9/10/2020
Reproducimos la intervención de nuestra compañera Susana Ancarola en este foro realizado el lunes 28 de septiembre.
Agradecemos la posibilidad de participar en este foro, y celebramos la continuidad de los Foros contra la Deuda que nos permiten analizar los distintos aspectos en que esta deuda externa nos afecta como pueblo. Esperamos que sirva para fortalecer la respuesta popular para la investigación y la suspensión de pagos de la deuda, y a no hacernos cargo de una deuda que no es nuestra.
Coincido con les otres compañeres que la expresión “violencia institucional” puede llamar a confusión, porque remite a lo que se ha llamado abusos, excesos, y en verdad estamos hablando de políticas represivas del Estado destinadas al control social de los sectores populares, tanto en su lucha como en la situación de opresión, explotación y saqueo que se sufre cotidianamente.
Si comenzamos desde la dictadura, comenzamos con la doctrina de la Seguridad Nacional con las FFAA que desataron y ejecutaron el plan genocida, el plan sistemático de represión; diseñado y promovido por las grandes multinacionales y por el capital financiero. El status quo que lograron las grandes empresas, los monopolios, el fortalecimiento de la dependencia con el imperialismo norteamericano, no fue modificado en los gobiernos sucesivos. Ese fue el momento del “trabajo sucio”, pero existió continuidad en ese proyecto económico, que se mantuvo después de la vuelta a la normalidad institucional democrática.
Pero para nada se democratizó la economía, y esa concentración de poder de los grandes capitales siguió perjudicando a los derechos populares, las condiciones de trabajo, y las condiciones de vida. En ese marco, se le hace necesario al sistema capitalista sostener el control social de la población con distintos métodos y políticas represivas que van cambiando en relación con las respuestas que el pueblo da a esos ajustes y también a esas oleadas represivas, que muchas veces se logran frenar o que se atemperen.
De los derechos humanos nos tenemos que ocupar siempre, pero es el Estado o el gobierno en ejercicio el que tiene la posibilidad de respetarlos o violarlos. Entonces tenemos que analizar la situación presente porque es la situación donde nos tenemos que organizar para lograr ese respeto, o por lo menos atemperar esas políticas.
Vemos las políticas represivas ejecutadas por los Estados, que pasaron de de las FFAA que se ejecutaron en todos los países de Latinoamérica con el Plan Cóndor a esta política de seguridad que plantea el combate al crimen organizado y que se asienta en la militarización de las fuerzas policiales, en el involucramiento de las fuerzas militares en tareas propias de las policiales, y por eso se han acrecentado la cantidad de efectivos circulando. En el caso de provincia de Buenos Aires, se van a sumar de cuatro mil efectivos a los noventa mil efectivos existentes. Avanzan la criminalización de la protesta, la legislación antiterrorista que no casualmente impuso el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), y a esto se agrega el asesoramiento militar que es financiado y dirigido por los Estados Unidos.
Esta situación conlleva la impunidad para las fuerzas policiales, y la reducción de garantías constitucionales. Un elemento importante es la inteligencia interior dirigida a opositores y sectores populares, como es el Proyecto X ejecutado por Gendarmería Nacional.
Hay dos aspectos importantes tanto para la sanción como para la reparación que reclamamos. En el caso de la sanción, debe incluir juicio y castigo a los grupos económicos, a los funcionarios intervinientes y a los sucesivos renegociadores de la deuda, es imprescindible la apertura de los archivos de las Fuerzas de Seguridad, represivas y del sistema financiero. Hay que investigar la ruta del dinero que tiene que ver con la fuga de capitales, la trata de personas, el narcotráfico, y la devolución de les hijes apropiades. Conseguir el esclarecimiento de todos los asesinatos, desapariciones, torturas y juicio y castigo a todos los culpables. Que no haya prisiones domiciliarias, ni prisiones vip, para los genocidas. Cárcel común y perpetua a todos los genocidas, por todos les compañeres caídos, encarcelados, torturados y perseguidos durante cualquier gobierno. Separación de los cargos de todes les integrantes de fuerzas represivas involucrados en la represión.
Como reparación concreta, reclamamos la confiscación de todas las sumas y bienes adquiridos por parte de las empresas y bonistas, la confiscación de los bienes que son parte del mercado financiero, repatriación de los fondos fugados. La libertad a todes les preses políticos y políticas, y el cierre de las causas. La reincorporación de todes les despedides. La declaración de la propiedad social de tierra para vivir y trabajar.
Hay que pelear por la nacionalización y estatización del comercio exterior; la nacionalización del sistema financiero, y control del mercado cambiario, derogación de la Ley de entidades financieras que viene desde la dictadura. La restitución de los derechos laborales y previsionales avasallados. El derecho al hábitat y a la vivienda. Inversión en salud, educación, protección social y vivienda de las mujeres y las niñeces.
Todo esto significa también que el Estado responda a los derechos que tenemos les trabajadores y el pueblo, y que no sea la represión estatal la respuesta a esas necesidades.
Agradecemos a todas las organizaciones que están contribuyendo a que quede tan claro que en Guernica se está jugando el derecho a la vida, y no podemos admitir que sea la represión la respuesta a esa necesidad, y por lo tanto tampoco podemos admitir la continuidad del ministro de seguridad Sergio Berni.