11/3/2021
El miércoles 10 de marzo, desde el MULCS participamos, junto a otras organizaciones populares, de esta movilización al Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, como parte de nuestro reclamo por Tierra para Vivir.
Reproducimos la declaración conjunta que convocó a esta movida unitaria:
“FRENEMOS LOS DESALOJOS Y AUMENTOS DE LA VIVIENDA CON UN PLAN DE LUCHA DE LUCHA
Miércoles 10 de marzo /10hs – Obelisco
En el marco de la enorme crisis económica y sanitaria a nivel mundial, vemos en nuestro país el avance de la inflación, paritarias y jubilaciones a la baja, y desocupación. Como si esto fuera poco, se le suma el aumento de los alquileres e impuestos, y desalojos. Los desalojos se venían multiplicando a pesar de que está vigente hasta el 31 de marzo un decreto presidencial (DNU 320) que los prohibía. Sin embargo, desde su sanción hace casi ya un año, denunciamos que su efectividad era parcial, dado que habla de la prohibición de los desalojos por falta de pago del contrato de alquiler. Desde el vamos, Fernández y el flamante Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat (conducido primero por Bielsa y actualmente por Ferraresi) desconocieron la realidad de millones de inquilines precarizades que no acceden al mercado de alquileres formales. Es así como en hoteles, pensiones, asentamientos y villas de todo el país los desalojos siguieron sucediendo, al igual que varios ejecutados por causas judiciales. Por tomar un caso emblemático, la recuperación de tierras de Guernica fue brutalmente reprimida y desalojada en el marco del decreto 320. Esta norma, además, suspendía el aumento de alquileres pero “pateaba la pelota” para adelante, ya que dicho congelamiento se paga una vez vencido el DNU.
Más allá de las limitaciones de dicho decreto, sentaba una base en la lucha de miles de habitantes e inquilines contra la expulsión territorial que, al igual que todos los males del capitalismo y el patriarcado, encontraron durante la pandemia un punto máximo. Resulta que ahora aparentemente todo ya pasó, y es así como el martes 2 de marzo Ferraresi, anunció que no extenderán el DNU, lo que impulsó nuevos desalojos.
Se trata de una confiscación a los trabajadores: al aumento congelado por el decreto se le suma el pago de la deuda con intereses, más los nuevos contratos que tienen un piso del 63% (que duplican la inflación) según el portal Zonaprop. Sólo en la Ciudad, indican relevamientos, el 56% de les inquilines no puede pagar, aunque muches de elles tengan trabajo, y la mayoría son mujeres cabezas de hogar.
Asistimos a una bancarrota generalizada de la gestión capitalista de la vivienda. En los últimos 20 años hay un proceso de “inquilinización” creciente en los grandes centros urbanos; en CABA se duplicó el porcentaje de inquilines en los últimos 20 años – de 20% en 2001 a 40% en 2020. Uno de cada tres departamentos está desocupado, mientras la población de las villas se triplicó y los diferentes “booms” de desarrollos inmobiliarios confiscaron las tierras públicas a precio vil para desarrollar megatorres y otros emprendimientos comerciales. Hoy, para comprar un departamento de 2 ambientes en capital, un trabajador tiene que ahorrar de manera completa un salario de 50mil pesos durante 50 años.
En las villas de CABA, una pieza cuesta hasta 12.000 pesos, llegando a $ 18.000 en hoteles y pensiones, mientras el subsidio habitacional no cubre más que $ 8.000. El 20% de les jubilades son inquilines, y la gran mayoría cobra la jubilación mínima (o menos aún, la PUAM) que no llega a cubrir el alquiler de un monoambiente. Resaltemos que en la mayoría de los alquileres no aceptan niñes y que el drama no de acceder a una vivienda golpea más fuertemente a mujeres y disidencias, en particular si son migrantes. Tampoco hay ayuda urgente para quienes sufren violencia de género, quienes muchas veces deben optar por quedar en la calle y sobrevivir, o seguir compartiendo la vivienda con su agresor.
LAS REGLAS DEL MERCADO QUE EL ESTADO FAVORECE
El problema del acceso se ha acrecentado durante 2020 dado que grandes propietarios e inversores consideraron como una “intromisión excesiva” del estado sobre los privados medidas como el DNU, la nueva ley de alquileres, el registro de contratos en la AFIP, etc. Esto, sumado a la falta total de voluntad política de hacer temblar el bastión de la propiedad privada de Fernández y su equipo con instrumentos como impuesto a la vivienda ociosa, permitir el uso social o comodato de tierras e inmuebles en desuso o directamente su expropiación, generaron que la oferta de tierra y vivienda decreciera drásticamente. A su vez, con demanda creciente debido a mayores restricciones de condiciones de ingreso, están generando un descalabro total en el ultraprivatizado derecho a la tierra y la vivienda digna, donde las reglas del juego las escribe el mercado.
Ahora, la realidad es que la intromisión del estado molesta a veces, y otras no tanto. Hace poco, cámaras inmobiliarias solicitaron a Fernández no sólo acabar con el congelamiento de los alquileres, sino que otorgase a les inquilines una tarjeta “AlquilAR”. Es curioso, porque esto no significa más que un subsidio indirecto del estado a los privados, que en cada crisis son quienes son rescatados con fondos públicos. Junto con esto, vienen de la mano políticas votadas sin grieta, como la ley de blanqueo a la medida de evasores multimillonarios y fugadores, así como una reducción de impuestos para la construcción, o sea, más vivienda y emprendimientos especulativos que aumentará el valor del m2 y los alquileres.
Un gobierno “nacional y popular” no puede quedar tan en evidencia de estar al servicio del gran capital financiero, y es por eso que utiliza medidas demagógicas como el Plan Casa Propia, como una supuesta solución a la crisis habitacional y la creciente inquilinización. En primer lugar, su ejecución depende de la adhesión de cada distrito y ya todes sabemos que hay gobiernos como el de Larreta en CABA, que no regalará en año electoral algo que pueda llegar a ser concebido como una “victoria” hacia las masas. Por otro lado, parte de su presupuesto se basa en el ingreso de dólares por la ley de blanqueo que sean invertidos en programas de vivienda social. Así como el impuesto a las grandes fortunas se convirtió en el pedido de una ayudita por única vez a los empresarios, ahora se supone que por la buena acción del día de personas que sólo piensan en sus ganancias, se terminarán 55.000 viviendas incompletas desde el gobierno de Macri.
Otro limitante del plan es que contempla sólo 256.000 “soluciones” habitacionales, mientras el déficit habitacional se calcula en 4.000.000 de viviendas en todo el país. En cuanto a incorporación de tierra y vivienda ociosa, también se basa en un posible sistema de donaciones, pero de expropiación o siquiera impuesto, ni hablar. Por último, el rediseño del PRO.CRE.AR sigue en la lógica de crédito hipotecario para la clase media-alta, totalmente inaccesible para la enorme mayoría de la clase trabajadora, y continúa exigiendo suelo para construir. En la posición de encontrarle una “vuelta de rosca” del Ministerio de Hábitat dicen que la construcción y adjudicación quede en manos de, por ejemplo, sindicatos. En resumen, más negocios para la burocracia sindical amiga y nada de participación popular en el proceso del diseño y ejecución de políticas públicas.
AVANZAN LOS DESALOJOS
En todo el país se han visto en las últimas dos semanas un avance de los desalojos, incluso estando aún vigente el DNU 66/21 (última prórroga del DNU 320). Un claro ejemplo de ello es el operativo armado por el Gobierno de Rodríguez Larreta el 22 de febrero último, que contó con la presencia de 150 efectivos policiales de la Ciudad y consumó el desalojo de 22 familias del conventillo de Vespucio 65, La Boca, CABA. El saldo, 70 adultes y 40 niñes en la calle, en plena pandemia del Covid-19.
En Constitución y la zona de Villa 31 (una mujer y sus 8 hijes, agredides y detenida por la policía) también se han perpetrado la semana pasada operativos similares al de La Boca. Sumados al desalojo de Abril Belén Guevara, que estuvo varias semanas presa, hace menos de un mes. A esto se agrega el desalojo de la militante de derechos humanos, Norma Castillo, y al de una madre con sus dos hijas el miércoles en el barrio de Once. Y, por último, el desalojo en la calle San Juan 3367, donde hay 22 personas que vivían allí hace más de 15 años, donde muches niñes fueron brutalmente amenazados.
El negocio y proceder habitual en los grandes centros urbanos consiste en comprar inmuebles “con la gente adentro” muchas veces en remate, por debajo del precio de mercado que, una vez desalojado, es revendido a un precio superior. A su vez, el incendio intencional de humedales y monte están al servicio de la especulación inmobiliaria. Si bien se sancionó la ley de manejo del fuego para evitar que esos lotes sean vendidos de acá a 60 años máximo, han habido denuncias de su incumplimiento a pocos meses de haber sido sancionada. En paralelo, los pueblos originarios son un ejemplo de resistencia territorial, enfrentando la represión y la criminalización.
Jueces, gobierno y fuerzas represivas imponen “su ley” a favor del negocio inmobiliario sin importar el destino de habitantes, personas sin techo o inquilines. Mienten quienes dicen que no hay desalojos, tanto por la vía judicial como a través de grupos de choque o inclusive incendios se consuma día a día y se concreta la expulsión. Mientras diputados de Cambiemos y otros bloques quieren impulsar una ley de “desalojos exprés”, sin contar que la nueva ley de alquileres ya de por sí los acelera.
¿POR QUÉ NOS MOVILIZAMOS?
Hoy, miércoles 10/3, nos movilizamos organizaciones de inquilines, vecines de villas, asentamientos, hoteles y pensiones, coordinadoras de recuperaciones de tierras, casas colectivas, organizaciones sociales y políticas, para denunciar la falta de plan de contingencia de los gobiernos locales y nacional frente al escenario que devendrá en abril en caso de que se levante la prohibición de algunos desalojos y el congelamiento de los alquileres, así como la renovación automática de los contratos. No se tiene en cuenta a les inquilines del sector informal, no hay un plan serio de desendeudamiento y no hay un plan firme para resolver los problemas estructurales que nos posicionan en el escenario de emergencia habitacional que atravesamos hoy.
Ante esto: Asambleas, organización y plan de lucha para exigir al gobierno de Alberto Fernández, sus ministres y gobiernos locales:
• Suspensión efectiva de todos los desalojos
• Subsidio habitacional a nivel nacional
• Ayuda urgente económica y habitacional para víctimas de violencia de género
• Plan de desendeudamiento
• Mesa con vecines y organizaciones para discutir el programa de alquiler social.
• Tierra y vivienda ociosa para la construcción de viviendas para y por los trabajadores, no para los negociados privados.
• Plan de construcción de 4 millones de viviendas y Obra Pública bajo el control de las organizaciones de ocupades y desocupades, y financiadas enteramente por el Estado, con convenios laborales y salarios iguales a la canasta básica. Garantizar la vivienda de todas las familias mientras se lleva a cabo el plan.
• Tope a los alquileres igualando la paritaria anual más baja.
• Salario igual al costo de la canasta familiar, hoy en $100 mil pesos.
Campaña #ProhibidoDesalojar
MTL Rebelde, Polo Obrero, Barrios de Pie/Libres del Sur, Inquilinos en lucha, MULCS, Consejerías de vivienda, APDH CABA, Vecines Pavón 2345, Vecines Suipacha 548, Vecines del Hotel Costa Azul
Adhesiones: prohibidodesalojar@gmail.com
Contactxs de prensa:
Gigi (Consejerías de vivienda): 11.4939.4334”