30/4/2020– Suspensión e investigación de pagos de deuda, más impuestos a los ricos, y todos los recursos sociales necesarios para el sistema de salud y reactivar la economía.
Estos días que anteceden al primer cierre del proceso de renegociación de la deuda van a estar atravesados por disputas sociales claves. Es un momento político bisagra para plantar posición desde la clase trabajadora y los sectores populares, para impedir un fuerte retroceso de nuestras condiciones de vida en el marco de una profunda crisis a nivel internacional.
Con más de 2 millones de personas infectadxs y más de 200 mil muertes, la pandemia del Covid-19 ha producido un salto de alcance incierto en la recesión económica. Sin embargo, a pesar del enorme riesgo sanitario, los empresarios buscan que se acelere la salida de la cuarentena lo más posible. Mientras tanto, buscan descargar en les trabajadores el costo de la misma con despidos, suspensiones, aumentos de precios, y una presión gigantesca sobre las tareas de cuidado.
El gobierno nacional contrastó con Trump o Bolsonaro al tomar anticipadamente la resolución del aislamiento social e incluso tomar algunas medidas paliativas como el Ingreso Familiar de Emergencia. Sin embargo, las presiones de la profundización de la crisis comienzan a horadar la cuarentena revelando que estas son insuficientes en un cuadro de 40% de pobreza y una cifra similar de trabajo precarizado o informal. Mientras tanto pretenden evitar la quiebra masiva de las empresas haciéndose cargo de parte importante de los salarios pero no hacen cumplir a fondo medidas como el control de precios o la prohibición de despidos. Se suma además, la negociación salarial a la baja del gobierno con la UIA y la CGT, respecto de las suspensiones, dejando a dichxs trabajadorxs en posibilidad de perder hasta el 25% de su sueldo.
En esta situación completamente inédita, se realiza la renegociación de la deuda pública. Los $320.000 millones dólares de deuda con los que inició su gestión Alberto Fernández concentran vencimientos masivos en los próximos cinco años; casi la mitad de los mismos son producto del endeudamiento acelerado de los últimos años.
Desde un espacio políticamente diverso venimos desarrollando una campaña por la Suspensión de Pagos y la Investigación de esa deuda, retomando el enorme rechazo social a esa deuda para que sea un cuestionamiento efectivo y pueda convertir la imposibilidad de pagar en una opción real que inaugure otro rumbo. Sin embargo, el Gobierno avanza con las negociaciones con el FMI y el sector donde se suscitaban los mayores problemas en caso de default: la deuda en moneda extranjera bajo legislación extranjera. Luego buscará encarar un proceso similar con el resto de los tramos de deuda.
Hacia ese primer núcleo de deuda bajo legislación extranjera (el 20% del total) realizó una oferta hace pocos días. El Gobierno plantea reducción leve del capital (del 4,5% en promedio), una reducción de la tasa de interés futura (bajando los montos de intereses un 62 % en promedio) así como postergar por tres años los primeros pagos de capital como interés. El objetivo está puesto en reducir el peso de vencimiento en los próximos años. La estructura de la propuesta está hecha para que los fondos de inversión la acepten, con una tasa de ganancia financiera para los bonistas que se calcula entre el 10 y 11% sobre el valor de mercado de los bonos.
La oferta se da en el marco de una crisis global mundial, en la cual tasas de interés negativas en muchos países y la actividad económica en picada va a llevar a grandes pérdidas a todos los capitales. Como la deuda corporativa y de los Estados a nivel internacional es aproximadamente 250 billones de dólares (o sea más de tres veces todo el nuevo valor producido en el mundo en un año) y es posible un default generalizado, hasta el FMI y los organismos internacionales de crédito discuten la condonación de buena parte de la deuda externa pública de sus Estados miembros.
Caranchos hasta el final
Ante la propuesta de renegociación, algunos fondos de inversión han protestado airosamente alegando que salen perdiendo. Se vienen días de tironeo político entre el Gobierno y esos sectores que pretenden aún mayores tasas de ganancia. No sabemos si el resultado de esta disyuntiva será mayores concesiones ante esos fondos con mejoras en la oferta, o si los bonistas externos la rechazarán y el default total se impondrá, ya no como decisión soberana sino como una derrota del Gobierno a manos del capital financiero transnacional.
Una alternativa que permite encarar la deuda desde una posición de mayor fortaleza es investigar su origen. En la doctrina internacional, la “deuda odiosa” es la que se toma por los gobiernos contra los intereses de los pueblos; esa deuda se puede desconocer. El endeudamiento generalizado en el gobierno de Macri encaja en esta categoría; buena parte de la deuda anterior también. En las emisiones de deuda externa más recientes, los funcionarios involucrados fueron asesores de los mismos fondos de inversión acreedores. Por su parte, el FMI pasó por encima de sus propios estatutos prestando a la Argentina y permitiendo que sus dólares se utilizaran para la fuga de capitales al exterior. Sobran razones para cuestionarla.
Más concesiones a los fondos de inversión implican empeorar aún más el escenario de la relegitimación de la deuda. Aun si aceptaran la oferta original, van a continuar condicionando fuertemente la política económica nacional. Los gastos en salud, educación, jubilaciones, cuidados, vivienda, estarán restringidos por décadas, aunque por los próximos años haya un período de gracia. Sostener la deuda implica precarizar la producción y la reproducción de nuestras vidas.
La solución propuesta por el gobierno sólo desplaza el problema hacia adelante. Sin una reducción significativa en la deuda, estaremos esperando una próxima crisis en pocos años.
¿Es suficiente?
La caída económica producto de las necesarias medidas de aislamiento y las urgencias a atender en el marco de la pandemia ponen a los Estados en la encrucijada. Van a retroceder en su hegemonía los proyectos de ajuste permanente y austeridad. Por necesidad, los sectores dominantes en todos los países están tomando medidas que contrarían sus orientaciones liberales y antiestatales, y que parecen poner en riesgo sus alianzas sociales con sectores del capital mundial.
En nuestro país, la emisión monetaria va a cumplir un papel clave en sostener la demanda y financiar gastos sociales, el Ingreso Familiar de Emergencia y medidas similares. Pero no puede ser la única fuente ante la presión inflacionaria y devaluatoria.
Las medidas de austeridad para los cargos políticos, si bien justificadas, son ínfimas frente a lo que podría obtenerse de un fuerte impuesto extraordinario a las riquezas.
El capital de argentines en el exterior asciende a USD 335.000 millones. Es la riqueza que producimos día a día, y que es apropiada por un pequeño grupo de empresarios. Sólo 50 de elles concentran más de $57.000 millones. A pesar de los anuncios del Banco Central, el gobierno no está avanzando en la investigación sobre los principales apropiadores y fugadores de nuestros recursos. Es necesario que se impulsen iniciativas que permitan afectar esos recursos, y tomar otras medidas de manera más general y permanente, ante la extensión de la crisis.
Que la crisis la paguen ellos: es una consigna histórica de nuestro movimiento popular. Venimos de décadas de beneficios extraordinarios en:
-El sistema financiero, con sus altas tasas de interés
-El modelo de agronegocios que entre terratenientes, arrendatarios y empresas tecnológicas ocupa la mayor parte de las tierras más fértiles del mundo para rociarlas de veneno
-El saqueo de los bienes comunes (petróleo, minería, etc), que despoja comunidades, contamina las aguas y territorios
-Los grupos comerciales que se enriquecen con los altos precios de los productos básicos que consumimos (aún en esta situación)
-La industria que lucra con los subsidios estatales, la tercerización y la precarización de las condiciones de trabajo
-La patria contratista que no da un paso sin sus sobreprecios escandalosos
-Los grupos de “desarrollos inmobiliarios” que especulan con la tierra y la vivienda, es hora de que pongan el dinero.
Desde distintos sectores, desde el oficialismo hasta izquierda, se viene planteando en distintos proyectos la posibilidad de un impuesto a las grandes fortunas. Entendemos que se trata de una iniciativa correcta que pone el peso de la crisis sobre los sectores más concentrados. A su vez, creemos que un impuesto extraordinario debe ser el punto de partida para una reforma tributaria general, que reduzca y elimine impuestos a los sectores populares, y amplíe la tributación a los ricos y el gran capital en todas sus formas. Restablecer un impuesto nacional a las herencias, a las ganancias financieras y especulativas, a los grandes propietarios de tierras productivas, son algunas iniciativas que van en esa dirección.
Además, el sistema bancario está en el centro de la escena por estar bloqueando medidas del Banco Central, como la obligación de prestar fondos a las PYMES a bajas tasas de interés para pagar salarios. Con la actividad económica muy raleada, el crédito interno será una pieza clave para que exista una recuperación económica. Se vuelve necesario anular y superar la ley de entidades financieras de 1977, para lograr que el Banco Central regule cómo y a quién puede destinar los préstamos el sistema bancario, en el camino a una nacionalización más integral del sistema financiero.
Ante la crisis, mayor unidad popular por un horizonte anticapitalista
Entendemos que la crisis abre un panorama incierto sobre lo que vendrá después de la pandemia. Pero las salidas que se avizoran en los sectores dominantes – en su versión neokeynesiana o en su versión neofascista- no rompen con el corset capitalista que una y otra vez nos empuja a la pobreza. Estamos frente a una oportunidad clara de correr el horizonte de lo posible y avanzar en construir una sociedad sin explotación ni opresión. Para ello debemos emprender un camino que deje de priorizar los intereses del gran capital y el imperialismo, y que privilegie las necesidades inmediatas de la mayoría de nuestra población. Se requieren medidas transformadoras para lograr establecer un modelo productivo sobre otras bases.
Para echar andar ese camino, es fundamental la unidad y participación política de las mayorías, en el movimiento obrero, en las organizaciones populares, en el movimiento feminista, en el movimiento socioambiental, en los movimientos de derechos humano, en los espacios culturales. Desde nuestro lugar, nos proponemos contribuir con un proceso de construcción y articulación mayor entre las organizaciones del campo popular que nos permita cambiarlo todo, para que ya nada quede como está.
. Frente Popular Darío Santillán
. Movimiento de los Pueblos: Por un socialismo Feminista desde abajo (Izquierda Latinoamericana Socialista / Frente Popular Darío Santillán – Corriente Nacional / Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social / Movimiento 8 de Abril)
. Poder Popular – Corriente de Izquierda (Marabunta Corriente Social y Política / Venceremos – Abriendo Caminos / Venceremos – Partido de Trabajadorxs)
. Democracia Socialista
. ORG
. Propuesta Tatu
. OLP Resistir y Luchar
. Corriente Política de Izquierda
. Colectivo de Comunicación Contrahegemoniaweb
. Acción Socialista Libertaria
. Enrique Gandolfo, Secretario General de CTA Bahía Blanca, Secretario de Formación Político Sindical de SUTEBA Blanca
. Claudio Katz, integrante de Economistas de Izquierda (EDI)
. Eduardo Lucita, integrante de Economistas de Izquierda (EDI)
30/4/2020