14/8/2020
Desde hace décadas, el pago de la deuda externa condiciona la vida económica, social y política de nuestro país. Desde la dictadura genocida de 1976, la deuda ha servido para la fuga de capitales de las grandes empresas nacionales y extranjeras, pero fundamentalmente para que el poder real la utilice como mecanismo de coerción para llevar adelante sus planes de mayor concentración económica y de debilitamiento de nuestra clase trabajadora y de los sectores populares.
La hegemonía del capital financiero en el mundo capitalista actual viene desde la década de 1970, con la universalización del dólar como moneda de intercambio comercial y de acumulación financiera. Desde entonces, se ha reforzado el papel político del endeudamiento de los países dependientes con respecto al capital financiero (que representa a las potencias económicas dominantes) en todas las naciones del “Tercer Mundo”, en Nuestra América, en África, en el este de Europa (después de la caída del Muro), y también en el sur europeo (como en Grecia).
En nuestro continente, el crecimiento de la deuda fue parte del plan sistemático de dominación del imperialismo yanqui, en combinación con las dictaduras militares y la pobreza programada de las mayorías populares. Por su propia naturaleza, estas deudas son impagables, y los acuerdos sucesivos refinancian las deudas anteriores. El poder financiero y transnacional busca que cada nueva crisis de deuda acreciente su fuerza económica y política, y debilite más a los países dependientes, y a les trabajadores y sectores populares.
La deuda pública hoy
En la actualidad, la deuda pública nacional que se está renegociando tiene cuatro componentes distintos. Por un lado, los bonos en dólares bajo legislación extranjera por 65.000 millones de dólares constituyen la deuda que el Gobierno de Fernández acaba de conseguir negociar en nuevos bonos. En la negociación de esa deuda, tuvieron un peso decisivo los fondos de inversión norteamericanos, como Black Rock, Templeton y Fidelity, que manejan los negocios financieros de las grandes empresas yanquis. Los intereses de Black Rock y del poder yanqui son los mismos. Buena parte de esta deuda comenzó en el Gobierno de Macri, que tomó préstamos en divisas para pagar deudas en pesos, una maniobra que sólo se puede pensar para beneficiar a los usureros financieros y a sus contactos locales (como el ex Ministro de Finanzas, Luis Caputo). Como señala Gambina (http://mulcs.com.ar/index.php/2020/08/13/acuerdo-para-el-canje-de-bonos-de-la-deuda-publica-argentina-con-los-fondos-financieros/): “El resultado concreto es que el país posterga pagos en el corto plazo, libera compromisos cuantiosos en el actual período de gobierno, estimados en 37.000 md y transfiere los vencimientos de deuda para los próximos turnos presidenciales de la Argentina, especialmente los que se sucedan luego de diciembre del 2023.”
Ahora comienza la renegociación de la deuda contraída con el FMI durante el macrismo por 44.000 millones de dólares, que es el mayor préstamo concedido por el Fondo en su historia. Pese a las invocaciones del actual Gobierno de un organismo más “sensible y humanizado”, la experiencia histórica indica que exigirán mayores condiciones de ajuste estructural, tanto previsional (sobre las jubilaciones y las prestaciones sociales) como laboral (sobre nuestros salarios y condiciones de trabajo).
También están los bonos en dólares bajo legislación nacional por otros 42.000 millones de dólares, cuyo canje se realizará en términos similares a la negociación ya acordada con los fondos de inversión. Los términos de esta negociación fueron aprobados por una Ley nacional, acordada entre el Frente de Todos y la oposición derechista de Juntos por el Cambio. Vuelve a ratificarse que el pago de la deuda, sin cuestionar su origen ni su legitimidad, es una política de Estado en nuestro país desde 1983 hasta hoy. Todos los Gobiernos, más allá de sus diferencias políticas y económicas, se han negado a investigar seriamente el crecimiento exponencial de la deuda externa.
Finalmente, otra parte de la deuda que se renegociará es intraestatal, contraída con el ANSES, el Banco Central y otros organismos estatales, y su discusión es más sencilla: usualmente este tipo de canje no perjudica a las arcas del Estado, sino que disminuye sus gastos sociales y salariales, perjudicando a jubilades, trabajadores y trabajadoras.
En total, el objetivo del Gobierno del Frente de Todos es reestructurar deuda pública por alrededor de 150.000 millones de dólares, sobre una deuda total de 323 mil millones de dólares. El Gobierno tiene un objetivo claro: postergar los pagos más allá de su período de gobierno, para asegurarse su predominio electoral, y contar eventualmente con mayores recursos para atender la urgencia social potenciada por la pandemia del covid19.
Pero la crisis sanitaria y económica internacional agrava nuestra pobreza estructural y lleva a más de la mitad de nuestra población a mayores condiciones de pobreza, desocupación y precarización laboral. Las grandes empresas aprovechan la cuarentena (y las dificultades objetivas para la organización de la protesta social) para incrementar sus ganancias, y avanzar en la flexibilización laboral. Saben que cuando las y los de abajo podamos organizarnos, habrá mayor resistencia, y buscan aprovechar su momento.
En este marco complejo, nadie puede asegurar que el Gobierno tendrá mayores recursos económicos en la próxima etapa, dependiendo además de la reactivación del comercio internacional, en especial con China. En las condiciones económicas de hoy, la plata que se “ahorrarían” en pagos de la deuda en bonos no está asegurada que exista para otros fines.
Una deuda ilegítima y odiosa
Esta deuda es profundamente ilegítima y odiosa, y condiciona económica y políticamente a nuestro país. Como vimos, la deuda ha servido fundamentalmente para financiar la “fuga de capitales” de los propios bancos y de las grandes empresas transnacionales, y para aumentar nuestra dependencia política y económica.
Según una definición aceptada internacionalmente (realizada por el jurista ruso Alexander Sack), la deuda odiosa es aquella contraída y utilizada contra los intereses de les ciudadanes de un país, y ese carácter hace no exigible su devolución, ya que los prestamistas obraron de mala fe. Contrariamente a lo que se plantea en muchas ocasiones, Sack no considera que para definir a una deuda como odiosa haya que tomar en cuenta el carácter del gobierno que contrae la deuda (ya sea una dictadura, o un gobierno constitucional). Desde la década de 1990, el CADTM (Comité para la Abolición de las Deudas Ilegítimas), dirigido por Eric Toussaint, retoma este concepto para cuestionar las deudas contraídas por las naciones dependientes.
En este marco, hace falta una profunda investigación de la deuda, con una auditoría popular y ciudadana, y que, como resultado de esa investigación, se deje de pagar la deuda odiosa e ilegítima, y se denuncie social y penalmente a todos los responsables políticos y económicos de ese endeudamiento. Sin investigación popular de la deuda, no habrá juicio ni condena contra los responsables de la pobreza y del hambre en nuestro país. Es preciso recordar siempre que la dictadura genocida de 1976 fue responsable del incremento criminal de la deuda externa, y que a la condena a los genocidas debemos sumarles a los responsables económicos y políticos de la miseria planificada desde la dictadura hasta la actualidad.
El camino hacia el no pago de la deuda ilegítima, odiosa y expoliadora de nuestro pueblo trabajador es demostrar, ante las mayorías populares y también judicialmente, su ilegitimidad como resultado de esta investigación de fondo.
La deuda es con los pueblos, y no con el FMI
Las inmensas necesidades sociales de nuestro pueblo trabajador (en trabajo, salud, educación, en viviendas y tierras, en obras públicas, etcétera) sólo pueden satisfacerse si los recursos destinados a esa deuda ilegítima y odiosa se destinan a cubrir estos reclamos urgentes, y si se emprende un camino para solucionar nuestra dependencia económica.
La pobreza planificada a la que nos conduce el capitalismo financiero lleva también al endeudamiento de las familias populares, que afecta en especial a las millones de mujeres más empobrecidas de nuestro pueblo, que se ven obligadas a contraer deudas a tasas usurarias. La mayoría de los hogares más pobres de la Argentina son sostenidos por las mujeres, que deben conseguir los recursos económicos para la supervivencia y también sostienen la mayor parte del trabajo doméstico. Con la pandemia, esta situación empeora enormemente, y los préstamos usurarios perjudican más a las familias más humildes de nuestro pueblo.
Se refuerzan los lazos de la dependencia
En el reciente acuerdo por los bonos bajo legislación extranjera, vuelve a ratificarse que cualquier diferendo futuro por los nuevos bonos se someterá a tribunales extranjeros. Esos tribunales están en Nueva York, que es el centro financiero mundial, y sus jueces siempre fallarán a favor de los intereses del capital financiero y en contra de los intereses de nuestro país. Son falsos árbitros: cobran a favor de los bancos y empresas que manejan los bonos, y en contra de los Estados nacionales.
Toda la legislación que somete a nuestro país al control económico y político de los organismos internacionales de crédito (FMI, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo) va en igual sentido. Esta legislación incluye el sometimiento al CIADI como tribunal para los litigios con las multinacionales, que es una de las formas que toma la dependencia financiera.
El CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) depende del Banco Mundial, y es un supuesto mediador de las diferencias entre los Estados nacionales y las empresas extranjeras que actúan en general en la energía, el transporte y los servicios públicos. Siempre actúa a favor de las empresas y en contra de los Estados, incrementando la deuda externa y la dependencia financiera.
El extractivismo y la deuda
Para conseguir los dólares para los futuros pagos de la deuda, y también para subsidiar los componentes importados de las empresas automotrices y electrónicas que actúan en nuestro país, la Argentina necesitará más dólares. Seguramente una parte de esos dólares vendrán de nuevos préstamos, y el Gobierno de les Fernández aspirará a que provengan de su acuerdo con el FMI. Pero la fuente principal para obtener divisas provendrá de ampliar las exportaciones. Para ese fin, seguirá creciendo el extractivismo.
Con Vaca Muerta y el fracking petrolero en duda por los altos costos de extracción y los bajos precios, la búsqueda se centrará en nuevos y viejos negocios extractivistas: minería, intensificación de la producción de soja y sus derivados, acuerdos con la industria de la carne (que viene creciendo en su capacidad exportadora), y todo tipo de acuerdos que permitan obtener grandes ganancias empresarias y recursos para el Estado, a costa de degradar aún más los suelos y general desastres agroecológicos. Hoy la Argentina produce más “commodities” agropecuarios como producto de la sojización intensiva de las últimas décadas, y mucho menos alimentos de buena calidad.
El reciente anuncio de un acuerdo con China por la producción de carne porcina, en enormes granjas, va en este sentido, y si se concreta, significará un desastre en términos ambientales.
La perspectiva de recuperación de nuestras tierras, imprescindible en tiempos de pandemias provocadas por la explotación sin límites del capitalismo de los bienes comunes y por la producción de carne a bajo costo, hace incompatibles los pagos de la deuda con el desarrollo humano sostenido en el tiempo.
Suspensión de los pagos e investigación de la deuda pública
Desde el MULCS, y desde el Movimiento de los Pueblos: Por un socialismo feminista desde abajo, venimos participando desde enero de este año en la Autoconvocatoria por la suspensión de pagos y la investigación de la deuda. Junto a numerosas organizaciones populares de distintos lugares de nuestro país, con la activa presencia de Norita Cortiñas y Adolfo Pérez Esquivel, la Autoconvocatoria plantea una salida económica y política completamente distinta a la seguida por el Gobierno nacional, ejecutada por el Ministro de Economía Martín Guzmán.
Sin investigar realmente el origen y la legitimidad de la deuda (que aumenta en capas sucesivas, de diferente forma según cada Gobierno), todo acuerdo no sólo refuerza la dependencia y la sujeción a necesidades del capital financiero, sino que preanuncia la próxima crisis de deuda. En el acuerdo reciente, los pagos de capital comienzan en 2024, y se acrecientan hacia 2028. Si no hay modificaciones de fondo en la estructura económica de nuestra país, más temprano que tarde sobrevendrá una nueva crisis, seguramente más intensa que la actual.
Una salida política de fondo
La deuda es un problema importante para nuestro pueblo y para nuestro desarrollo nacional. Sin embargo, el problema central lo encontraremos en el carácter dependiente de nuestro país, similar a otras naciones dependientes con un desarrollo industrial incompleto y condicionado por esa situación. En la historia de la lucha de clases en la Argentina, se ha comprobado la inexistencia de un sector de la burguesía local dispuesto a asumir los costos de un desarrollo independiente. En general, hace décadas, que no existen esos sectores en los países dependientes.
En ese marco, la tarea de superar la dependencia, y por lo tanto la sujeción a la deuda, es principalmente una cuestión estratégica para la clase trabajadora y para los sectores populares oprimidos por el gran capital y el imperialismo. Los sectores más conscientes de nuestra clase deberán emprender una doble tarea: no sólo se trata de defender los intereses inmediatos, reivindicativos, por los que hay que interesar y ayudar a organizar a las mayorías populares de nuestra patria. Se trata de construir, como parte de nuestro pueblo trabajador, el programa necesario, y las organizaciones que nos hagan falta. Se trata de cambiar todo lo que deba ser cambiado, para hacer un país y un mundo donde todes tengamos los mismos derechos.
El camino por superar la dependencia capitalista y la dominación imperialista tendrá seguramente obstáculos y dificultades, pero a la larga es el único camino que podrá superar las crisis cíclicas que nos atacan como pueblo y que sólo benefician a unos cuantos poderosos. Para superar el dominio del capital financiero, es preciso construir un amplio movimiento popular, con vocación de masas y de poder, antiimperialista y anticapitalista, feminista y clasista, con horizonte socialista, que tenga el objetivo de derrotar a nuestros enemigos de clase.