07/03/2022
En sus consideraciones previas, el propio Gobierno destaca las enormes falencias del “préstamo” otorgado por el FMI al Gobierno de Macri en 2018. Señalan:
“.. el propio FONDO MONETARIO INTERNACIONAL, en su evaluación ex post del acceso excepcional en el marco del Acuerdo Stand-By de 2018, reconoció el fracaso de las políticas implementadas, admitiendo que no se logró alcanzar ninguno de los objetivos que se habían planteado, tanto en la esfera económica como en las esferas social y financiera. Este programa de 2018 partió de 3 (TRES) grandes errores en su concepción: (i) no planteó una reestructuración de la deuda insostenible en moneda extranjera con acreedores privados; (ii) no definió un esquema de regulaciones de los flujos de capitales entre fronteras para evitar que el préstamo se utilizara para formar activos externos y se financiara así la formación de capitales en el exterior, generando daños a la sostenibilidad de la balanza de pagos y (iii) en su diagnóstico, la inflación era un fenómeno puramente monetario y, en consecuencia, el gobierno nacional no planteó la construcción de una agenda cooperativa entre el sector público y el privado para poder implementar políticas de precios e ingresos que contribuyesen a que las expectativas que movilizan los precios tuvieran un comportamiento más estable. No puede dejarse de lado la dimensión institucional en la decisión de firmar el Acuerdo Stand-By del año 2018, el que fue aprobado sin que el HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN discutiese…”
Este fracaso premeditado fue monitoreado desde su inicio. El texto explicita que hubo un seguimiento con cuatro revisiones hasta su suspensión en julio de 2020, aunque en los hechos concretos ya se había suspendido antes. Ya en la primera evisión se daba cuenta que el índice de sostenibilidad de la deuda externa había empeorado, en la segunda revisión indicaron la necesidad de “mayor ajuste fiscal” y una banda de tipo de cambio sin intervención estatal, lo cual permitió con el flujo de divisas alimentar la “formación externa de dólares” (la fuga de capitales). Es decir, reconocen que estaba armado un sistema para favorecer la salida de dólares en cantidades gigantescas.
En la exposición de motivos al Congreso, el proyecto continúa por sí quedasen dudas:
“ La Evaluación documenta que los objetivos del programa eran “restaurar la confianza, reducir los desequilibrios de balance de pagos y fiscales y reducir la inflación” para luego poder atacar los desafíos “de largo plazo que enfrenta la economía argentina”; pero la Evaluación reconoce explícitamente que no se cumplieron.
Según dicha Evaluación, la “salida de capitales por parte de residentes presionó sobre el tipo de cambio” y, pese a que las autoridades intervinieron en el mercado de cambio “más allá de lo previsto por el programa”, no se pudo evitar la depreciación de la moneda. Esto “incrementó la inflación y el valor en pesos de la deuda pública, y deterioró los ingresos reales, especialmente de los más pobres”.
Continua el análisis acertadamente:
“Entre los aspectos más significativos se destacan sus consideraciones sobre las políticas que las autoridades de aquel entonces descartaron desde el comienzo, reduciendo las chances de que el programa tuviera éxito, fundamentalmente una “operación de deuda y la reintroducción de medidas para regular los flujos de capitales”. Esta cuestión es central, máxime considerando que, en el Convenio Constitutivo del FMI, Artículo VI (“Transferencias de Capital”), Sección 1 (“Uso de los recursos generales del Fondo para transferencias de capital”), se establece que los recursos del organismo no pueden ser utilizados para hacer frente a salidas considerables o continuas de capital. Más específicamente, dicho Artículo indica que, salvo circunstancias particulares, “ningún país miembro podrá utilizar los recursos generales del Fondo para hacer frente a una salida considerable o continua de capital, y el Fondo podrá pedir al país miembro que adopte medidas de control para evitar que los recursos generales del Fondo se destinen a tal fin”.
El Gobierno de Macri y el FMI conocían los riesgos de antemano, entendiendo que se trataba de un programa “de alto riesgo”, dado que la deuda pública argentina, según el análisis de sostenibilidad realizado por el Fondo antes de la aprobación del programa, era considerada “sostenible pero no con alta probabilidad”.
“A lo largo de todo el período, la formación de activos externos (FAE) de los residentes (coloquialmente llamada “fuga de capitales”) se triplicó, superando los USD 86.000 millones, concentrada en unos pocos actores económicos. Se ha marcado en diversos análisis, incluso los del propio FMI, que uno de los errores principales en la ejecución del Acuerdo Stand-By fue la no implementación de controles cambiarios y de la cuenta capital y financiera de la balanza de pagos.”
“No se trataba de que se evaluara la forma más eficaz de abordar la crisis de la balanza de pagos con miras a superarla, sino que el objetivo real era mantener las políticas elegidas, es decir el “modelo económico y político” adoptado por la administración en ejercicio, a toda costa y con financiamiento del FMI.
El resultado final fue que los recursos del FMI terminaron generando una deuda insostenible y financiando una fuga de capitales masiva. La decisión del FMI de continuar con el cronograma de desembolsos a pesar de que los entonces funcionarios de la administración anterior no tomaron las medidas necesarias para contener la crisis, remarca el carácter y entendimiento de que el programa Stand By 2018 constituyó un “préstamo político”, es decir para favorecer al proyecto antipopular de Macri en relación con el poder permanente de Estados Unidos.
El Gobierno del FdT acuerda una refinanciación de esta estafa
Después de analizar con detenimiento la estafa del préstamo del Fondo a nuestro país, la conclusión lógica debería ser un proyecto de investigación de ese préstamo. Pero a pesar de reconocer los embustes argumentales, estamos en presencia de un proyecto “pagador”.
“ Es nuestra responsabilidad trabajar por un nuevo Acuerdo que, partiendo de los intereses propios de los argentinos y las argentinas, sirva para retomar el sendero de crecimiento y ponga, de una vez por todas, a la Argentina de pie.”
Con lamentable tibieza, buscando acordar y edulcorar el texto prosiguen:
“La experiencia Argentina sugiere que para responder eficientemente a los desafíos que enfrenta la comunidad internacional en un mundo post-COVID, el FMI deberá revisar las premisas en las que se basan sus programas. Esto implica estar consciente de su uso político, revisar qué significa que los programas sean exitosos y reconsiderar las implicancias de la idea de apropiarse realmente de un programa (“real ownership”).”
Acto seguido en otro pasaje se intenta agitar bandera de lucha, pero la misma ya se ha tornado de en una rendición según los párrafos antedichos:
“Ahora bien, la firma y aprobación de este Programa de ningún modo significa que se desistan las acciones judiciales iniciadas en la REPÚBLICA ARGENTINA con relación al programa del año 2018, las que se mantendrán vigentes, y a las que se les dará continuidad e impulso.”
En relación a la reestructuración de la deuda privada en el proyecto de ley se enorgullecen de haber logrado con éxito una negociación de la misma con el 99% de los tenedores y haber reprogramado los pagos por más de 80 mil millones de dólares. Nada se menciona sobre la revisión y las condiciones de cómo fue tomada la misma ni se brindan detalles al respecto más que el exitismo de tan pronta medida lograda por el gobierno entrante.
Una política económica al servicio del pago de la deuda fraudulenta
Como políticas nuevas a aplicar que requieren construcción, el proyecto de ley es en realidad un programa político de Gobierno. Se sustenta principalmente en tres pilares fuertes:
1) Aumento de las exportaciones
En relación al aumento de las exportaciones, es necesario decir que todos los países pretenden aumentarlas, y el gran problema está en los costos sociales y económicos al interior de nuestro país. Competir en el escenario internacional pretendiendo vender más MOI (Manufacturas de Origen Industrial) es algo pretencioso y difícil de lograr. Por lo tanto, el programa se centra en el desarrollo y la venta externa de MOA (Manufacturas de Origen Agropecuario) y en productos primarios directos. Hoy estos sectores representan más del 70% del crecimiento del sector externo. Después de las etapas más duras de la pandemia, en medio de la guerra en Ucrania, hay un alza en el precio de los granos y productos agropecuarios. Es evidente que se fomentará fuertemente el extractivismo para sumar divisas en consonancia con una política de crecimiento de la tenencia de las mismas como reservas indicadas en el proyecto:
“… Estamos promoviendo la sanción de leyes y normas para alentar la inversión y la exportación en sectores estratégicos —como la economía basada en los conocimientos (ya aprobadas en 2020), hidrocarburos, minería, agroindustria, e industria automotriz— en estrecha consulta con las partes interesadas.”
Cabe mencionar en este punto, por caso testigo, que por ejemplo en la minería no se resuelve la tensión por divisas ya que la maquinaria e insumos que se emplean en dicha industria tienen que comprarse en el exterior. Las empresas a su vez al ser extranjeras también pretenden remitir sus ganancias a sus países de origen. También la extracción sólo bajo declaración jurada de los dueños habilita un saqueo incontrolable con dominio privado de puertos y aguas dulces y saladas.
Como corolario las regalías que se pagan a las provincias donde se asientan los proyectos son exiguas dejando toda la crisis ambiental y social que generan en manos de los pueblos. Aun así, el proyecto de ley para reforzar la necesidad del desarrollo en esta línea menciona que:
“En primer lugar, al aportar divisas genuinas al país e incrementar la capacidad de crecimiento de la economía, se permite una mayor generación de puestos de trabajo, menor desempleo y, por ende, mayores ingresos reales de las familias. En segundo orden, las ganancias de productividad y los aprendizajes derivados de la exportación redundan en la suba de salarios en las firmas exportadoras: los salarios en las empresas exportadoras son, aproximadamente, 29% mayores a los de las no exportadoras (controlando por variables como el tamaño de la firma y el sector).
En este sentido, se plantea reforzar los marcos normativos de los sectores mencionados para incentivar la inversión y el dinamismo exportador, en coordinación con los actores involucrados, esperando que dichas iniciativas tengan tratamiento parlamentario y sean consideradas positivamente por el Congreso de la Nación en el curso del 2022.
Las estimaciones preliminares sugieren que las medias a adoptarse permitirán un incremento en las exportaciones por encima de los 25.000 millones de dólares para el 2030.”
En otro orden de cosas relacionado con el gasto público, el proyecto menciona: “…procuraremos racionalizar otros gastos…..Tomaremos acciones para i) limitar las transferencias discrecionales a provincias y empresas estatales”.
Estas medidas fomentarán el extractivismo en las provincias y propenderán a incrementar precios de las empresas estatales para sobrevivir o a reducir costos entre los cuales está la mano de obra a racionalizar, es decir preveen una mayor explotación de les trabajadores.
Muchas de las características predichas sobre la minería se aplican a otras industrias extractivas. El proyecto se cuida de mencionar algo sobre retenciones e incluso da cuenta que no procederá por dicha línea que permite desacoplar precios externos e internos: “ … en la medida en que las condiciones lo permitan, proseguiremos con nuestros esfuerzos para mejorar la eficiencia del sistema tributario, por ejemplo, reduciendo aún más los impuestos sobre ciertas exportaciones de valor agregado… “.
En relación a la industria automotriz, la tensión que genera en términos de divisas lejos está de reducirse. El análisis de dicho sector da cuenta de la bajísima integración de partes nacionales y la gran remesa de divisas que generan con sus casas matrices.
2) Mayor control fiscal
Se menciona que la AFIP ha elaborado un plan estratégico para 2021-25 con el fin de abordar los altos niveles de incumplimiento, mejorar los servicios y reforzar las capacidades informáticas. Es importante destacar que el Gobierno piensa en mejorar la recaudación fiscal vinculada casi exclusivamente para el pago de la fraudulenta deuda externa (tanto con el FMI como con los “acreedores privados”.
En términos de regulación de flujos de capital se pretende:
“ Intensificar la supervisión y la aplicación de medidas de control cambiario i) mejorando la recopilación de datos y la vigilancia inicial de las operaciones; y ii) mejorando la coordinación entre las entidades pertinentes (BCRA, AFIP, Aduanas) para reforzar la detección de fraude.
Mejorar el marco de sanciones, por ejemplo, autorizando las multas administrativas, para hacer más eficiente el marco de sanciones y más puntual el cumplimiento. La legislación correspondiente —ley penal cambiaria— será sometida al Congreso a finales de diciembre de 2022 (parámetro de referencia estructural). Por otro lado, se considerará expandir las facultades del BCRA para regular y vigilar un conjunto más amplio de transacciones que inciden en la balanza de pagos de Argentina.”
Volvemos a referir lo mismo que en el análisis de política policial tributaria: ¿No deberían haberse hecho estas cuestiones desde el inicio del mandato? ¿Qué otras se hacían y cuáles fueron sus resultados? Sin la urgencia de acordar con el Fondo: ¿Las hubieran propuesto? Parece en estos términos que el Acuerdo es una oportunidad para cambiar que nos permite reflexionar y hacer, gracias por tenerlo.
Es poco creíble pensar que se van a tocar los intereses de las grandes empresas multinacionales, de los agroexportadores, ya que se trata justamente de los sectores cuyos intereses coinciden con el FMI y el capital financiero.
3) Reducción del gasto
Según el proyecto de ley, el acuerdo prevé un sendero de convergencia (eufemismo para no hablar de “déficit cero”): “que no inhibe la continuidad de la recuperación sostenible con inclusión, evitando un acuerdo basado en políticas de ajuste y reformas que quitan derechos laborales y previsionales, como los que tanto daño han producido a la Nación con anterioridad.”
La mentada sostenibilidad inclusiva es un concepto que nos debe hacer preguntar que se sostiene y a quienes se incluye en el mismo. Se ira secando gradulmente la asistencia del gasto público.
Desde la óptica monetaria y financiera, se programa una reducción gradual y persistente de la asistencia monetaria que realiza el Banco Central al Tesoro Nacional.
También se toma como objetivo: “… una estructura de tasas de interés reales para los instrumentos de referencia de la política económica que redunde en valores positivos, de modo de fortalecer la demanda de activos en nuestra moneda …” Esto encarecerá el crédito para los sectores populares y para las pequeñas y medianas empresas.
Subsidios energéticos y aumento de tarifas
El aumento tarifario residencial del 20% fue recién aprobado, pero ya quedó corto. Como mínimo, se va a duplicar según reza el proyecto:
“ Para los usuarios residenciales las actualizaciones serán en base al crecimiento del salario promedio (coeficiente de variación salarial)3 según lo que preveía la Ley 27.443 que fuera vetada el 31 de mayo de 2018. Más específicamente, (i) los usuarios residenciales beneficiarios de la tarifa social tendrán una revisión tarifaria equivalente al 40 por ciento del promedio del coeficiente de variación salarial del año anterior; y (ii) para el resto de los usuarios residenciales, excluyendo aquellos sujetos al esquema de segmentación de subsidios descripto anteriormente, la revisión de las tarifas energéticas será equivalente al 80 por ciento del coeficiente de variación salarial del año anterior.”
En relación a los subsidios poco se menciona, pero hay diversos informes que indican que no se podrá realizar ya que para lo que importamos este año hay fuertes tensiones de precios alcistas mundiales, así como cierta carencia de cantidades en países limítrofes (Bolivia) que no permiten avizorar ningún recorte posible en dicho plano. Poco o nada se menciona de la política de desarrollo de producción interna a precios subsidiados en boca de pozo con declaraciones juradas libres, que favorecen a las empresas petroleras y perjudica a las mayorías populares. Es necesario pensar que la guerra en Ucrania traerá precios aún mayores para la energía (gas y petróleo).
Sobre la inflación
El plan pretende “… lograr un crecimiento sostenido de las exportaciones que fortalezca las reservas internacionales … y una coordinación voluntaria de precios e ingresos con el sector privado con el fin de lograr un aumento del poder del salario real de los trabajadores y las trabajadoras que redunde en un fortalecimiento de la demanda agregada.”
Como se evidencia, la regulación de precios sólo recaerá en una coordinación voluntaria con el sector privado como única política de contención a la inflación. Nada se menciona sobre medidas reales de control de precios, y tampoco sobre una política de empresas públicas que fijen precios referenciales (como podría haber sido en la fallida estatización de Vicentin para intervenir en el mercado de granos y aceites, o en la propuesta de una empresa nacional de alimentos).
Sobre el superávit comercial
El proyecto señala que en 2021 “El superávit comercial alcanzó un máximo casi histórico de USD15000 millones… Sin embargo, la acumulación de reservas internacionales estuvo limitada por flujos negativos en la cuenta de capital.” Acto seguido finaliza el texto: “Los problemas de balanza de pagos persisten. Las necesidades de balanza de pagos de Argentina están principalmente relacionadas con los pagos de deuda al FMI.”
No existe ninguna mención a cómo se pierde el superávit: la fuga de capitales, los sobreprecios en las importaciones, los precios de las transferencias, los costos de royalties, patentes y marcas, etcéter.
Los impuestos: La cuestión tributaria
El proyecto dice: “ En materia de política tributaria, y sobre la base de esfuerzos previos, se aprobó recientemente una legislación para incrementar la progresividad del régimen del impuesto al patrimonio o la riqueza de las personas… Están previstas otras mejoras para garantizar que las tasaciones de las propiedades reflejen mejor los verdaderos valores…. a más tardar a finales de septiembre.”
Este crecimiento en las valuaciones fiscales se traducirá seguramente en un mayor aumento de los alquileres urbanos y de los arriendos de tierras rurales. No hay ningún proyecto para desacoplar esa presión, ni para castigar a quienes posean tierras o inmuebles improductivos. Mucho menos se plantean una reforma progresiva del régimen tributario, como el reestablecimiento de un impuesto a la herencia.
El “gasto social” y el acuerdo con el FMI
En este sentido, el proyecto propone: “Se procurará reorientar el gasto social hacia programas de capacitación y empleo, y seguir reforzando los sistemas presupuestarios para garantizar que el gasto aborde las desigualdades de género. Para mejorar aún más la eficiencia y focalización de nuestro apoyo social con respecto a los resultados definidos, trabajaremos con socios estratégicos para realizar y publicar una evaluación integral de nuestros programas y nuestras estrategias de apoyo social, con el objetivo de identificar opciones para la mejora de las políticas…”.
Nunca se dice quiénes serían estos “socios estratégicos”, y por cierto no se plantean políticas universales, sino “focalizadas”.
Dos datos claves del proyecto de acuerdo con el FMI
Finalmente, destacamos dos datos inamovibles del proyecto, que marcan su carácter antipopular y contrario a los intereses nacionales:
. No pueden acumularse atrasos en los pagos de la deuda externa por parte del Gobierno Nacional.
. Los pagos parciales comprometidos y realizados, conforme cronograma previsto, dan cuenta de la determinación de este Gobierno de honrar las obligaciones asumidas.
Es decir, en palabras simples, el acuerdo determina toda la política económica del Gobierno, y el objetivo principal del Estado argentino será el cumplimiento de los pagos, por encima de cualquier política favorable a las mayorías populares y a nuestro país.
En definitiva, seguimos planteando, como hacemos desde la Autoconvocatoria por la Suspensión del Pago e Investigación de la Deuda, que las estafas no se pagan, y que la deuda es con el pueblo, no con el FMI ni con los fondos especulativos.