19/12/2021
En este fin de año, el acuerdo con el FMI (promovido por la gran burguesía local y trasnacional y el imperialismo), poseedor de la mayor parte de los títulos de la deuda externa actual) está en el centro de la escena. Apoyar o rechazar el acuerdo con el Fondo es y será la principal divisoria de aguas entre quienes representan los intereses de los dueños del poder económico, político y mediático, y los que defendemos los de nuestro pueblo trabajador.
Como es habitual, las mayorías populares desconocemos los términos concretos del acuerdo. La práctica común del gran capital es buscar acuerdos no públicos, en negociaciones oscuras, opacas por esencia. En este caso, el FMI busca que el acuerdo sea refrendado por las principales coaliciones políticas, para asegurarse que su dominación económica y política (que el acuerdo seguramente profundizará) sea asumida como una “política de Estado”, es decir que vaya más allá de un cambio de gobierno (en 2023 o cuando se produzca).
A nivel parlamentario, sólo el FIT se ha posicionado abiertamente contra este acuerdo con el FMI, por la deuda multimillonaria contraída por el Gobierno de Macri (el préstamo más grande de la historia de ese organismo financiero, y que hoy significa el 61% del total de la plata prestada por el Fondo). El PCR, con dos diputades que integran el FdT, ha anunciado que también votará en contra, y el bloque de Patria Grande (tres diputades) ha condicionado su apoyo a que se apruebe un “plan plurianual para les pobres”, es decir un reconocimiento para la “renta básica universal”.
Los sectores de mayor peso en el Frente de Todos quieren convencernos que es posible acordar con el Fondo sin imponer un fuerte ajuste contra el pueblo, y sobreactúan un “debate” interno entre el kirchnerismo versus el “albertismo” y el “massismo” sobre cuál sería la dimensión de un ajuste “aceptable” para firmar el acuerdo y sobre quienes debería recaer el mismo. Al mismo tiempo, la feroz represión desatada sobre el pueblo chubutense y los crecientes crímenes de las fuerzas represivas contra el pueblo mapuche y contra jóvenes de las barriadas humildes nos muestran cómo se prepara el Estado para imponer ese inevitable ajuste.
Todo el gobierno del FdT, alineado detrás de la negociación del ministro Guzmán con el propio Fondo, definió una hoja de ruta de tres leyes claves para cerrar esa negociación que indefectiblemente será antipopular y beneficiará a los dueños del poder real. Esas tres leyes son: Presupuesto 2022, plan “plurianual” para la economía argentina, y ratificación del acuerdo con el FMI.
Pero el gobierno ya ha sufrido un primer retroceso con el voto negativo a la ley de Presupuesto en la mañana del 17 de diciembre, en la Cámara de Diputados.
Este voto negativo no obedece a las condiciones de mayor ajuste que tiene el proyecto, sino al revés.
La oposición derechista de Juntos por el Cambio, y otros bloques más chicos, quiere disminuir el peso de los impuestos a las empresas, lo que significa un mayor ajuste antipopular. Se abren dos posibilidades: o se abre una negociación por un Presupuesto más favorable al gran capital local y extranjero (hay señales del Gobierno en ese sentido), o se gobierna con el Presupuesto del año anterior hasta ver si logran el acuerdo con el Fondo (y en ese caso requiere un acuerdo político con el FMI…y con el gobierno yanqui).
Como en un teatro, el Fondo maneja los hilos desde la oscuridad. Ese manejo incluye las concesiones que va consiguiendo del Gobierno, y por cierto también influye en forma decisiva en las jugadas políticas de la oposición de Juntos por el Cambio, los bloques “provinciales” y la ultraderecha “libertaria”. En este escenario, con la perspectiva de mayor conflictividad y reclamo obrero y popular, los acontecimientos por arriba se precipitan… para limitar la posibilidad de reacción de las y los de abajo.
La movilización de numerosas organizaciones sociales y políticas populares y de izquierda en varios puntos del país y el masivo acto en Plaza de Mayo del pasado 11 de diciembre (http://mulcs.com.ar/index.php/2021/12/12/inmensa-movilizacion-contra-el-acuerdo-con-el-fmi/) fue muy importante para ampliar la resistencia contra el acuerdo con el FMI, y mostró una vez más en las calles el repudio al Fondo y a las políticas de ajuste. Hay que construir la más amplia unidad contra ese acuerdo, en las calles y en todas partes, para derrotar a los planes de dominación del imperialismo y el gran capital.
Juntar dólares de cualquier manera
El 16 de diciembre, la Legislatura provincial de Chubut aprobó la megaminería en zonas de la meseta provincial. Como señaló uno de los diputados más activos a favor del lobby minero, fue también respondiendo a un pedido del propio presidente Alberto Fernández. Esta ley ha despertado una vez más el rechazo activo de miles de personas en Chubut, que salieron a manifestarse en distintas ciudades de la región, y un enorme despliegue represivo del Estado provincial, con numeroses detenides y herides, especialmente en Rawson (capital de la provincia, y sede de la Legislatura). El pueblo de Chubut tiene una larga historia de lucha contra la megaminería contaminante, en especial en las zonas cordilleranas, como ocurre en buena parte de nuestro país.
Para el gobierno, esta ampliación del extractivismo minero está justificada en la necesidad de conseguir “divisas genuinas” para el pago de la deuda eterna. Esta política también implica, en el fondo, las concesiones a los agroexportadores, a la exportación ganadera (liberada nuevamente hace pocos días), al manejo privado de los puertos y la salida de nuestras riquezas por vía fluvial y marítima, y en general al conjunto de los grandes intereses monopólicos ligados al comercio exterior.
Las coaliciones políticas principales, los medios de desinformación masiva, el poder real dominante, repiten esta idea con insistencia: si no hay acuerdo de renegociación con el Fondo, la Argentina se aislará económica y financieramente del “mundo”, y no habrá recursos básicos para cualquier recuperación económica.
La realidad nacional de los últimos años muestra justamente lo contrario. La recuperación capitalista después de la rebelión popular de 2001 y 2002 se asentó sobre tres elementos: la baja general de salarios después de la megadevaluación, los precios internacionales de las “commodities” (es decir, del negocio agroexportador), y el no pago del grueso de la deuda externa entre 2001 y 2005 (desde el default de Rodríguez Saá hasta la reestructuración de Lavagna), que en ese momento era la deuda en bonos.
Por supuesto, para que se haga realidad la consigna de Suspender el pago de la deuda, que levantamos desde la Autoconvocatoria por la Suspensión del Pago y la Investigación de la Deuda, hay que construir un gran fuerza y movilización popular, y poner en debate en todas partes otro programa para la salida de la crisis eterna de nuestro capitalismo dependiente.
Fuerza popular, programa de salida y alternativa política
A 20 años de la rebelión popular de 2001, una rebelión profunda y masiva que obligó a los gobiernos posteriores a tener un oído más atento al reclamo de nuestro pueblo trabajador, estamos sufriendo la profundización de la crisis económica y financiera, que provocan en forma cíclica quienes mandan en nuestro país, el bloque de poder conformado por el agronegocio, los monopolios de la alimentación, la energía y el comercio, los bancos y los medios de desinformación asociados a estos intereses.
La nueva crisis de la deuda es una oportunidad para los de arriba: para el FMI y el imperialismo yanqui (principal país en el directorio de ese organismo), una oportunidad para acentuar su dominio sobre la Argentina y sobre nuestro continente (en el marco de la disputa económica con China por la región); para las grandes empresas, una oportunidad para seguir bajando aún más los salarios en “dólares” y para empeorar las condiciones de trabajo y de resistencia de nuestra clase trabajadora.
Pero también es una oportunidad de dar vuelta la historia para las mayorías populares, de cambiar el modelo de dominación del capital financiero impuesto desde los tiempos de la dictadura genocida.
Se trata de recuperar el control de nuestra propia tierra y de nuestra propia vida: por la nacionalización y el control del comercio exterior, de la banca, por la eliminación de las leyes financieras vigentes desde la dictadura, por la soberanía económica, fluvial, marítima y portuaria, energética, industrial y alimentaria de nuestro país; por la lucha contra la riqueza de unos pocos que motiva la pobreza de millones, por salud y educación públicas; por Tierra y vivienda para toda la población; contra todas las violencias hacia las mujeres y las diversidades; por el verdadero reconocimiento de nuestros pueblos originarios y los territorios en los que viven; por la recuperación de derechos laborales y sociales para toda nuestra clase trabajadora; por un modelo de democracia real al servicio de las mayorías, por una Asamblea Popular Constituyente para cambiar el modelo dependiente y extractivista dominante e instaurar un auténtico poder de las mayorías populares.
Esta lucha debe ligarse profundamente con las luchas de los pueblos de Nuestra América. La unidad continental será imprescindible para resistir y vencer los planes de nuestros poderosos enemigos de clase, que cuentan con planes para todos nuestros países.
En esa perspectiva, desde el MULCS nos proponemos construir una alternativa de las y los de abajo, antiimperialista y socialista, feminista y popular, con vocación de poder, que contribuya a vencer al poder real y a instaurar el poder popular, el poder que merecen las inmensas luchas de nuestro pueblo y de nuestra clase.
19/12/2021