23/10/2020
Reproducimos esta declaración de un conjunto de organizaciones populares y de izquierda de Chile, cuando se cumple un año del inicio de la rebelión popular en el hermano país. La lucha de las y los chilenas y chilenos no se detiene. El pasado 18 de octubre, cuando se cumplió este aniversario, nuevamente miles de personas tomaron las calles, y nuevamente las fuerzas represivas atacaron al pueblo.
En el combate masivo y popular contra uno de los modelos capitalistas más reaccionario de nuestro continente, el pueblo chileno recoge su extensa experiencia de lucha y organización, y su hartazgo contra la opresión y la miseria planificada. Hoy se enfrenta al nuevo desafío de transformar una Constituyente limitada por el poder en una Constituyente popular, y en ese marco de aprobar el rechazo a la Constitución de la dictadura de Pinochet, como primer paso en esta lucha por un nuevo Chile, que va recuperando las mejores tradiciones de su historia popular.
A un año de la revuelta popular
Hace un año, el viernes 18 de octubre del 2019, comenzaban las protestas más importantes de la posdictadura chilena. Desde la mañana de ese día, miles de personas, impulsadas por la acción de las y los estudiantes secundarios, evadían los torniquetes del Metro de Santiago, reclamando contra el aumento de 30 pesos en su pasaje. Durante el día se multiplicaron las acciones, que fueron contestadas con una dura represión policial. Pero esto no frenó las protestas, que se expandieron por todas las líneas del Metro y emergieron a la superficie para transformarse en barricadas callejeras. La respuesta del gobierno fue “militarizar” la Región Metropolitana, particularmente sus zonas populares. Lo que tampoco sofocó la llama de la rebelión, pues la mañana del sábado 19 no sólo la gente de la capital salió a las calles, sino que también lo hicieron cientos de miles en todo el país. La represión, sólo durante ese fin de semana, dejó una veintena de muertos y millares de heridos y detenidos por Carabineros, militares y la PDI. Sin embargo, el fuego de la protesta era imparable, que, con el correr de los días, terminó forjando la revuelta más extensa de la historia reciente de Chile.
La elite declaró no saber que el “malestar” fuera tan “grande”. Al parecer, no recordaba la “rebelión pingüina” del 2006, las huelgas de los subcontratistas el 2007, el ciclo de movilizaciones regionalistas, socio-ambientales, de los pueblos originarios y, sobre todo, de la educación pública entre el 2010 y 2013. Tampoco, las distintas movilizaciones portuarias y docentes, además de las multitudinarias concentraciones contra las AFP’s y las crecientes movilizaciones feministas de los últimos años. En realidad, el empresariado y los políticos de la Derecha y la Concertación no quisieron responder durante 40 años a una clase trabajadora despojada en sus puestos laborales y espacios de vida, que ha dejado bajo mayores niveles de precarización a mujeres, disidencias sexuales, pueblos originarios y migrantes. Esto, no por una mera falta de voluntad, sino por el permanente afán empresarial de mercantilizar todo ámbito de la vida, a partir de lo que ha erigido su poder social, político y cultural, conjugando mecanismos de explotación laboral y destrucción de los territorios habitados con relaciones patriarcales y racistas. A lo que han sumado una creciente represión de los sectores movilizados, incluyendo burdos montajes, siendo uno de los más brutales el asesinato de Camilo Catrillanca. De allí que la revuelta no sólo reclamara por $30 pesos, sino que se extendiera a cuestionar los 30 años de postdictadura y, a la postre, la fortaleza institucional del poder de la clase empresarial: la Constitución de 1980. Es decir, era una revuelta contra el capitalismo neoliberal.
Pero, además, la crítica fue acompañada de una reconstrucción colectiva. Así, al calor de la movilización no sólo emergieron las demandas por un sistema de salud, educación, previsión y salarios dignos, o un amplio tejido organizativo, sino también la necesidad de una Asamblea Constituyente con protagonismo popular. Mientras se marchaba por las calles y enfrentaba a Carabineros, en paralelo se organizaban millares de asambleas territoriales y se recuperaba una identidad a modo de clase, como era la idea de “pueblo”, con el fin de hacer retroceder los privilegios de esa otra clase, compuesta por la elite empresarial y política. De tal modo, el cuestionamiento al capitalismo neoliberal abría el camino a la construcción de un nuevo proyecto de país, en favor de los intereses mayoritarios de las personas que viven de su trabajo.
Este proceso, agudizado por el asedio desplegado durante la Huelga General del 12 de noviembre, obligó a que la elite accediera a un cambio constitucional. Los partidos de la clase dominante, igual que el 2006, se reunieron ahora para firmar un “Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución”. Que luego, sus sectores más reaccionarios, buscaron rechazar. Por lo mismo, desde estos últimos, lo que menos ha existido es paz en los meses recientes, sino violencia, en particular, contra quienes siguen manifestando las demandas populares. Lo que se ha materializado en una treintena de muertos, más de 300 mutilados de su vista, un incontable número de heridos y cerca de 2.000 presos políticos, evidenciando la sistemática violación de los DD.HH y la impunidad con la cual han actuado las fuerzas estatales para reprimir a los manifestantes.
Pero, a pesar de la represión y el confinamiento, el ánimo por cambiar el “modelo” neoliberal ha estado lejos de terminar. Advirtiendo los límites del proceso constitucional, una buena parte de quienes se movilizaron el 2019 han denunciado a quienes pretenden limitarlo a una nueva transacción elitaria. De tal modo, han intentado generar un proceso constituyente popular que presione las tratativas de la clase dominante, sin perder de vista que la única respuesta a sus necesidades es un profundo cambio al sistema económico y político actual.
El desafío de quienes pretendemos contribuir a este proceso popular es, por tanto, fortalecer esa experiencia de articulación social y política que busca constituir un nuevo país, que frene la precarización del trabajo, la mercantilización de la vida, la opresión patriarcal y racista, además de la destrucción territorial que promueve el capitalismo neoliberal. Es decir, continuar aportando a la construcción del poder del pueblo, a partir del cual disputar a los intereses de los grandes capitalistas todo ámbito de la vida, mientras forjamos de manera colectiva un proyecto de sociedad que responda a las necesidades de la diversa y enormemente mayoritaria clase trabajadora que habita este país.
En tal sentido, para desbordar la pretensión de la clase dominante de cocinarlo entre 4 paredes, llamamos a aprobar un cambio constitucional, apuntando a dotarlo de un protagonismo popular desde ahora ya, tanto en la discusión como en la acción.
¡¡A construir la alternativa de la clase trabajadora y los pueblos!!
Declaración conjunta de las Organizaciones Políticas:
Movimiento Dignidad Popular (MDP)
Convergencia 2 de Abril (C2A)
Solidaridad, Feminista -Comunista – Libertaria
Contratiempos
Partido Igualdad
Victoria Popular