22/3/2021
Como ocurre habitualmente, el 24 de Marzo no sólo repudiamos a la dictadura cívico-militar iniciada en 1976, sino que hacemos un balance de la situación de los derechos humanos en el año transcurrido. Por supuesto, el panorama de las luchas populares por estos derechos estuvo marcado por la pandemia del covid19. Desde nuestra perspectiva, adherimos a las palabras del Toto Zimerman: “Los Derechos Humanos son los derechos que tienen los pueblos a hacer la revolución”.
A poco de asumir, el gobierno del Frente de Todos planteó diferenciarse de la política represiva de Cambiemos, que, con su Doctrina Chocobar, pistolas Taser, y el incremento de la militarización de los barrios, llegó a un record de una persona fallecida por responsabilidad de las fuerzas represivas cada diecinueve horas. Algunas de las primeras medidas adoptadas (como la derogación de los protocolos de Patricia Bullrich) parecían iniciar el camino hacia un cambio de rumbo, que se contradecía con la designación de Berni al frente del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, y otras medidas como el ciberpatrullaje puesto en manos de las fuerzas federales y el anuncio del Comando Unificado de fuerzas federales y provinciales.
Luego del rechazo a su expresión a favor de “dar vuelta la página” del distanciamiento del pueblo con las Fuerzas Armadas, el Presidente ratificó su “compromiso con la búsqueda de verdad y justicia”, pero los archivos del terrorismo de Estado siguen sin hacerse públicos. A esas mismas fuerzas armadas cuyos miembros, a pesar de su edad, fueron conducidas y formadas por partícipes directos del genocidio, se le asignaron tareas “sociales” como reparto de alimentos, adecuación de espacios en cuarteles para personas en aislamiento por sospecha de ser portadores del covid19.
Iniciada la pandemia, la decisión del Gobierno de poner en manos de las fuerzas de seguridad el control del cumplimiento de las medidas de aislamiento se tradujo rápidamente en detenciones arbitrarias, golpizas y maltratos a detenidos. Según el informe anual de CORREPI, el 85% de las 411 muertes bajo responsabilidad de las fuerzas represivas registradas entre diciembre de 2019 y noviembre de 2020, ocurrieron después del 20 de marzo, fecha de inicio de la ASPO. Las cuatro desapariciones forzadas seguidas de muerte de los primeros meses de 2020 (Carlos Orellano en febrero, en Rosario; Francisco Cruz en Florencio Varela, en marzo; Facundo Astudillo Castro en abril, en las cercanías de Bahía Blanca; y Luis Armando Espinoza en Tucumán, en mayo) evidencian tanto la continuidad de los métodos como la activación de un verdadero “protocolo” para proteger la impunidad de las fuerzas represivas responsables, junto con la persecución y criminalización de las familias que reclaman verdad y justicia.
La “doble vara” de control policial en calles, incluso cercando barrios con fuerzas policiales, contrastó con el descontrol de la prohibición de despidos, rebajas salariales y el incumplimiento de los protocolos en lugares de trabajo y medios de transporte, lo que multiplicó los contagios en fábricas, frigoríficos, hipermercados. Una vez más, el Ingenio Ledesma batió record de desprotección a las vidas de los trabajadores y de todo el pueblo de Libertador General San Martín, en Jujuy.
Esta política revela la permanente doble moral: mano dura para las y los de abajo, mano blanda para los de arriba. En el terreno económico, comprobamos las facilidades para fugar divisas, para las quiebras fraudulentas de empresas, para el contrabando, delitos que afectan directa o indirectamente a nuestro pueblo trabajador, y que no son penalizados como corresponde. Por otra parte, a los sectores más castigados por la pandemia nos sacaron el IFE o el ATP.
Los derechos humanos se vulneran o se respetan…integralmente
El Gobierno del Frente de Todos, en medio de la emergencia derivada de la pandemia, cumplía con el pago de intereses y procuraba acordar con el FMI el pago de la deuda contraída por el macrismo, los aumentos de precios licuaron nuestros salarios e ingresos, y la extensión del agronegocio y la megaminería son reivindicados por el propio presidente como “generadoras de riqueza”, y como solución al déficit económico. Sin duda lo son, para las grandes empresas, en la misma medida que sólo distribuyen miseria y enfermedad. La ambición empresaria de extender la frontera agropecuaria, los negocios inmobiliarios, la megaminería, incendió miles de hectáreas de humedales en el litoral, en las sierras de Córdoba, en los bosques en Chubut, y junto con ellas perdieron viviendas y medios de vida miles de personas.
La represión y judicialización de quienes, como el pueblo de Chubut, se oponen al saqueo y contaminación, es parte de la decisión política del sistema político de profundizar el modelo extractivista, priorizando la necesidad de obtener divisas para pagar deuda externa y reducir el déficit fiscal, favoreciendo los intereses del capital más concentrado en desmedro de los derechos populares.
El aislamiento del covid19 intensificó la violencia de género y los femicidios al interior de los hogares. La inacción estatal, en especial del Poder Judicial y de las policías, del “Ministerio de cartón” que se debería ocupar de los derechos de las mujeres y diversidades, provocaron masivas movilizaciones y reclamos encabezados por las compañeras de nuestros movimientos territoriales. En los primeros meses de 2021 siguen creciendo los femicidios y las violencias contra las mujeres.
La pandemia de la pobreza
El impacto económico del covid19, y de las necesarias medidas de aislamiento preventivo decretadas, fue brutal en nuestros barrios populares, donde la subsistencia diaria depende muchas veces del trabajo informal, la venta callejera, el trabajo doméstico en “negro”, es decir las formas más precarizadas del trabajo.
Los tres pagos de IFE, la entrega estatal de alimentos, el crecimiento de los planes sociales no alcanzan para garantizar las necesidades mínimas de nuestro pueblo, que las organizaciones populares remediamos con la solidaridad organizada en las ollas populares y en los merenderos. El aumento de los índices de pobreza e indigencia no alcanza a traducir la situación de emergencia en que se combinaron la disminución de ingresos, y la precariedad de las condiciones de vida. El hacinamiento en las zonas más carenciadas, la falta de agua potable y servicios sanitarios, agravan aún más la situación.
Las consignas de “Quedate en casa” y “Lavate las manos” eran precauciones imposibles en nuestros barrios populares sin agua y con familias amontonadas en espacios mínimos. La necesidad de buscar unos pesos para sobrevivir empujaba a salir, como se pudiera.
En todos los barrios brotaron las ollas populares, porque nada se puede combatir con la panza vacía, y nuevamente una primera línea de mujeres puso el cuerpo cocinando en las ollas, sin compartir el mate y con apenas un poco de lavandina para prevenir los contagios, en medio de las condiciones precarias.
En este marco, el aumento de los alquileres precarios agravó el déficit de viviendas para nuestro pueblo, y las recuperaciones de tierras se multiplicaron en todo el país, especialmente en el conurbano bonaerense. Las respuestas estatales fueron el hostigamiento policial, la represión abierta, los desalojos, combinadas con algunas medidas de asistencia social, y en general incumplieron la obligación legal de iniciar mesas de diálogos. Trataron un gravísimo problema social, que afecta a los sectores más empobrecidos de nuestro pueblo, como si fuera simplemente un delito. A la demonización de las tomas, se agregó el protocolo que habilita la represión en caso de “flagrancia”, o sea, cuando las fuerzas policiales lo deciden.
El ejemplo más claro de esta política fue el desalojo violento de Guernica, con cuatro mil efectivos de la bonaerense comandado por Berni, después que el Ministro de Desarrollo de la provincia, Larroque, le dejó zona liberada abandonando la mesa de negociación con les delegades. La política desplegada por los movimientos populares, donde participamos desde el MULCS, permitió seguir la lucha por viviendas populares, por Tierra para Vivir y para Producir.
¿La Bonaerense es esencial?
A pocos días del anuncio de un Plan de Seguridad que destinaría cerca de cuarenta mil millones de pesos a aumentar el equipamiento, la infraestructura y los efectivos a la Policía Bonaerense, miles de efectivos de esa misma fuerza, con la excusa de un reclamo salarial, montaron una rebelión policial. Fue realmente una extorsión política, que perseguía mayor impunidad para sus delitos, la cancelación de sumarios y de sanciones. El aislamiento provocado por la pandemia disminuyó los ingresos ilegales de la caja policial (autopartes robadas, drogas, prostitución, etcétera).
Es la misma Bonaerense que participa de las redes de trata de mujeres para la prostitución, del comercio de drogas, responsables de desapariciones y asesinatos en toda la provincia, del encubrimiento de femicidios, de las muertes de Darío y Maxi en la Masacre de Avellaneda en 2002.
Con los medios de desinformación masiva amplificando el reclamo y explicando el deterioro del salario policial (que fue menor al de les docentes, auxiliares de la educación y trabajadores de la salud), el Gobierno provincial accedió rápidamente a un aumento del 50%, a pesar de lo cual continuaron las medidas durante varios días.
Es necesario vincular esta revuelta policial con las declaraciones del ex presidente Duhalde advirtiendo sobre un próximo “golpe de Estado”, y con la actuación de Berni y del poder judicial obstaculizando la investigación sobre la desaparición de Facundo Astudillo Castro, cuyo cuerpo había “aparecido” pocas semanas antes.
Pocas semanas después de la revuelta, el desalojo de Guernica iluminó con fuego el sentido de la “esencialidad” policial.
El rebrote de la derecha
En el marco de la crisis sanitaria, la derecha fue subiendo el voltaje de sus intervenciones, con su discurso supuestamente “democrático” y “republicano”, cuestionando las medidas de aislamiento preventivo como limitantes de sus libertades individuales, defendiendo el derecho del “mercado” para subir precios y bajar salarios. Los máximos dirigentes del PRO, con Patricia Bullrich a la cabeza, impulsaron las bolsas negras simulando cadáveres de dirigentes del oficialismo y de los derechos humanos como reclamo por la “transparencia en la vacunación”.
Desnudaron nuevamente su tradición genocida. Durante su Gobierno impulsaron la liberación de genocidas con el “2×1”, negaron las 30.000 desapariciones de la dictadura, desaparecieron a Santiago Maldonado y asesinaron a Rafael Nahuel, y aplicaron la doctrina Chocobar que legitima los asesinatos bajo responsabilidad de las fuerzas de seguridad. Son los mismos sectores que destruyen los lugares de la memoria, como los murales y las baldosas, en las que nuestro pueblo mantiene vivo el reclamo por Verdad y Justicia, por les 30.000 detenides desaparecides, reivindicando su lucha.
Les trabajadores de la salud: la “primera línea” aplaudida y sin defensas
Nuestro sistema de salud lleva años de ajuste y vaciamiento, con el negocio de la enfermedad privada prevaleciendo sobre el derecho a la salud pública en nuestra sociedad.
El concepto de “combatir al virus” se impuso por sobre lo que debió haber sido la urgente construcción de un sistema de protección de la salud que empezara por garantizar condiciones de vida seguras. Las “primeras líneas” en este combate desigual fueron les trabajadores de salud, que pusieron sus cuerpos sin protección suficiente y segura, sin sueldos que alcancen para vivir con un solo trabajo, sin vacaciones, sin licencias acordes a los factores de riesgo. Los aplausos en los balcones no alcanzaron para evitar que en este sector, para enero el número de casos confirmados se acercara a les 70 mil (66,5% mujeres) y a esa fecha se contaran 419 fallecides con covid19.
Los reclamos de les trabajadores de la salud lograron que avanzara la vacunación en este sector esencial de nuestra clase trabajadora, disminuyendo en parte los contagios y los fallecimientos entre compañeres de la salud.
Sólo el pueblo salvará al pueblo
La sangre de nuestres compañeres caídes, el sacrificio de nuestro pueblo trabajador, no se negocian. Están presentes en cada lucha, y sabemos que los plenos derechos de nuestro pueblo sólo podrán ejercerse cabalmente en una sociedad sin explotadores ni explotados. Construir esa sociedad, junto a las herramientas para llegar a ella, es una tarea permanente y cotidiana.
No alcanzan los enunciados de buenas intenciones si no se apalancan en el genuino protagonismo popular, que en nuestro país tiene una riquísima historia de lucha que se hace presente en asambleas, puebladas, paros y tomas de fábricas, piquetes y tomas de tierra.
Hay que aportar siempre a construir mayor protagonismo popular, siempre en unidad contra los enemigos del pueblo, los explotadores y saqueadores, en la defensa de la vida plena y de los derechos humanos para nuestros pueblos, que son el derecho a luchar por todos nuestros derechos.