Posted on: 7 octubre, 2021 Posted by: MULCS Comments: 0

Documento leído en Plaza de Mayo el 5 de octubre de 2021

7/10/2021

El presidente Alberto Fernández aseguró en recientes declaraciones que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) está cerrado. En medio de la catástrofe social que vive nuestro pueblo, el anuncio del ingreso del país a un Acuerdo de Facilidades Extendidas, para pagar una deuda que el mismo gobierno ha denunciado como fraudulenta, es una cachetada a lo que expresó el pueblo argentino recientemente en las urnas.

Rechazamos un nuevo acuerdo con el Fondo. Por eso hoy, desde la Autoconvocatoria por la suspensión del pago y la investigación de la deuda, estamos movilizándonos junto a otras organizaciones sociales, políticas y gremiales en distintos puntos del país. Nos pronunciamos contra este acuerdo cuyas claúsulas, además, se mantienen en secreto ya que su conocimiento, en estas épocas electorales, develaría que se prepara un ajuste aún mayor que el que está sufriendo la mayoría de la población.

El gobierno de Macri tomó un préstamo gigantesco, de 45 mil millones de dólares, del Fondo. La plata no se usó para ninguna inversión, ni obra pública, ni para “estabilizar la economía”.  Fue una estafa, una maniobra financiera para que algunas grandes empresas y empresarios se enriquecieran, fugando esos dólares al exteriormientras el pueblo argentino se empobreciera por una deuda que no es suya.

El hecho que este préstamo fue tomado por un gobierno surgido de elecciones no lo hace automáticamente legítimo. Una deuda es “odiosa” e “ilegítima” cuando sólo beneficia a una minoría y no al conjunto de la sociedad. Es claramente el caso de este acuerdo. ¡Pero eso no es todo!  El préstamo es además ilegal, según el estatuto del FMI como las leyes de nuestro país. Y esta estafa se suma a la deuda histórica también odiosa, ilegal e ilegítima.

Sin embargo, el futuro llegó y nos vienen a exigir que paguemos la estafa. El Gobierno actual denunció a los responsables locales del fraude ante el Poder Judicial. Pero contradictoriamente, da por sentado que corresponde pagar a los estafadores del FMI. Negocia ahora los términos y condiciones del pago sin cuestionar su legitimidad. Tampoco publica toda la investigación del Banco Central que dejaría en evidencia a los beneficiarios de la deuda delictiva. Da continuidad a la política de estado de los últimos 40 años de Pagar y Pagar sin investigar a fondo ni sancionar a los crímenes.

Para colmo, la estafa es tan grande que el monto del capital que exige el FMI es impagable. Equivale a 18 veces lo recaudado por el impuesto a las grandes fortunas, o 11 veces el presupuesto nacional en salud. O sea que además de odiosa, ilegal e ilegítima, la pretendida deuda es totalmente insostenible, aunque sea pagando a 10 o 20 años.

Discutir esta deuda eterna es clave para revertir nuestra realidad de pobreza, desocupación y crisis sanitaria y ambiental.  Cada peso que va para pagar la estafa es un peso que se resta para solucionar el hambre o mejorar la salud, el agua, la educación. Es más plata para los especuladores y menos recursos para las mayorías; más extractivismo contaminante y menos cuidado de nuestros derechos y los de la naturaleza.

El país seguirá profundizando su dependencia. Este acuerdo implica afrontar que venga este organismo internacional, el FMI, cada tres meses a auditar la política del Gobierno y a exigir nuevos ajustes y reformas. Los aspectos fundamentales de ellas son avanzar en una flexibilizadora reforma laboral, achicar aún más los presupuestos previsional y asistencial, seguir reduciendo el nivel adquisitivo del salario de los trabajadores estatales y realizar una profunda reforma fiscal que siga ajustando las partidas destinadas a salud y educación pública, entre otras.

El ministro Guzmán ya ejecutó un adelanto de lo que significarán estos ajustes. En los primeros meses de este año, realizó los recortes más importantes de los últimos tiempos en lo destinado a las jubilaciones, asignaciones y sueldos estatales. Se liquidó el llamado presupuesto Covid y redujo al mínimo la asistencia alimentaria a diez millones de trabajadoras y trabajadores desocupados, vaciando las partidas alimentarias para los comedores populares. En las alacenas vacias de los mismos solo se consigue polenta.

Los acuerdos con el Fondo, en todo el mundo, siempre traen condiciones. Es un organismo que actúa como brazo económico de los países centrales, como EE.UU., la Unión Europea, etc., para someter a los países como Argentina.

El pueblo trabajador castigó con su voto al gobierno del Frente de Todos por los desastrosos niveles de pobreza, desocupación e indigencia. El gobierno eligió un nuevo gabinete, pero de esto no se habla. Peor aún, el 22 de septiembre pagó sin chistar 1884 millones de dólares al FMI: el equivalente de $4000 para cada habitante. Con esa plata, se podría haber:

*construido 42.000 viviendas por autogestión involucrando a 200.000 personas, o

*entregado un bono de $27.000 a 7 millones de jubilades y pensionades, o

*pagado un cuarto IFE, de $19.000, a 10 millones de personas sin otro ingreso.

Exigimos no seguir pagando esta estafa. Exijamos nuestro derecho a que se suspenda el pago y se investigue a fondo sus orígenes y usos, para repudiar lo ilegítimo y sancionar a los responsables locales y extranjeros de este verdadero crimen de lesa humanidad económico y de lesa naturaleza para tener tierra, techo, trabajo, salud, agua y educación.

A eso convocamos a todas las y los habitantes de la Argentina. Para que estos objetivos se materialicen es necesaria la acción de cada persona y organización, el ejercicio de nuestro poder, la movilización. Fortalezcamos nuestra acción uniéndonos aquí y con todos los pueblos que sufren el mismo sistema de dominación y saqueo.

La deuda es con los pueblos y con la naturaleza.

La salud, el trabajo, la educación están primero.

AUTOCONVOCATORIA POR LA SUSPENSIÓN DEL PAGO E INVESTIGACIÓN DE LA DEUDA

-Argentina, 5 de octubre de 2021