLaDeuda, parte del Juicio Popular a la Deuda y al FMI que impulsa esta Autoconvocatoria, referentes de un nutrido, diverso y amplio conjunto de espacios que integran el movimiento de mujeres y disidencias, presentaron sus denuncias visibilizando el impacto directo de las deudas y la subordinación a las políticas del FMI, sobre la vida y cuerpos de mujeres, lesbianas, gays, trans, travestis, no binaries.

VIDEO

El enlace lleva al video en Youtube:

https://youtu.be/iEJVT6kn6Zw

Les jueces Nora Cortiñas y Miguel Julio Rodríguez Villafañe, y les fiscales Liliana Costante, Verónica Heredia y Carlos Zerrizuela, presentes en este 4to. Foro, realizaron numerosas e incisivas preguntas en el marco de la sustanciación de este Juicio Popular a la Deuda y al FMI.

La médica Analía Bruno, integrante de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir e integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, denunció la situación de precarización del sistema de salud y el impacto directo sobre la vida de las mujeres más pobres. Destacó el trabajo de más de mil profesionales de salud que garantizan en el país el acceso a la interrupción legal del embarazo (ILE) aún en el marco de la Pandemia. En lo que respecta a la ILE, el protocolo establece dos técnicas para el acceso: la aspiración manual intrauterina (AMEU) y el uso de medicación. En la actualidad el estado, en el mejor de los casos, solo permite el acceso a esta última opción mediante el uso de misoprostol, pero no garantizando de forma integral este derecho. Por último, remarcó que “el aborto clandestino es una emergencia social”, por lo que es impostergable la aprobación este año del proyecto de ley presentado por Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

La denuncia de Flora Partenio, de DAWN y de la Cátedra Libre Virginia Bolten de la UNLP, estuvo centrada en fundamentar el impacto de la deuda y las condicionalidades del FMI en la situación previsional de mujeres CIS y disidencias. Las estadísticas sobre informalidad laboral dan cuenta del mayor impacto sobre las mujeres, lo que repercute en sus jubilaciones; siendo este sector quienes mayoritariamente reciben la jubilación mínima o pensiones no contributivas. Esta situación se profundiza aún más en colectivos trans, travestis, a quienes el estado les niega el acceso a un derecho tan básico como la seguridad social. Las exigencias de reformas jubilatorias son la contracara de los procesos de endeudamiento. ¡No hay deuda sostenible si está en juego la sostenibilidad de nuestras vidas!

Por su parte, Clarisa Gambera y Silvia León, de la Secretaría de Géneros de la CTA Autónoma, detallaron las consecuencias del endeudamiento durante el gobierno macrista, sobre la precarización del trabajo y la vida. Denunciaron que durante este período se llevó a cabo una “tercera reforma del estado” que implicó 30.000 despidos y el desarme de áreas estratégicas que garantizan derechos sociales como salud, educación y trabajo. Esta situación impactó diferenciadamente en las mujeres que son las más precarizadas. Sin embargo, subrayaron que estas políticas fueron enfrentadas con la resistencia en las calles al grito de ¡Vivas, desajustadas y desendeudadas nos queremos!

Siguiendo con las denuncias del impacto de la deuda sobre las condiciones de trabajo, Giselle Santana, trabajadora del INTI e integrante de la CTA Regional Norte CABA, enfatizó la relación entre endeudamiento y las políticas de ajuste que impactan sobre la feminización de pobreza. Discutiendo con las aseveraciones de algunas feministas que apoyaron públicamente al gobierno en la re-estructuración de la deuda con los bonistas; el pago de la deuda está lejos de iniciar un camino de crecimiento y reducción de la desigualdad social. Muy por el contrario, las mujeres, siendo el 50% de la población mundial, son el 70% de les pobres.

Para pagar las deudas ilegítimas y fraudulentas, los gobiernos desarrollan políticas de recortes de gasto público y privatizaciones con un impacto directo en la vida de mujeres y disidencias que deben asumir este costo. Las privatizaciones, por ejemplo, tienen como correlato el aumento de las tarifas de los servicios públicos, lo que impacta sobre el acceso en los sectores sociales más empobrecidos siendo una mayoría mujeres. Las cifras oficiales del gobierno dicen que vamos a pagar U$S 4000 millones de intereses de deuda. Un montón de recursos si lo comparamos con el presupuesto a salud, educación, asistencia social.

La intervención de la activista feminista y queer, Mabel Bellucci, de la Cátedra Libre Virgina Bolten, se centró en denunciar las implicancias del acuerdo con los bonistas para mujeres y disidencias sexuales en lo que respecta al trabajo doméstico. Este trabajo invisible, que integra las tareas de cuidado, es un sostén fundamental de la reproducción del sistema capitalista. La deuda implica una intensificación del trabajo doméstico; por este motivo propuso un “impago feminista de la deuda” que, apoyándose en los modos de resistencia, como las huelgas, que ha desplegado el movimiento feminista a nivel mundial, nos permita construir una vida digna de ser vivida.

En su turno, desde Salta, María Alaniz, de la Agrupación de Mujeres y Diversidades Beatriz Perosio, compartió algunos datos ilustrativos de las consecuencias de una deuda, que no fue tomada para beneficio del pueblo en general ni de las mujeres en particular, sino para la fuga de capitales y la bicicleta financiera. Destacó que la deuda actual, de unos 32 billones de pesos, equivale a 10 veces el presupuesto de seguridad social. O a 9000 millones de asignaciones sociales. Pagar la deuda es quitar recursos que deberían destinarse a programas para reducir la brecha de género. Más aún en un país donde “la pobreza tiene rostro de mujeres, niñez y disidencias”.

Muy contundente, la activista travesti Marlene Wayar, en su denuncia manifestó que el colectivo travesti es víctima de un genocidio. Esto se evidencia en la expectativa de vida de tan solo 35 años o en que entre los 8 y 13 años son expuestas a la prostitución. El estado tiene una deuda enorme con el colectivo travesti que ha sido y sigue siendo constantemente violentado. “La comunidad travesti no hemos contraído esta deuda y somos excluidas de todo”, exclamó exigiendo un resarcimiento por todas las posibilidades que como seres humanos le han sido arrebatadas.

Con una mirada desde el ecofeminismo, Natalia Salvático, de Amigos de la Tierra, expuso la contradicción entre el capital y la vida. La pandemia es la manifestación de una superposición de crisis, que enfrentamos hace varios años, pero que tienen su origen en la lógica de un sistema depredador de la naturaleza. La crisis del clima, del agua, de la biodiversidad, la crisis de los cuidados, de la salud, todas tienen su origen en el modo de funcionamiento del sistema capitalista. Como resarcimiento y reparación, exigió el fin del neoliberalismo y las políticas de austeridad; la anulación de una deuda de la que en realidad los pueblos somos acreedores; fortalecer la democracia; no volver a la normalidad racista y ecocida.

La realidad de las mujeres migrantes fue presentada por Violeta González de la Asociación de Mujeres, Migrantes y Refugiadas de la Argentina (AMUMRA), manifestando que el pago de la deuda impacta en sus vidas aumentando la precarización, incrementando la discriminación, criminalización y exclusión. Por ejemplo, la devaluación de la moneda, entre otras políticas exigidas por el FMI para entregar sus préstamos, afecta el envío de remesas y, por lo tanto, las cadenas de cuidado de las migrantes obligándolas a buscar otros trabajos precarios e informales para poder ayudar a sus familias, exponiéndose a todo tipo de acoso y violencia laboral y policial. Durante el gobierno macrista se intensificó el discurso xenófobo y la implementación de un DNU 70/2017, que a la fecha no se ha derogado, por el que se han expulsado 2000 migrantes sin el debido proceso judicial. La falta de regulación hace que las personas migrantes no puedan acceder a varios beneficios sociales estatales.

Mariana Gerardi Davico, militante de Venceremos PT e integrante de la Campaña Nacional contras las Violencias hacia las Mujeres, denunció enérgicamente, con voz colectiva, que la deuda y el ajuste son violencia patriarcal. Hablar de violencia económica es hablar de que con subsidio de $8.500 por mes no se llega ni a la mitad de la canasta básica. Es decir que, con una asignación por hije de $3.000 por mes no se garantiza ni la compra de un 1 kg de pan por día. Además, denunció el carácter estructural de la deuda que no se limita al último período de gobierno y tiene características históricas. Cada niñe que nace en nuestro país nace con una deuda que no generó. La deuda se sufre en los cuerpos. No son solo números macro-económicos, son cuestiones de vida. La violencia patriarcal se expresa de múltiples formas: las fuerzas represivas en las calles, responsables del femicidio de Florencia Morales en San Luis, la desaparición de Facundo, y tantos otros casos de gatillo fácil a lo largo y a lo ancho de todo el país. Se expresa también en la muerte de enfermeras y en los aumentos de las denuncias que reciben a diario la línea 144, con trabajadoras completamente precarizadas. Son las mujeres y cuerpos feminizados quienes están en la primera línea de fuego a lo largo y ancho del país resistiendo, porque como lo expresó Mariana “No tenemos tiempo a deprimirnos, a ponernos mal. Ahí automáticamente nosotras nos organizamos”.

La relación entre los ciclos de endeudamiento y la trata de personas, fue denunciada por Blanca Rizzo y Graciela Collantes, Activistas Abolicionistas. Los préstamos a los países dependientes tienen como correlato el ajuste en las políticas públicas. Según datos de UNICEF se estima que 1 millón de niñes todos los años caen en las redes de prostitución. Este sistema prostituyente implica un negocio enorme que mueve millones. Por eso, la deuda es con nosotras. “Nos deben cada piba desaparecida para ser prostituida”.

Por su parte, el activista gay Pablo Herrero Garisto, testimonió sobre sobre la relación entre la deuda externa y abandono estatal de las personas gay, trans, travestis, y portadores de HIV-SIDA. Hay un entramado de intereses entre el FMI y otros organismos internacionales, como la OMC que se beneficia con los patentamientos, que condicionan las políticas de ajuste y saqueo. En su denuncia pidió que se declare al FMI, al Banco Mundial, a la OMC, y otros organismos multilaterales de crédito, como los responsables de la muerte de millones de personas y los daños a nuestra naturaleza. No pagamos lo que no debemos. ¡Somos los pueblos los verdaderos acreedores!

La voz de les precarizades fue expuesta por Yacki Flores, de la CTEP/MTE, quien manifestó que la deuda debe ser discutida. “No hace muchos años entendemos lo que significa el capital, lo que significa el capitalismo, lo que significa el patriarcado, lo que significa la violencia estructural. Sí hemos padecido muchísimo lo que es nacer sin derechos” afirmó con énfasis. Las conquistas que se han obtenido en el sector han sido arrebatadas por la lucha, destacó. Además, manifestó la necesidad de visibilizar a nuestros pueblos originarios y que migrar no es delito. La deuda se paga con el fruto de nuestro trabajo. El derecho a la educación, vivienda, salud y la felicidad no puede ser negado.

¡FRENTE A LA DEUDA Y AL FMI, IMPULSAMOS UNA AMPLIA CAMPAÑA POPULAR!

¡SUSPENSIÓN DEL PAGO E INVESTIGACIÓN DE LA DEUDA ILEGÍTIMA, ILEGAL Y ODIOSA!

¡QUE PAGUEN LOS QUE SE BENEFICARION DE ESTA ESTAFA!

¡LA DEUDA ES CON EL PUEBLO!

AUTOCONVOCATORIA POR LA SUSPENSIÓN DEL PAGO E INVESTIGACIÓN DE LA DEUDA