8/10/2020
El martes 6 de octubre de 2020 será recordado por uno de los actos más despreciables de la política exterior de los gobiernos argentinos.
El representante de nuestro país alzó su mano para aprobar, en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, el informe presentado por la Alta Comisionada de ese organismo, Michelle Bachelet, que condena al gobierno bolivariano de Venezuela.
Cuando estuvo en Venezuela, Bachelet sólo escuchó los testimonios amañados de la derecha. Se entrevistó con el gobierno pero de lo que este aportó, poco aparece en ese informe. Bachelet nunca recibió a los familiares de las víctimas de las guarimbas fascistas.
La Alta Comisionada, tan resuelta a condenar a la revolución bolivariana a tono con la larga ofensiva desatada por Trump y la derecha continental, jamás denunció las flagrantes violaciones en Colombia, con cientos de asesinatos por parte de las bandas parapoliciales ligadas al gobierno, los que se suman a los perpetrados por el ejército y la policía; en Chile, con los carabineros disparando a los ojos, asesinando compañeres y violando mujeres a mansalva, ante la rebelión popular; en Bolivia, con el golpe de Estado y su secuela de asesinatos a manos de la policía y el ejército, y tantos otros ejemplos de violencia estatal contra los pueblos en Nuestra América.
Justamente junto los gobiernos más antipopulares de nuestro continente (Chile, Colombia, Brasil, Perú, el gobierno golpista de Bolivia), votó la representación argentina.
Lo hicieron, haciendo “buena letra”, el mismo día que llegaba a la Argentina, la misión del FMI que viene a discutir las nuevas condiciones para la renegociación de la deuda con ese organismo, contraída durante el gobierno de Macri. Es inaceptable que entiendan que de esta forma “mejoran” las condiciones para esta negociación.
Esta claudicación ha producido un enorme descontento en los sectores más centro izquierdistas de la coalición del Frente de Todos, y en importantes sectores populares que confiaban en que el gobierno del FdT defendería los intereses populares y a la Patria Grande nuestroamericana. Estos sectores ven con claridad que se trata de una sumisión a los intereses del imperialismo yanqui.
No es un error del Gobierno, ni una decisión unilateral del canciller Solá. La propia designación de Felipe Solá al frente de las relaciones exteriores (del responsable central del agronegocio sojero, y uno de los responsables políticos de los asesinatos de Darío y Maxi), y la ubicación de Massa como presidente de la Cámara de Diputados, marcaron desde el inicio del gobierno la voluntad de tener relaciones subordinadas al imperialismo yanqui, hoy representado por el gobierno de Trump.
El imperialismo le asigna a los gobiernos más cercanos en nuestro continente, que hoy se expresan en el Grupo de Lima que integra el gobierno nacional, el papel de sumarse en forma subordinada a agresiones como la que hoy realiza contra la Venezuela bolivariana, y que mañana serán contra el pueblo argentino y contra todos los pueblos de Nuestra América que padecemos las políticas imperiales.
Desde la unidad de nuestros pueblos, repudiando todas las políticas de seguimiento al imperialismo, seguiremos luchando por una alternativa popular, antiimperialista, latinoamericanista y feminista, con vocación de disputar el poder real a los enemigos de nuestros pueblos.