19/6/2020
La zona sur del conurbano bonaerense es una de las más pobladas y empobrecidas de nuestro país. Más de cuatro millones de personas viven en esta región, la más desigual del Gran Buenos Aires, con una parte muy importante de la población bajo la línea de pobreza desde hace décadas.
Cuando decimos que es una región empobrecida, queremos decir justamente eso: que no siempre fue tan pobre, y que hay razones económicas, políticas y geográficas para esta situación. Hay importantes zonas comerciales, residenciales e industriales, y también una gran cantidad de barrios populares, villas y asentamientos.
Desde hace más de treinta años, cuando aumentan la pobreza y la precarización laboral en nuestro país, aumentan aun más en el conurbano sur, como en otras regiones de nuestro país afectadas por la pobreza estructural y permanente (La Matanza, Mar del Plata, la zona oeste del GBA, las provincias del Noroeste y el Nordeste, Concordia, etcétera).
La zona sur incluye once municipios: Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora, Almirante Brown, Florencia Varela, Quilmes, Berazategui, Esteban Echeverría, Ezeiza, Presidente Perón, y San Vicente
Desde los tiempos de la dictadura, se inició un proceso de desindustrialización y de destrucción de puestos de trabajo en las distintas ramas de la industria, que fue especialmente grave en la zona sur. En la Argentina, esa pérdida de empleo calificado o semi calificado en la industria fue la consecuencia de los planes del capital financiero, que comenzaba a prevalecer en nuestras tierras y en todo el mundo a principios de la década de 1970. La dictadura militar iniciada en 1976 llevó adelante esos planes a sangre y fuego.
Para los grandes bancos y para los militares, destruir la mayor cantidad posible de trabajo industrial tenía un doble sentido: bajar los costos salariales de toda la población trabajadora, creando empleos más precarios y de sueldos más bajos; y derrotar a los crecientes sectores combativos y clasistas que existían en el movimiento obrero, para disciplinar políticamente al conjunto de nuestra clase.
Al mismo tiempo, desde la década del 70, con el desarrollo de las autopistas hacia Rosario y el litoral, muchas grandes industrias se fueron instalando en la zona norte del Gran Buenos Aires, y en Zárate – Campana, potenciando un nuevo polo industrial. La zona norte tiene un mejor sistema de transporte y de salida rápida de las mercaderías, tanto hacia la ciudad de Buenos Aires, como hacia Rosario y la creciente región de mayor desarrollo agroindustrial en Santa Fe y Córdoba. En los años 80, el Mercosur trajo mayor intercambio comercial e industrial con Brasil, y el corredor de rutas hacia ese país potenció aún más la salida por la Panamericana y el corredor norte.
Durante la etapa menemista, continuando con las políticas económicas de la dictadura, nuestro pueblo trabajador vio como aumentaba la desocupación, la precarización y la pobreza “estructural”, y este ataque fue todavía peor en la zona sur y en La Matanza. Desde entonces, más de un tercio de nuestra población trabaja en condiciones precarias, sin estabilización laboral ni salarial, sujeta muchas veces a las condiciones que nos imponen las grandes patronales, y de las que muchas veces se aprovechan empresas de menor tamaño. El Estado, en sus distintos niveles, también promovió (y promueve) la precarización laboral.
Las tres partes del sistema de salud argentino
En nuestro país, el sistema de salud tiene tres partes o subsistemas que coexisten: la salud pública (brindada por el Estado a nivel nacional, provincial y municipal); las Obras Sociales (que atienden la salud de les trabajadores formales, bajo convenio colectivo, y de sus núcleos familiares); y el sistema de salud privada (que, a un mayor costo, atiende al sector de mayor poder adquisitivo de nuestra sociedad).
En la práctica, esta situación implica que, en situaciones de “normalidad sanitaria”, la mayoría de les asalariades y sus familias atienden su salud en clínicas privadas contratadas por su Obra Social, y en menor medida en hospitales propios de su Obra Social.
El compañero Manuel “Quique” Lombardía (ex Delegado del Hospital de Moreno) resumió el tema con mucha claridad (en nota publicada en MULCS, N° 10 marzo 2018):
“Con la autodenominada Revolución Argentina, Onganía promulga de la ley 18.610 y establece un pacto con los grandes sindicatos (el “Vandorismo”), dando lugar a la seguridad social, atando la cobertura al empleo formal, un modelo contributivo de aseguramiento, segmentado y estratificado por inserción laboral e ingreso. Este subsector fue uno de los motores del sector privado, y consolidó la perspectiva de atención individual. Las Obras sociales establecieron un nomenclador de prácticas funcionales al sobreequipamiento tecnológico, quebró la solidaridad por rama de actividad, y abrió un camino para el desarrollo de empresas de medicina prepaga.
En la década de 1970, se consolida nuestro sistema de salud con tres subsectores (Público; Obras Sociales, y Privado). Las crisis y las reformas van a poner al descubierto sus debilidades, la fragmentación como rasgo central y una amplia cobertura que, por estar atada al empleo formal, va a dejar al sector público desfinanciado y deteriorado expuesto a una demanda cada vez mayor como producto de la desocupación y el deterioro de las condiciones de vida”.
Un sector de asalariades de mayores ingresos, las capas medias y la burguesía pasaron a atenderse en el sistema de salud privada, en clínicas y hospitales más caras que las que atienden a la mayoría de la población trabajadora. La salud privada es más cara y con mejor “hotelería”, pero no es de mejor calidad que el resto del sistema de salud. De hecho, las investigaciones y avances científicos en salud dependen centralmente del trabajo en organismos estatales.
Como resultado de esa política, y de la pobreza creciente y “planificada” desde los años 90, el sistema de salud pública, los Hospitales Públicos, atiende mayoritariamente a la población más castigada por el sistema económico dominante: ese tercio de la población de nuestro país que no tendría acceso al sistema de Obras Sociales, les desocupades y precarizades.
Igual que en la educación pública, el Estado nacional transfirió a la mayor parte de los hospitales a las provincias, que no recibieron el presupuesto necesario para cubrir los salarios y los gastos necesarios (mantenimiento edilicio, equipos, laboratorios, medicamentos). Desde entonces, el desfinanciamiento de la salud pública es una política permanente, con ajustes constantes sobre las condiciones de trabajadorxs de la salud y sobre la población que utiliza los hospitales públicos. Al mismo tiempo, la mayoría de les trabajadoras y trabajadores “formales” no sufren en forma directa estas políticas, al no utilizar el sistema público sino las Obras Sociales. Esta situación, junto a la política consciente de las distintas direcciones sindicales burocráticas, limita la imprescindible solidaridad al interior de nuestra clase trabajadora.
Entendemos que es necesario organizar al conjunto del pueblo trabajador en el reclamo por un único sistema de salud para todas y todos, que supere la fragmentación a la que nos quieren condenar los poderosos, y que fomente la unidad de la clase y de los sectores populares.
La Sexta Región Sanitaria
Desde el punto de vista de la salud pública, la provincia de Buenos Aires se divide en doce regiones sanitarias. La región sanitaria que corresponde a la zona sur del Gran Buenos Aires es la Sexta, abarca a casi todos los municipios de la zona (excepto Presidente Perón y San Vicente, que corresponden a la Región XI, que incluye a La Plata y su zona de influencia). La Sexta Región Sanitaria es la que tiene mayor población de toda la provincia, y abarca a mayor cantidad de población que cualquier otra provincia o estado en la Argentina.
De la VI Región Sanitaria dependen diecinueve hospitales públicos provinciales, y siete UPA (Unidades de Pronta Atención), la provisión de vacunas e insumos de toda la población, de programas sanitarios, y ahora la situación de la pandemia del covid19 en todas partes: villas, asentamientos y barrios populares; fábricas y lugares de trabajo; y tantas otras tareas permanentes, potenciadas en la situación de crisis
Los hospitales involucrados son Fiorito, Wilde, Presidente Perón, y Materno Infantil Goitia (Avellaneda); Evita, Narciso López, Melo y Oncología (Lanús); Gandulfo, Interzonal Estéves (Lomas de Zamora); Meléndez, Oñativia, Hospital de Rehabilitación Jorge (Almirante Brown); El Cruce, Mi Pueblo (Florencio Varela); Iriarte (Quilmes); Evita Pueblo (Berazategui); Leloir (Esteban Echeverría) y Eurnekián (Ezeiza). El sistema provincial en la zona se complementa con siete Unidades de Pronta Atención, las UPA, ubicadas en distintas zonas de Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora, Almirante Brown, Berazategui, Quilmes y Florencio Varela.
En la zona sur existen cuatro hospitales dependientes de las Municipalidades (Oller en Quilmes; Santamarina en Echeverría; y los hospitales Alende y Piacentini en Lomas de Zamora), que deberían trabajar en forma conjunta con los hospitales provinciales.
La pandemia del coronavirus: Cuando se ve la crisis de la salud pública
En marzo, comenzaron los casos de covid19 en nuestro país, en línea con esta pandemia que se desarrolla en todo el mundo. Se trata de la primera vez en la historia en que una enfermedad, para la cual no hay vacuna ni cura efectiva hasta el momento, se despliega en forma casi inmediata en todos los continentes.
A partir del 20 de marzo, el Gobierno nacional establece el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), por el cual se restringe al mínimo la circulación de personas, se fija que la gran mayoría de les trabajadores dejen de trabajar conservando su salario, y se regula cuáles son los servicios esenciales que deben seguir funcionando.
Este aislamiento tiene dos objetivos fundamentales: limitar la circulación del virus, y ganar tiempo para mejorar el sistema de salud, en especial contar con más camas en terapia intensiva, tener más espacios de alojamiento para casos leves y asintomáticos, contar con más respiradores y centros médicos, y preparar mejor a les trabajadores de la salud. En definitiva, conociendo las enormes deficiencias de nuestro sistema de salud, el Gobierno buscaba ganar tiempo para evitar el colapso del sistema y supuestamente poder atender, en iguales condiciones, a toda la población que se contagie.
En los primeros tiempos, el Gobierno del Frente de Todos insinuó que iba a avanzar en la unificación de las tres partes del sistema en la atención operativa de la pandemia. Frente a las previsibles quejas de las empresas privadas que lucran con la salud, retiró rápidamente esta propuesta, permitiendo a las patronales de la salud continuar con sus “negocios”.
Una de las primeras medidas que tomó el Estado nacional fue establecer que las personas mayores de 60 años, las embarazadas, y las personas con enfermedades establecidas (personas con problemas cardíacas, diabéticos, enfermedades respiratorias crónicas, e inmunodeficientes) no debían trabajar. Fue a través de una Resolución del Ministerio de Trabajo (16/3/2020). Si las personas mayores de 60 años eran consideradas “personal esencial”, debían trabajar.
En todo el mundo, la pandemia exhibió las limitaciones del sistema de salud privado: la ganancia empresaria no va a responder nunca a las necesidades urgentes de la población contagiada del virus. Esas limitaciones fueron parte de la causa de miles y miles de fallecidos por la pandemia en países que tienen recursos para atender a su población, pero se rigen por el principio de la ganancia: Estados Unidos, Gran Bretaña, Italia, España.
En ese sentido, la gigantesca crisis es también una oportunidad para mostrar otro modelo de salud pública, orientado a las necesidades de la población. En ese contexto, en nuestro continente se destacó el sistema médico de Cuba, y los esfuerzos exitosos de la Venezuela Bolivariana para contener el virus.
En nuestro país, la crisis era también una oportunidad para intentar recuperar nuestra salud pública, que supo ser mucho mejor, y lleva décadas de desfinanciamiento y deterioro.
La política de Kicillof en la provincia
Claramente tanto el Gobierno nacional como el de la provincia de Buenos Aires eligieron otro camino: no confrontar con las empresas privadas de salud, no “abrir nuevos frentes de conflicto”.
En la provincia, el Gobierno de Kicillof llevó esa política hasta el extremo. Hoy está usando 400 millones de pesos por mes de los fondos de IOMA (la obra social de estatales provinciales), para financiar a clínicas y sanatorios privados. Como señalan las agrupaciones del Encuentro Colectivo Docente de la provincia, “¿Por qué con nuestro dinero no financia servicios propios de IOMA que tanto necesitamos y padecemos? Un prestador privado solo seguirá existiendo si esa clínica da ganancia; en un servicio propio, si hay excedente se destina a inversión en equipos, instalaciones, insumos, etcétera”. Mientras tanto, IOMA ni siquiera garantiza a sus afiliades la atención durante la pandemia: no tiene ambulancias, y les contagiades deber ir a atenderse por sus propios medios, o esperar al 107. La lógica de financiar a empresas privadas para que atiendan la salud pública es absolutamente contraria a lo que necesita nuestro pueblo trabajador.
Frente a la pandemia, era evidente que los hospitales y centros de salud de la provincia iban a necesitar más personal, tanto para atender la mayor cantidad de pacientes, como para cubrir al personal de salud que debía estar exceptuado de trabajar (personas mayores de 60 años excepto que sean consideradas “personal esencial”, y todes aquelles que tengan enfermedades preexistentes y embarazadas, como lo establece la Resolución nacional).
La decisión del Gobierno provincial fue diferente: el Art. 5° del Decreto 90/2020, firmado por el jefe de gabinete, Carlos Bianco, no concede las licencias correspondientes a les trabajadores de Salud y Niñez, por considerarles “personal esencial”. Esto significó que muchísimes trabajadores de salud fueran obligades a trabajar, con enormes riesgos para su salud y su vida. En criollo, en vez de poner más plata para contratar más personal de salud, el Ministerio de Salud provincial puso a trabajar a personas que deberían estar de licencia.
Como clara consecuencia de esta política, el 5 de junio de 2020 falleció la enfermera María Esther Ledesma, trabajadora del Hospital Gandulfo, a quien le fue negada la licencia pese a ser diabética.
El fallecimiento de María Esther Ledesma: Un asesinato laboral en el sistema de salud
Desde abril, ATE Sur está denunciando el Decreto 90/2020, realizando presentaciones formales (como las que también realizó ATE Almirante Brown – Presidente Perón), medidas de protesta y denuncias públicas organizadas con delegades y trabajadores de los hospitales y reparticiones de salud de Lomas de Zamora. En ese marco, después de la muerte de María Esther, desde el sindicato y les compañeres del Gandulfo salieron a denunciar que se trata de un asesinato laboral en pleno sistema de salud.
La indignación, la bronca, de las compañeras de María Esther fueron evidentes en la jornada de duelo convocada por ATE Sur el lunes 8 de junio, y en la conferencia de prensa del miércoles 17 de junio. Se trata de una muerte que era claramente evitable. Además, su familia sufrió las consecuencias: también falleció la madre, y el hijo de María Esther se encuentra enfermo.
Lo que sabemos de de esta enfermedad es básicamente quiénes son las personas que están con mayores posibilidades de enfermar de gravedad y de morir, que son las personas que tienen enfermedades preexistentes.
En los hospitales públicos, falta de todo: elementos de protección personal de buena calidad, camas en terapia intensiva, lugares de aislamiento. Pero sobre todo falta personal, tanto personal profesional como no profesional. Entre les laburantes de la salud, la precarización del empleo y de la vida llevan al pluriempleo. Hoy una enfermera tiene que tener dos trabajos para mantener a una familia. Eso también facilita los contagios, y favorece el crecimiento del virus.
Desgraciadamente, para el Gobierno provincial la prioridad es achicar el presupuesto en salud, sin responder a las demandas históricas de que haya más personal, y más personal con estabilidad laboral. Por eso, sacan un decreto tan contradictorio que dice que las personas con factores de riesgo son las más expuestas a contraer la enfermedad en forma grave y a morir. Y justamente, en el decreto le exigen a les trabajadores esenciales que, para no ir a trabajar, tengan factores de riesgo y más de 60 años, violando la resolución nacional.
En este Decreto, no hay otro argumento de fondo que lo económico y la decisión de no nombrar más personal en los establecimientos de salud de la provincia.
Desde que comenzó la pandemia, en la zona sur fallecieron cuatro trabajadoras y trabajadores de salud por coronavirus: Carlos Cisneros (enfermero del Hospital Oller, Quilmes), el médico Ramírez Sosa Feliz (trabajaba en una clínica de Quilmes), Costa Heraldo (cuidador en el Hospital Eurnekián, Ezeiza), y María Esther Ledesma, enfermera del Gandulfo. La lucha por la derogación del Art. 5° del Decreto 90/2020 es la lucha porque no tengamos que lamentar más muertes de trabajadoras y trabajadores de la salud.
Los problemas de les trabajadores de la salud pública
Además de este Decreto infame, les compañeres de la salud en el provincia tiene varios problemas importantes, que se vinculan entre sí, y mucho más en medio de la crisis del coronavirus.
En el Gobierno de Vidal impusieron un sistema informático de licencias, el SIAPE (Sistema de Administración del Personal). Se trata de un sistema pensado para poner trabas para acceder a las licencias que corresponden. Este problema se suma al planteado por el Decreto que se cuestiona. Se le piden a trabajadoras fotos de los tratamientos médicos que se realizan, en un trato invasivo y deshumanizante. Después de los reclamos y presentaciones legales, se logró que se dignen a eximir a las embarazadas de ir a trabajar, cuando el embarazo y la lactancia son factores de riesgo para contraer enfermedades de gravedad y transmitirlas al feto o lactante.
La provincia no está proveyendo los elementos de seguridad necesarios, especialmente en el conurbano. Fueron llegando a cuentagotas, sin una planificación ordenada que permita a las trabajadoras y trabajadores tener los elementos de protección en sus puestos de trabajo. Hay muchas denuncias de les compañeres por la calidad de los elementos que están entregando: antiparras que se rompen cuando se ponen o cuando entran a una sala de aislamiento; camisolines; elementos insuficientes para la protección a quienes por su trabajo se exponen muchas horas por días a posibles casos de covid19.
En este caso, ATE Sur también presentó un amparo exigiendo elementos de protección adecuados en el Gandulfo y obtuvo una medida cautelar favorable del Tribunal 1 de Lomas. Las carencias denunciadas son comunes con las de muchos hospitales, y también por supuesto afecta a les trabajadores de las salas de salud barriales, y de las clínicas privadas.
A muchos sectores de la salud pública no se le está pagando el bono de 5.000 pesos: no se pagó a todo el sector de salud mental, a los CPA (Centros de Prevención de las Adicciones), a las trabajadoras y trabajadores de las Regiones Sanitarias. Además en varios casos se pagó sólo a quienes se rigen por la Ley Profesional, y no al conjunto de les trabajadores, en una actitud claramente discriminatoria. Este bono que decidió pagar el Estado nacional nunca fue pensado para la totalidad de les trabajadores de salud, sino para quienes trabajen en el manejo de casos relacionados con la pandemia (Decreto 315/2020). No pagarlo a todas y todos es muy injusto, sobre todo cuando más se acrecienta el trabajo de todo el sistema de salud por la cantidad de personas que necesitan atención sanitaria de distinto tipo.
Ante el pico de la pandemia, el refuerzo de personal en salud debería ser muy grande. No basta solamente con cubrir el déficit histórico, ni tampoco con reemplazar a todos los casos de licencias para proteger la salud y la vida de les trabajadores en situación de riesgo o por no tener quien cuide a les hijes. También hay que establecer grupos de trabajo diferenciados sin contacto entre sí, evitando el desmantelamiento de servicios enteros de hospitales ante casos positivos del virus. Es decir, en la práctica se necesita la duplicación de las actuales dotaciones de personal.
En los hospitales y en los centros de salud dependientes de los municipios, la situación es muchísimo peor que para les trabajadores del Estado provincial: salarios aun más bajos, trabajos más precarios, mayores posibilidades de ser despedidas o despedidos (en especial, cuando se realizan cualquier tipo de reclamo sobre las condiciones de trabajo). Esta situación se da en la gran mayoría de los municipios de la zona sur.
En la década de 1990 se descentralizó la atención primaria de la salud, que pasó a depender de los municipios. Esta “municipalización” significó salarios más bajos, y mayor precarización laboral en el primer nivel de atención. Ha sido destruido el sistema de atención primaria, que debería comenzar desde las “salitas de barrio”.
En nuestros barrios: Menos represión, más salud pública
Históricamente, en los barrios populares del Gran Buenos Aires funcionaban los centros de salud barriales, las “salitas”. Si funcionara correctamente, la atención primaria de la salud debería tener varios objetivos: las campañas de prevención y de vacunación, que evite la propagación de enfermedades, de embarazos no deseados; la atención de personas con enfermedades que, tratadas en tiempo y forma, no deberían llegar a los hospitales de los distritos; la atención personalizada de las familias, los llamados “médicos de familia”, que tienen el historial clínico de los núcleos familiares. Además, para las tareas de prevención en barrios especialmente en los más pobres, es fundamental el trabajo de las promotoras de salud, con conocimiento directo de los problemas concretos de cada villa, cada asentamiento, cada barrio.
La buena implementación del sistema de atención primaria explica, en buena medida, el éxito del sistema de salud de la Revolución Cubana, además de los recursos asignados a hospitales especializados y de mayor complejidad.
Desde la década de 1990, la atención primaria de la salud fue degradada y subestimada. A medida que crecía la pobreza en el conurbano, empeoraba la atención de la salud. Hoy el trabajo de profesionales de la salud en atención primaria (médicas y médicos, enfermeres, psicólogas y psicólogos, etcétera) está muy desprestigiado, mucho peor pago y en peores condiciones de trabajo, con baja organización sindical y muchísimas posibilidades de despidos ante los reclamos.
Existen distintos centros: los CAPS (Centros de Atención Primaria de la Salud), los CIC (Centros de Integración Comunitarios). La atención barrial mejoró parcialmente durante los años kirchneristas, sobre la base de una enorme precarización del trabajo. En el Gobierno del Hada Vidal, crearon la Red Pública de Salud AMBA, para mejorar supuestamente este nivel de atención.
Hoy muchos municipios tienen promotoras de la salud, casi en su totalidad mujeres de los barrios populares que se ocupan de la problemática de sus vecinas y vecinos. Es importante remarcar el peso de las tareas de cuidado y de alimentación que recaen, en forma sistemática, sobre las mujeres: se trata de la esfera “tradicional” que el sistema patriarcal marca para los trabajos feminizados.
Frente a la pandemia del coronavirus, la respuesta del Estado en las villas y los barrios ha sido contener y atacar los focos de infección, y no realizaron las tareas previas de prevención de la salud. La respuesta estatal, en sus distintos niveles (nacional, provincial, municipal), es doble: aislar policialmente los barrios, militarizando y exhibiendo “autoridad”; y atender sanitariamente a los barrios donde aparecen casos masivos.
El contagio en los barrios populares se da, muchas veces, por la imposibilidad de mantener el aislamiento necesario, porque les vecines no tienen ni la plata ni el espacio físico para hacerlo. Los lugares para el tratamiento que dan los municipios son muy inadecuados para atender estas graves situaciones. En el barrio La Cava, Villa Fiorito, denunciamos esta situación y logramos revertirla (http://mulcs.com.ar/index.php/2020/06/13/grave-situacion-de-vecinos-de-villa-fiorito-aislados-por-posibles-casos-de-covid19/ y http://mulcs.com.ar/index.php/2020/06/15/villa-fiorito-un-primer-logro-en-la-situacion-de-los-vecinos-aislados-por-casos-de-coronavirus/)
Un problema gravísimo de contaminación atraviesa a la población que vive en las cercanías de la cuenca Matanza Riachuelo, y afecta a vecinas y vecinos de ocho municipios de la región (Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora, Almirante Brown, Presidente Perón, Ezeiza, Echeverría, San Vicente). A partir de un grupo de habitantes de la región afectada que consiguieron llevar su reclamo hasta la Corte Suprema, en 2006 el Estado se vio obligado a crear el ACUMAR (Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo), un organismo interjurisdiccional que incluye al Estado nacional, a la provincia y a la ciudad de Buenos Aires, y a quince municipios ubicados en la región. La zona de la cuenca es inundable, y cada inundación empeora la situación en villas y asentamientos que están a la vera de los arroyos. Hay contaminación crónica por residuos metalíferos y químicos (plomo, arsénico, mercurio), que provocan deterioros permanentes como bajo peso y retrasos madurativos en les niñes. Hay más casos de cáncer en la zona afectada. En 2013 se crearon unidades ambientales interdisciplinarias para atender a la población afectada, pero estos equipos fueron desmantelados en el Gobierno de Vidal.
A partir de un sistema de promotoras de salud bien capacitadas y con buenos salarios, se debería contar con un mapa real de los problemas de cada territorio: falta de agua potable, contaminación del suelo y del agua, falta de acceso para ambulancias, hacinamiento, contaminación por presencia de basurales, y tantos otros problemas existentes. Hoy no existe la verdadera prevención sanitaria sobre las poblaciones más empobrecidas y más expuestas a las enfermedades.
En las fábricas y los lugares de trabajo: Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan
En muchas fábricas y empresas de la zona, los contagios de covid19 llegaron por casos en los barrios donde se encuentran ubicadas, o a través de los dueños o gerentes que viajaron al exterior.
Casi ninguna empresa cumple con la disposición de garantizar el viaje de sus trabajadoras y trabajadores, complicando aun más el transporte público. Contra lo que señalan desde los grandes medios de comunicación, en general la saturación del transporte público es responsabilidad de las patronales, y no de les compañeres que están obligades a ir a trabajar como puedan para no perder el trabajo, ni sufrir pérdidas salariales.
Los grandes medios hablan todo el tiempo de la responsabilidad individual ante la enfermedad: “no se cuidaron”, “no usaron los elementos de protección”. La realidad de la clase trabajadora es distinta. Las empresas presionan a les laburantes para que vayan a trabajar sin respetar el período de 14 días de aislamiento. Hay despidos y descuentos salariales ante casos positivos del virus. En muchos casos, en las clínicas privadas el personal con síntomas iba a trabajar, obligado por las presiones, sin elementos de protección personal. Claramente, la pandemia no es igual para todes: les laburantes, los sectores más empobrecidos, no tienen los mismos derechos en la práctica.
La precarización laboral lleva también a que muchas empresas les exijan a sus trabajadoras y trabajadores que se hagan los hisopados en forma individual, y que no cumplan con los protocolos existentes para evitar la propagación del virus. Las empresas no quieren parar su producción. Cuando hay casos confirmados en una fábrica, o en un sector de trabajo, hay que hacer una desinfección completa, y es necesario detener la producción.
Por el miedo existente a las represalias patronales, en la mayoría de los casos no se denuncian los casos de coronavirus en las fábricas, ayudando a que se propague la enfermedad. En ese sentido, resaltamos dos casos donde las denuncias se hicieron públicas, gracias a la acción colectiva de les trabajadores organizades.
En el frigorífico El Federal, en Quilmes, se produjeron casi veinte casos, con un fallecimiento. Ante la denuncia de los trabajadores, la Municipalidad clausuró el establecimiento y denunció penalmente a los dueños. Intervino la justicia penal contra los dueños de la empresa. La acción de los compañeros impidió que se siguiera diseminando la enfermedad.
En Bridgestone (ex Firestone), en Lomas de Zamora, los trabajadores organizados en el SUTNA pararon completamente la empresa el miércoles 17 de junio, exigiendo que se den las licencias a los trabajadores que estuvieron en contacto estrecho con compañeros contagiados, y que se realice la desinfección de toda la planta fabril. El SUTNA ha elaborado un protocolo específico para el sector, que puso a disposición de las empresas. Hasta el momento, esta poderosa multinacional del neumático se ha negado a cumplir con las medidas más elementales ante la pandemia. La única respuesta del servicio médico de la patronal fue que habían sanitizado las máquinas: no hay palabras para describir el desinterés empresario por la vida de sus trabajadores.
La salud para todes es un derecho imprescindible
En la historia de nuestro pueblo trabajador, el derecho a la salud y a la educación públicas están profundamente arraigados. Durante décadas, hemos luchado por la plena vigencia de estos derechos. Para millones de compatriotas, la salud no es, no debe ser, un negocio al servicio del enriquecimiento de unos pocos, sino un derecho para todes.
En el proceso de pobreza planificada, los poderosos intentaron (e intentan) que aceptemos que la salud es una mercancía más, y que quienes pueden acceden a una salud de buena calidad, y quienes no puedan que se jodan. Durante años, las empresas de comunicación masivas hicieron su trabajo a favor de los dueños de todas las cosas. Pero el derecho a la salud pública persiste con fuerza todavía en nuestra clase y en nuestro pueblo.
La pandemia del coronavirus puso en el centro del debate público, en todo el mundo, cómo debe funcionar la salud pública, quiénes la deben pagar, cómo se debe organizar. Al ejemplo del individualismo extremo de la salud en Estados Unidos (donde miles y miles no podían hacerse los exámenes de coronavirus por su alto costo), se le contrapone la solidaridad médica cubana, enviando brigadas médicas a países con muchísimo más desarrollo económico que la isla caribeña, como Italia.
Desde el MULCS, entendemos que estamos en el momento preciso para que el reclamo de una salud pública para todes, que cubra todos los campos (desde la atención primaria hasta los casos de alta complejidad, la salud mental, la prevención), sea una bandera para las mayorías populares de nuestro país. Hoy más que nunca, la salud es un derecho humano para todas y todos.